El primer concepto eliminado por el neoliberalismo fue el de plusvalía. Injusticias, desigualdades y violencias pasan por ella. Es el excedente por encima del valor del salario que produce un trabajador y que es apropiado por el capitalista. Es “el valor de la fuerza de trabajo y el valor que esta crea en el proceso de producción, que son dos magnitudes distintas, y su diferencia constituye la plusvalía” (Marx), y hoy, como hace 200 años, es el oscuro objeto del deseo del avaro capitalista y el mecanismo que incuba la desigualdad.
Es absoluta cuando la jornada laboral se alarga y no se paga (horas extras), y relativa cuando se aumenta la productividad con tecnología o métodos de eficiencia, de modo que el trabajador produce más en el mismo tiempo. El concepto desapareció del lenguaje cotidiano, pero no su práctica, que se globalizó y digitalizó. La economía se reorganizó en cadenas globales de valor, donde los países del Sur siguen produciendo bienes, materias primas o servicios baratos, y las corporaciones del Norte concentran la ganancia.
Es normal creer que la tecnología produce la riqueza, pero no es así. La economía digital y plataformas como Uber, Rappi, Glovo o los freelancers de Amazon crecen gracias al valor que generan miles de conductores y repartidores, sin que sean empleados formales ni tengan garantías mínimas de seguridad social o vacaciones. Uber reportó ingresos superiores a 37.000 millones de dólares en 2024, y sus conductores apenas recibieron una pequeña fracción de ese valor. Nadie les pagó los costos del vehículo, mantenimiento, combustible y riesgos, incluido el pago de comparendos, que hacen parte del negocio privado de empresas aliadas a las alcaldías en Colombia.
La plusvalía digital es extracción de valor a través de la intermediación algorítmica, y la tradicional se refleja, por ejemplo, en la minería y el extractivismo latinoamericano en países como Colombia, Perú o Chile, donde los recursos naturales son explotados por empresas extranjeras que repatrian gran parte de sus utilidades. Según la CEPAL (2024), el 75 % de las ganancias mineras en América Latina se concentran en el 10 % de las empresas, la mayoría transnacionales, que se benefician del trabajo local que produce la riqueza, pero cuya plusvalía se transfiere al exterior, perpetuando condiciones de explotación extrema y bajo aumento del bienestar local. Muchas de esas mismas empresas transnacionales están mezcladas con el poder político e inciden en decisiones judiciales a su favor o reciben privilegios mediante mecanismos de corrupción y fraude que involucran cortes de justicia, congresistas y grupos políticos.
La brecha entre el 1 % más rico, poseedor del 45 % de la riqueza del mundo, o el 2 % dueño de la mitad de la riqueza de Colombia, no se explica por su talento individual, sino por la existencia de mecanismos estructurales de extracción de valor, donde millones de personas generan riqueza que se acumula en pocos centros corporativos y financieros y en poderosos “patrones”.
La plusvalía es uno de los factores que hacen de América Latina la región más desigual del planeta, donde el 10 % más rico concentra el 77 % de la riqueza total y el 50 % más pobre apenas accede al 3 %. Los trabajadores informales, que representan más del 50 % de la fuerza laboral, reciben la menor parte del valor que producen. Un trabajador agrícola en Colombia o Ecuador recibe el equivalente a cinco o seis dólares diarios, mientras las exportaciones de café o banano generan miles de millones de dólares para intermediarios y comercializadores internacionales, que además reciben compensaciones. Esa diferencia refleja la transferencia estructural de plusvalía hacia el gran capital.
La plusvalía define la riqueza de pocos y la pobreza de muchos y, aunque las formas del trabajo se transformen —de la fábrica al teletrabajo, del jornal al algoritmo o de la oficina a la sala de la casa—, la relación entre quien trabaja y quien se apropia del excedente permanece intacta. La plusvalía se origina en fábricas, campos, creación de datos, “likes”, contenidos y servicios digitalizados. Los trabajadores producen valor, pero su parte del producido es cada vez menor. Durante la pandemia, los multibillonarios aumentaron su riqueza en un 30 %, mientras el resto del mundo sufría pánico y temor.
Por eso, repensar el trabajo como un derecho humano y no como la mercancía en que se ha convertido es una tarea urgente, pues solo recuperando el valor humano del trabajo y redistribuyendo el excedente se podrá enfrentar la desigualdad estructural y las violencias que dominan el siglo XXI. En cualquiera de los casos, la inteligencia artificial será apenas una herramienta, una prótesis humana.
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