La maldita mafia del transporte público especial II

“El Gobierno nacional abandonó a los propietarios y conductores, dejándolos a la merced de los empresarios de transporte publico especial”

Por: Jonathan Alexander Cárdenas Jarro
noviembre 15, 2017
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La maldita mafia del transporte público especial II

Después de hablar hace unas semanas de la estafa, de la cual, miles de personas fueron objeto con vehículos improductivos, con falsos vínculos laborales y con costos que solo existen en la imaginación de los empresarios. Hoy quiero hablar de las otras malas prácticas de estas empresas de servicio especial, donde se lucran a espaldas de los que si realmente trabajan en pro de llevar un pan a casa y pagar deudas del vehículo.

Ver: La maldita mafia del transporte público especial

Las empresas de transporte de servicio especial por naturaleza son prestadoras de servicios, dichos servicios se encaminan a transportar personas por medio de un contrato y una contraprestación económica. Debido a la alta oferta impuesta por estos mismos empresarios en el transcurso de los últimos 8 años en Colombia, su objeto social y económico se ha mutado a otras actividades no autorizadas por su habilitación del Ministerio de Transporte. Estas actividades descritas a continuación, dan un balance de cómo los empresarios del transporte y representantes legales se lucran de manera indiscriminada:

  1. Cobran un derecho de afiliación y un cupo, que no, es más que “una capacidad transportadora” de propiedad del Gobierno nacional (Ministerio de Transporte). Pues este Ministerio es el emisor de dicha capacidad transportadora.
  2. Muchas empresas de transporte especial cobran un rodamiento, sin justificar la labor del vehículo dentro de la empresa. O sea, sin ofrecer o dar un contrato laboral real.
  3. Al momento de la afiliación y renovación del contrato de vinculación, la empresa de transporte se convierte en comisionista, corredor o agente de seguros, y cobra por su gestión o intermediación. Esta actividad es exclusiva de las Compañías de Seguros, Corredoras de Seguros o Agentes de Seguros y debe ser autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
  4. Captan dinero de manera masiva y habitual de sus propietarios. Ya sea por el cupo de afiliación, renovación de contrato o venta de pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual (RCC y RCExC).
  5. A pesar que sus propietarios pagan el 100% del valor exigido por sus trámites, estos tienen el descaro de abusar de la buena fe de sus afiliados y financian todo lo que puedan. En especial las pólizas RCC y RCExC ante las Compañías de Seguros.
  6. Algunas empresas realizan actividades de litografía, donde se falsifican documentos de sus afiliados.
  7. Hacen alianzas comerciales con concesionarios automotrices para la venta de vehículos dentro del concesionario automotriz, en la empresa de transportes o fuera de estas.
  8. Se convirtieron en entidades financieras, donde se firman pagares sin justa causa u objetivo real. Dejando a su merced y disposición al propietario del vehículo.
  9. Representan de manera litigante a propietarios y conductores ante las Entidades de Control y Vigilancia. Por esta actividad se cobra un valor al propietario o conductor según la empresa y a convenir.
  10. Pagan comisiones a funcionarios públicos, a empresas privadas, colegios y asociaciones (ESAL) por la adjudicación del contrato y sostenimiento del mismo. Estos costos se trasladan al propietario y conductor, en muchos casos superan el 60% del valor real de contrato.
  11. Se convirtieron en represores y violadores de los derechos de sus afiliados. Si algún propietario o conductor está en desacuerdo o denuncia sus malas prácticas, estos infringen su poder para no adelantar ningún trámite a favor de su afiliado, o retienen documentos propios del vehículo afiliado en cadena de custodia. Dejando sin pan en su mesa a la familia del propietario y sin el poder asumir las cuotas mensuales de su camioneta.
  12. Firman contratos y convenios de colaboración empresarial de sus propietario y conductores a dedo, y en perjuicio muchas veces de sus afiliados.
  13. Son administradores de bienes de capital. O sea, administran por monedas vehículos de sus afiliados, donde muchas veces retrasan sus pagos, o, pero aun no pagan lo convenido.
  14. En muchos casos, solicitan a sus afiliados el subsidio de operación sin retribución económica convenida a futuro al afiliado. Es decir, vinculan vehículos para sus operaciones de transporte y nunca pagan lo convenido por el contrato.
  15. Todos los cobros prohibidos por la normatividad vigente son evadidos por los empresarios del transporte especial. Se cobra desde una certificación, hasta una desafiliación o paso del vehículo público a particular.

 

¿Dónde está el control del Gobierno nacional y sus entes públicos de control y vigilancia como el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte? ¿Dónde están las acciones administrativas y pecuniarias en contra de estas empresas de transporte especial? Según estas dos carteras gubernamentales, sus derechos como afiliado podrían seguir siendo vulnerados por esta mafia criminal y macabra del transporte especial. Pues no hemos visto a la primera compañía o empresa de transportes sancionada o intervenida por los delitos conexos a su actividad, y que no están autorizados por su naturaleza u objeto social por la Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Economía Solidaria, etc.

En estas actividades vulnerarías de las empresas de transporte especial a sus afiliados, donde existen delitos graves como la captación masiva y habitual de dineros, el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, estafa, abuso de confianza, entre otros, pueden ejercer una extinción de dominio y una condena intramural de los representantes de estas empresas.

Señor propietario, si usted considera que sus derechos han sido vulnerados y su dinero desaparecido, lo invito a que inicie los respectivos actos administrativos, penales y civiles en contra de la empresa de transportes. Así el Gobierno nacional comenzará a poner un alto a esta problemática social.

Por último, lo invito a asociarse y seguir en la lucha de sus derechos como propietario y conductor del servicio público de transporte especial. Pues algunos abogados de estas empresas o sus representantes le dirán a viva voz: “la Superintendencia de Puertos y Transporte maneja su negocio y nosotros el nuestro”. Si usted no pelea por usted, sus deudas y su familia ¿quién lo hará? La pereza, la indiferencia y el desconocimiento son los cómplices de los corruptos.

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