La paz seguirá costando la vida

La muerte de Temístocles Machado, uno de los líderes del paro cívico de Buenaventura, se suma a la de otros activistas sociales en Colombia. ¿Hasta cuándo?

Por: José Miguel Marulanda
enero 29, 2018
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La paz seguirá costando la vida

El 24 de mayo de 2017, el periodista Milton Fabían Henao hizo un reporte para el canal multiestatal Telesur en donde entrevistó a Temístocles Machado, el líder social que fue asesinado el pasado 27 de enero a las afueras de su residencia en el barrio Islas de la paz en Buenaventura.

Allí Temistócles sostuvo que “han venido generando toda clase de asesinatos, desplazamiento, intimidaciones, constantemente estamos asediados por grupos al margen de la ley, también acompañados por la misma policía que los ha apoyado”. La valiente denuncia hecha por Temístocles evidencia que en estos tiempos, será muy difícil cumplir la exigencia las organizaciones sociales para que se acaben los asesinatos de líderes sociales en Colombia: ¡Que la paz no nos cueste la vida!

Como este líder de la Comuna 16 del principal puerto sobre el pacífico colombiano, los más de 200 dirigentes sociales asesinados en Colombia desde el 2016 demuestran que no se puede hablar de paz si no existe un desmonte real del paramilitarismo. Sin embargo, este hecho no se ve cercano en el acontecer nacional debido al fortalecimiento de estas estructuras en todo el territorio, principalmente las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas como el Clan del Golfo, y otras estructuras que tiene algunas dinámicas de funcionamiento distintas a las extintas Autodefensas Unidad de Colombia (AUC). La Corporación Jurídica Libertad es clara en afirmar que “el objetivo en últimas de esta reingeniería, no es otro que asegurar el orden social vigente, el control territorial de zonas geoestratégicas… eliminar las diversas expresiones del movimiento social y evitar a toda costa, cambios estructurales que permitan la construcción de una sociedad democrática y pluralista”.

Además, porque no se ha demostrado voluntad política de parte del Estado colombiano, hoy representando en el Gobierno de Juan Manuel Santos de poner en funcionamiento las entidades que se acordaron en La Habana para combatir a los 'paracos'. Apenas se ha nombrado la directora de La Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres de defensores de DDHH, movimientos sociales o movimientos políticos, que amenacen o atenten contra quienes implementen los acuerdos de paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (Decreto 898 del 29 de mayo de 2017), tampoco se ha avanzado en crear el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Decreto 895 del 29 de mayo de 2017) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Decreto 154 del 3 de febrero de 2017) sólo ha tenido algunas pocas reuniones sin tener mucha efectividad.

Ninguna de estas instancias creadas podrá tener un papel importante y capacidad real de responder a los objetivos pactados con las Farc, mientras el Estado siga negando la existencia de los paramilitares y su responsabilidad en las violaciones a los DDHH, la persecución contra el movimiento social, los asesinatos de ex combatientes de las Farc-Ep y la persistente relación con agentes estatales.

Y como no ha existido un cambio real y profundo en el Estado colombiano que permita que se haga el reconocimiento a la existencia del paramilitarismo, su ligazón a poderosos intereses económicos y políticos en el país, es lamentable decir que a los líderes sociales la paz les seguirá costando la vida. Según el propio analista Luis Fernando Quijano, experto en temas de paz y conflicto armado, “no podemos ser miopes o ingenuos, la lucha contra el paramilitarismo y la mafia han sido un fracaso por falta de voluntad política, incluso podrán llegar procesos de diálogo, negociación y sometimiento pero lo claro es que el poder real de nuestro país está preparando el terreno para que el gran negocio criminal siga protegido por otras siglas armadas pero que en últimas son los mismos ejércitos criminales de hace catorce años o de los actuales que terminarán 'entregándose' para darle paso a la segunda fase de la reingeniería criminal que seguirá protegiendo el statu quo de la oligarquía más sangrienta de América Latina”.

Don Temi le dijo al portal Pacifista, el 4 de diciembre de 2017: “Confío en que Díos me puede proteger, yo la verdad no le creo mucho al Estado”. La verdad, yo tampoco.

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