La impunidad en la masacre de El Totumo

Nueve años después del atentado que cobró la vida de cinco civiles presentados como extorsionistas, diez implicados en el crimen redujeron su pena en un 50%

Por: Edwin Gutiérrez Barrero
enero 14, 2016
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La impunidad en la masacre de El Totumo

El 20 de diciembre del 2015 se cumplieron nueve años de lo que Ibagué conoció en su momento como los ʻ falsos positivos´ de El Totumo. En la madrugada de aquel miércoles de 2006, el Gaula Tolima del Ejército, al mando del mayor José Wilson Camargo Arévalo, desplegó un operativo en inmediaciones de la vereda El Totumo ubicada a 15 minutos del casco urbano de Ibagué, luego de recibir información acerca de una banda conformada por cinco piratas terrestres que pretendían asaltar un bus de la empresa Velotax que cubría la ruta Rovira – Ibagué, en el cual supuestamente se movilizaba una persona portando una gran cantidad de dinero en efectivo.

Al amanecer, la patrulla compuesta por 11 hombres estratégicamente ubicados sobre la vía, ordenó la detención del vehículo Renault Etoile Penta dorado, de placas QFU 490 proveniente de Ibagué. En este se movilizaban Dorancé Enciso Medina, Armel Ramírez Lozano, Rubén Fernando Sánchez Morales, Alexander Jaramillo Quitora y Jeison Méndez Zorro y luego de obligarlos a descender y arrodillarse, fueron vilmente asesinados.

Aunque algunas versiones de testigos que cruzaban por el sector dicen haberlos visto con vida y plenamente reducidos y custodiados, los uniformados reportaron al CTI de la Fiscalía sobre las 06:10 a.m que habían dado de baja a los miembros de una banda de presuntos extorsionistas, que al ser requeridos en el retén, abrieron fuego contra la tropa viéndose obligados a responder accionando sus armas y causándoles la muerte.

Una vez la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo las diligencias judiciales en el lugar de los hechos, se inició una investigación que determinó que la escena del crimen fue alterada por los militares, debido a que los cuerpos fueron ubicados estratégicamente para simular la ocurrencia de un combate. Se les hallaron tiros de gracia y las armas, con las que supuestamente atacaron a la patrulla militar, en realidad fueron puestas en manos de los presuntos delincuentes asesinados en estado de indefensa, sin ser auxiliados por la tropa, a pesar de contar con un paramédico dentro de sus integrantes.

De igual forma, dentro del proceso se estableció que una de las víctimas conocida como Rubén Fernando Sánchez, al momento de la inspección técnica, portaba una pistola en su mano derecha cuando en realidad era zurdo, así como el vehículo en el que se transportaban no presentaba impactos de bala. Con todo esto ya se podía inferir que se trataba de un caso más de 'falsos positivos', tan comunes por aquella época a lo largo y ancho del país.

Mientras las investigaciones avanzaban, los familiares de las víctimas insistían en la inocencia de sus seres queridos al afirmar que no pertenecían a ninguna red de extorsionistas, tal como lo señalaban las autoridades, sino que eran comerciantes que se dirigían hacia Rovira a cumplir una cita aquel fatídico miércoles que se encontraron con la muerte cuando apenas amanecía.

Tres años después, un viernes 23 de octubre de 2009, por orden de un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Ibagué, fueron capturados en las instalaciones del batallón Rook los 11 militares que inicialmente participaron en el operativo. Las investigaciones siguieron el curso y hubo que esperar dos años más para conocer la sentencia condenatoria emanada por el juzgado sexto penal del circuito de Ibagué.

A finales de diciembre de 2011 fueron condenados 17 militares por los delitos de homicidio agravado y falsedad en documento público. Al mayor José Wilson Camargo Arévalo se le impuso la pena de 26 años de prisión en calidad de coautor; al teniente William Eduardo López Pico y los cabos segundos Albeiro Buitrago Murcia y Darwin Humberto Medina Quiroga la pena de 25 años al igual que a 13 soldados profesionales más.

Al mismo tiempo que eran condenados los militares, dos civiles señalados como informantes de las tropas del Ejército eran vinculados a las investigaciones. Se trataba de Tomás Eduardo Osorio Villa, pieza clave hasta ese momento para descifrar vacíos dentro de la investigación, y Constantino Parra García de quien se presumía habría sido el encargado de coordinar el arribo de los presuntos delincuentes al sitio donde fueron asesinados. Parra García inicialmente fue absuelto por el juzgado séptimo penal del circuito al considerar que no existían méritos para dictar sentencia condenatoria en su contra y por tanto ordenó su libertad.

Sorpresivamente, en julio del 2015, los magistrados de la sala penal del Tribunal Superior del Tolima en decisión de segunda instancia decidieron rebajar las penas inicialmente impuestas a los uniformados implicados en el crimen. De esta manera, el mayor José Wilson Camargo Arévalo no pagará la pena inicial de 26 años y ahora tendrá que estar preso tan solo 14 años por el delito de homicidio simple, en calidad de determinador y falsedad en documento público.

La misma suerte corrieron sus demás compañeros a los que la medida los cobijó con rebaja del 50 % Fue así como los cabos segundos Darwin Humberto Medina Quiroga, Albeiro Buitrago Murcia y Silverio Camargo Camargo, al igual que los soldados Mario Pirazán Vanegas, José Enrique Váquiro Moreno, Henry Rangel, Élder Antonio Barreto Sapa y Gregorio Capera Conde, luego de haber sido condenados a 25 años de cárcel, solo deberán purgar 13 por el delito de homicidio simple en calidad de coautores de homicidio agravado. En este punto cabe resaltar que la decisión que se pensaba tomar inicialmente, según ponencia de uno de los magistrados, era la de absolverlos.

Un mes después de conocer la decisión del Tribunal Superior del Tolima, en agosto de 2015, el abogado defensor de los militares interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia aduciendo que la Fiscalía, al momento de recolectar las pruebas, lo había hecho de manera indebida y utilizando procedimientos no aceptados por las técnicas criminalísticas. Además, justificó el accionar de los uniformados aquel miércoles en la mañana al afirmar que actuaron en legítima defensa ante el supuesto ataque por parte de los ocupantes del vehículo que, según el jurista, contaban con antecedentes judiciales, lo que hacía probable que pertenecieran a una banda delincuencial. Una vez presentado este recurso y tras la rebaja de pena, se esperaba que los detenidos salieran en libertad el pasado diciembre gracias a diversos procedimientos jurídicos y a que llevan seis años detenidos en un centro carcelario.

En septiembre de 2015, Constantino Parra García, quien inicialmente había sido absuelto, nuevamente fue capturado. El mismo tribunal que rebajó las penas a los militares, revocó la acción de absolución y determinó que sí era culpable ya que a raíz de la información suministrada por esta persona, fueron asesinados los cinco hombres. Según la investigación, Alias ʽtinoʼ fue el autor intelectual de la masacre ya que se contactó con las víctimas para que acudieran a la zona a las afueras de la ciudad y allí fueran asesinadas de rodillas por el Gaula Tolima del Ejército, que después los presentó como bajas en combate. A diferencia de los uniformados a los que se les hizo rebaja de la mitad de la pena, Constantino Parra fue condenado a pagar 25 años de cárcel.

Aunque se desconoce si estas personas gozan de su libertad desde el pasado fin de año o aún permanecen recluidas, con las últimas decisiones de la justicia se cierra un capítulo oscuro en la historia reciente de Ibagué con hechos tan macabros como las ejecuciones extrajudiciales o 'falsos positivos' que, durante la década anterior, en especial los años 2006 y 2007, registró el mayor número de casos.

A comienzos de la década del noventa, la Fuerza Pública comenzó a perpetrar matanzas a lo largo y ancho del territorio nacional, sus víctimas fueron personas ajenas al conflicto armado que luego presentaron ante las autoridades y la opinión pública como guerrilleros caídos en combate o criminales abatidos durante operativos en contra de bandas delincuenciales; esta práctica denominada “falsos positivos” se llevaba a cabo con el fin de obtener beneficios como permisos, ascensos y reconocimientos a partir de resultados fraudulentos en el desarrollo de las operaciones.

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