La justicia rusa ordena a la organización de Navalny suspender sus actividades

La justicia rusa ordena a la organización de Navalny suspender sus actividades

El juez debe emitir una sentencia que podría calificar de "extremista" la organización del líder opositor encarcelado. No podrán publicar nada en las redes sociales ni organizar protestas

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abril 26, 2021
La justicia rusa ordena a la organización de Navalny suspender sus actividades

Un tribunal de Moscú suspendió formalmente este lunes (26.04.2021) toda actividad de la Fundación Anti-Corrupción (FBK) y su red regional, la organización del opositor encarcelado Alexei Navalny, según informó uno de sus abogados. La medida cautelar la habían pedido los fiscales en espera del fallo del tribunal sobre si calificará a la organización del crítico del Kremlin como "extremista". Esto conllevaría su prohibición en Rusia y significaría duras penas de prisión para los colaboradores y seguidores del opositor.

En la audiencia preliminar, los fiscales solicitaron al tribunal que prohibiera a los grupos de apoyo a Navalny que publicaran cualquier cosa en las redes sociales, que organizaran protestas e, incluso, que participen en las elecciones, explicó Leonid Volkov, aliado cercano de Navalny. La fiscalía acusa a estas organizaciones de buscar "crear las condiciones de la desestabilización de la situación social y sociopolítica" en Rusia, "encubriéndose en eslóganes liberales".

La oficina del opositor en Moscú indicó en Telegram que ya no podía "trabajar bajo el viejo formato", a raíz de esta decisión judicial. "Sería demasiado peligroso para nuestros empleados y para nuestros seguidores", afirmó, prometiendo que "continuarán a título personal luchando contra le corrupción, contra el partido en el poder Rusia Unida y contra el presidente Vladimir Putin. "No será fácil luchar, pero ganaremos de manera absoluta, porque somos muchos y somos fuertes", señaló la oficina moscovita del opositor.

Medida "incompatible con el estado de derecho"

Alemania reaccionó a la medida a través del portavoz de la Cancillería, Seteffen Seibert, que dijo que "usar contra las opiniones políticas no deseadas los instrumentos legales contra el terror no es de ninguna manera compatible con los principios del estado de derecho".

 

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