Opinión

La lógica centralista de la Paz Territorial

Por:
junio 08, 2015
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Es de vital importancia para el país revertir la lógica centralista que, irónicamente, ha venido adquiriendo el proceso de construcción de paz en los territorios promovido desde el Gobierno Nacional bajo el prometedor, y esperemos que no vacío, concepto de Paz Territorial.

¿Cómo funciona la lógica centralista?

El centralismo es el monopolio, desde fuera de los territorios, de las decisiones sobre el control, la asignación y el uso de unos recursos cuya ejecución e impacto ocurren en los territorios.

Además, como dichas decisiones se toman desde agencias que pretenden cubrir varios o todos los rincones de la nación, ellas terminan adquiriendo siempre un carácter homogéneo y hegemónico. Es decir, que no pueden escapar a convertirse en mecanismos de imposición de diagnósticos, agendas, ideas y estrategias —todos estos necesariamente abstractos y generales— que nublan o niegan de tajo las particularidades propias de la gran diversidad de aspiraciones y necesidades de las comunidades que viven en contextos territoriales específicos.

Las justificaciones de la toma centralizada de decisiones se basan en los mitos de que ello permite, por un lado, coordinar mejor su implementación; por otra parte, evitar que los recursos caigan en manos de la ineficiencia, la corrupción y el clientelismo de los políticos y las burocracias regionales y locales; y, finalmente, asegurar una más equitativa y eficiente asignación de recursos entre diversos territorios. Pero ninguno de esos mitos se cumplen en la práctica.

Por el contrario, la centralización aumenta los costos de transacción de la coordinación de políticas, programas o proyectos entre varias regiones o territorios, porque dificulta o impide la negociación y la comunicación directa entre los actores regionales y locales, canalizando la información y las autorizaciones siempre a través de agencias centralizadas.

Por otra parte, la centralización no actúa en contra de las ineficiencias, la corrupción y el clientelismo locales, sino que las perpetúa, pues aleja las decisiones de donde se les puede hacer un verdadero control social. Y no nos engañemos: la ineficiencia, la corrupción y el clientelismo de los políticos y las burocracias locales y regionales, van de la mano con la ineficiencia, la corrupción y el clientelismo de las burocracias y los políticos nacionales. El esquema de repartición centralista de “mermelada”, que desde hace varias décadas se ha venido imponiendo en el país le es funcional, ante todo, a las estructuras de poder locales y regionales.

Así, en últimas, como lo muestran crecientes y cada vez más sofisticados estudios de economía política regional, la centralización profundiza las disparidades regionales y sociales en todos los órdenes del desarrollo. La centralización no hace más equitativa ni eficiente la distribución de los recursos para el desarrollo, sino que afianza su cooptación en manos de las fluctuantes pero pertinaces élites regionales extractivas.

¿Cómo se está reflejando la lógica centralista en el diseño y la formulación de la Paz Territorial?

Voy a referirme solo a algunos relatos dicientes que, entre otros, comienzan a circular entre las comunidades con la llegada de la Paz Territorial al territorio.

La puerta giratoria por la que los funcionarios de las fundaciones entran como asesores del gobierno nacional, para definir, desde Bogotá, las estrategias y los proyectos que esas mismas fundaciones están destinadas a implementar en la región, les recuerda a los habitantes de las comunidades la puerta giratoria por la que un ministro de Agricultura pasó de ser quien diseñó, desde Bogotá, los incentivos para el monocultivo industrial de la palma de aceite, a ser el principal terrateniente que ha inundado de monocultivos de palma la región.

Las directivas de las fundaciones, por su parte, caen sobre el territorio como en paracaídas, de la mano del gobierno nacional, escogiendo a dedo a los líderes y procesos comunitarios y de víctimas con los que les resulta más cómodo trabajar. Alardean ante ellos de sus íntimas relaciones de amistad con ministros y viceministros: la frase que se repite en varios escenarios, “pidan lo que quieran, que yo soy íntima del viceministro”, refleja desde la lógica centralista una especie de promesa similar a “pedid y se os dará”, que poco tiene que ver con la gestión participativa y descentralizada que, sobre los recursos para la construcción de la paz en el territorio, reclaman las comunidades.

Y desde sus imaginarios urbanos, fundaciones, agencias de cooperación internacional y gobierno nacional, parecieran querer imponer —por ejemplo— un modelo de reconciliación basado en la gestión de un incómodo abrazo entre las víctimas y sus victimarios; quizás oportuno para una foto instantánea que redunde en buena publicidad para las agencias centralizadas, pero que no responde ni a las realidades de unos conflictos aún vivos y latentes en el territorio, ni a los procesos de reconciliación que buscan las víctimas y las comunidades.

Es imperativo construir conceptos y modelos de reconciliación realistas, con y desde las aspiraciones y las realidades cotidianas de las víctimas y sus comunidades. El ambiguo y difuso concepto de reconciliación que está buscando ser implementado desde la lógica centralista del gobierno nacional, las agencias de cooperación y sus operadores, corre el riesgo de causar más daño. Es fundamental que la reconciliación sea entendida como un proceso estructural, y necesariamente político —no imaginariamente aséptico— de reconstrucción de los tejidos de confianza cercenados por décadas de conflicto en y por el territorio.

Creo que nadie duda de la buena voluntad de los funcionarios del gobierno nacional y las fundaciones que buscan operar los ingentes recursos del “posconflicto”, pero —por eso mismo— esos mismos funcionarios deben estar alertas, y desde los territorios debemos estar atentos y presentar alternativas sólidas y creativas, a la lógica centralista hacia la que los conducen, ineluctablemente, los imaginarios urbanos y los incentivos políticos, económicos y organizacionales a los que ellos responden.

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