Tras la realización de un evento musical dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en el que participó el cantante vallenato Nelson Velásquez, las autoridades colombianas mantienen abiertas varias líneas de investigación. El foco está puesto en la legalidad del evento y el origen de los recursos utilizados, aspectos que hoy son materia de indagación penal y disciplinaria.
La Fiscalía General de la Nación inició una investigación preliminar para determinar si existen posibles conductas delictivas, entre ellas el enriquecimiento ilícito, dado que uno de los puntos clave es el pago cercano a 100 millones de pesos que habría recibido el artista, cifra que ahora es objeto de verificación por parte de las autoridades.
En paralelo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) abrió un proceso interno que ya dejó once funcionarios separados de sus cargos, incluido personal directivo del establecimiento. La Procuraduría también asumió control preferente para avanzar en las investigaciones disciplinarias.
La versión de Nelson Velásquez y lo que buscan las autoridades
Frente a la controversia, Nelson Velásquez emitió un comunicado en el que sostuvo que su actuación se dio bajo condiciones que consideró legales. El cantante afirmó que actuó confiando en la buena fe y en la información que recibió sobre el evento, el cual, según explicó, fue presentado como una actividad cultural autorizada.
En su pronunciamiento, también aclaró que su participación fue estrictamente artística. “Mi rol se limitó exclusivamente a la ejecución de una presentación musical”, indicó, descartando cualquier intervención en la organización, logística o gestión de los permisos requeridos para el ingreso al penal.
El artista reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. Su defensa se basa en no haber tenido conocimiento de posibles irregularidades, ni del origen de los recursos con los que se habría financiado el evento.
Desde el ámbito jurídico, algunos expertos han señalado que no existirían elementos suficientes para vincular penalmente al cantante, al considerar que su actividad se limitó a cumplir un contrato artístico. En esa línea, las responsabilidades podrían recaer en funcionarios o terceros que autorizaron y coordinaron la actividad dentro del centro penitenciario.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan establecer quién permitió la realización del evento, cómo ingresaron los participantes y cuál fue la procedencia del dinero. El caso sigue en curso y será la Fiscalía la que determine si hay lugar a imputaciones o si el proceso se concentra en otros responsables.
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