Cada vez gana más terreno la posición de la obligación moral de obediencia, que asegura que el derecho no se cumple en virtud del miedo a la sanción (sobre esto los penalistas y los criminólogos han avanzado mucho), sino por el convencimiento de que es bueno y necesario para proteger a la sociedad.
Podríamos afirmar que existen dos vías para explicar el por qué de lo anterior. La primera, tomando a Habermas, se afirma que una norma se cumple si además de ser expedida por una autoridad, cada ciudadano se siente autor indirecto de la misma, como sucede en una democracia.
La otra vía la ilustra Eusebio Fernández y se justifica en que el derecho se cumple porque se considera que es bueno y legítimo y ello hace que las personas se sienten seguras (confiadas) de que su actuación será conforme a valores buenos y legítimos; y crea el convencimiento de que si yo lo cumplo, los demás harán lo mismo.
El derecho, por tanto, también es un mecanismo de persuación y, así, mientras un abogado persuade directamente a un cliente o a un juez, los ordenamientos jurídicos persuaden general e indirectamente a la población al invitarlos a actuar conforme a las leyes o decretos que hayan expedido.
Esto genera dos reflexiones:
La primera: que los gobiernos que se sienten atraídos a tomar decisiones jurídicas populistas, como la del día sin IVA, tienden a aprovechar el derecho para aumentar su imagen, sin detenerse a reflexionar sobre las consecuencias de esas decisiones. Y cuando reflexionan es demasiado tarde, convirtiéndose en una bola de nieve, pues se expiden nuevas normas para contener los efectos de la anterior y se genera el desorden normativo que tenemos en la actualidad con el asunto de la pandemia.
La segunda: esas decisiones, queramos o no, generan en las personas el convencimiento de que sus actuaciones son legítimas ya que, al hacerlo no está violando el derecho. Si a eso le añadimos que Colombia es un país sumamente legalista, ese poder de disuasión puede ocasionar perjuicios como el del día sin IVA en medio de la pandemia en que fueron recurrentes las aglomeraciones de gente queriendo comprar, pues cuentan con una autorización del gobierno.
Estas responsabilidades políticas no deberían traspasarse a las administraciones locales que poco pueden hacer al respecto (además tardíamente, como fue la reacción de la ministra del Interior), pues la acción ciudadana legitimada es más fuerte que la contención policial (sobretodo si la autoridad de policía está trasgrediendo un permiso superior dado por el gobierno nacional). Y me explico, cuando existía la prohibición de irse de vacaciones en días festivos durante la pandemia, hubo transgresiones, es verdad, pero estas fueron irrisorias en comparación con quienes sí cumplieron la medida. En el día sin IVA sucedió lo contrario, pues cuenta, como vengo afirmando, el hecho de que los ciudadanos se sienten legitimados para salir a hacer las compras, máxime si llevan tres meses esperando una señal.
Como era obvio, el gobierno nacional intentó reprochar la acción de los alcaldes y gobernadores, sin desconocer que lo poco que ha logrado la contención en la propagación del virus ha sido la acción justamente de cada territorio, que han llegado a funcionar como si se tratara de un sistema federal, desconociendo la irrisoria autoridad de un gobierno nacional debilitado. Lo único que hizo el gobierno central fue salir a exigir responsabilidad de los alcaldes, cuando la verdadera catástrofe se dio por la expedición de una norma sin el estudio previo de riesgos y beneficios, no solo económicos, sino sociales.
"A ver, abuelitos, nieticos, niñitas, estudianticos, asuman su responsabilidad", se dirá por la noche en un programa de televisión que cada vez se parece más a un reality.
Adenda. El presidente, al igual que el expresidente, quienes apoyaron la medida de la cadena perpetua a violadores (siendo ellos abogados), ¿nunca asistieron a clase de derecho constitucional, de derecho internacional público o de derechos humanos? Incluso, una de introducción al derecho les hubiera enseñado algo de sometimiento del derecho, jerarquía normativa y bloque de constitucionalidad. Lo preocupante no es que sean ignorantes, que lo dudo, sino que hayan ofrecido el principio de seguridad jurídica al del populismo político. Aberrante.
