La concesión de la "Ruta del Café", conocida como Autopistas del Café, representa un hito en la infraestructura de primera generación en Colombia. Firmada el 21 de abril de 1997 durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, este contrato entre Invías y el Consorcio Autopistas del Café S.A. nació con el ambicioso objetivo de unir las tres capitales del Eje Cafetero. Con una inversión inicial de $ 175 mil millones, el proyecto contemplaba la construcción de 90 kilómetros nuevos y la rehabilitación de 147 kilómetros adicionales, financiados originalmente mediante el cobro de tres peajes y con un plazo de ejecución estimado de 30 meses.
El socio mayoritario del Consorcio desde el principio ha sido Odinsa, filial del Grupo Argos, que en la actualidad posee un 59.67 %, le sigue en participación: Megaproyectos 21.76 % y Termotécnica Coindustrial 3.56 % ambas empresas vinculadas al Grupo Ethus del fallecido empresario antioqueño William Vélez, a quienes acompañan otros 10 socios con el 15.01 % restante.
A pesar de su relevancia, la obra ha enfrentado múltiples desafíos desde sus inicios, incluyendo retrasos en la adquisición de predios y fuertes protestas sociales, como las ocurridas en Chinchiná en 1998 debido al número de peajes proyectados. Tras otrosíes, fallos arbitrales, reestructuraciones y plazos ajustados, la concesión logró ser entregada en febrero de 2009, doce años después de iniciada su pre-construcción.
En sus de 188.7 km existen 7 peajes: Santágueda, Pavas, San Bernardo 1, Tarapacá I, Tarapacá II, Circasia (Quindío) y Corozal (Valle del Cauca). Cinco de las siete casetas están en el departamento de Caldas, por lo que el departamento de Caldas tiene uno de los promedios más altos del costo por kilómetro recorrido por peajes, el primer peaje, Las Pavas, está tan solo 14 km aproximadamente de la salida de Manizales hacia Pereira, y el segundo, Tarapacá, a tan solo 10 km del peaje Las Pavas, cuando en Colombia los peajes están en promedio a 150 kilómetros cada uno.
Los usuarios mantienen una queja permanente sobre el costo de los peajes que elevan los costos de las productos y mercancías que entran o salen, a lo cual el concesionario ha ofrecido tarifas diferenciales de peajes de manera discrecional en zonas, sectores o personas clave donde hay resistencia al modelo actual.
Hace casi 10 años Germán Vargas Lleras llamó la atención sobre los peajes de la Ruta del sol
En 2016, el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras quien fue encargado por el Presidente Santos para coordinar el ambicioso plan de infraestructura indicó que la vía debía entregarse de inmediato al Gobierno para que continuara con su operación, pues consideró que el contratista ya había recuperado la inversión, que fue de $1,9 billones debido al mayor tráfico de vehículos.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que supervisa la obra desde su creación en noviembre de 2011, demandó entonces la terminación del contrato con Autopistas del Café. Sin embargo, Odinsa señaló que el plazo de la concesión iba hasta 2027 e indicó que el ingreso de los peajes no era suficiente para compensar las inversiones más la rentabilidad esperada, la cual sería el 1 de febrero de 2027, cumpliéndose 30 años desde su contratación.
En marzo de 2018, el Tribunal de Arbitramento entre la ANI y Odinsa, le dio la razón a la constructora para que operará hasta 2027, aunque le exigió a Odinsa el pago de un peaje que no se construyó. El entonces gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahíta, indicó que respetaban la decisión pero que esperaban que la concesión continuara con su compromiso contractual para adelantar las obras y mejorar las dobles calzadas.
Germán Vargas Lleras, por su parte, ha continuado cuestionado la sostenibilidad y el costo de los peajes en las Autopistas del Café, argumentando que afectan a la movilidad y la economía regional, especialmente a los cafeteros y el turismo, y ha propuesto modelos más justos y beneficiosos para la comunidad.
Reiteradamente empresarios y políticos de la región han indicado la necesidad de que el Gobierno Nacional evalúe las cifras que está presentando la Concesión Autopistas del Café, principalmente los sobrecostos de la operación y los recursos que según ellos no están siendo invertidos en las carreteras. La concesionaria por su parte ha indicado que el nivel de cumplimiento de sus obligaciones contractuales es el 100 % y que la calificación otorgada por la interventoría es de 4.6 sobre 5, cifra que supera el mínimo exigido en el contrato.
Luego de que el presidente Petro publicara el 10 de enero en redes sociales que “No sé pagan peajes en partes del Caribe y dejarán de pagarse en la zona cafetera” el panorama se ha tornado incierto. Ante la posibilidad de que este anuncio signifique una nacionalización o levantamiento de peajes en la región, gremios como el Comité Intergremial de Caldas han solicitado formalmente claridad sobre quién asumiría el mantenimiento del corredor y la ejecución de las obras pendientes si el Estado retoma la administración.
Por su parte, la Concesionaria emitió un comunicado oficial el pasado 13 de enero aclarando que no ha recibido ninguna notificación formal por parte de la ANI sobre una terminación anticipada del contrato. La empresa reiteró que la concesión continúa ejecutándose bajo los términos vigentes y que los peajes se siguen cobrando de manera regular. Expertos advierten que una terminación unilateral del contrato carecería de bases jurídicas sólidas y podría acarrear graves consecuencias para el país, tales como indemnizaciones millonarias, arbitrajes internacionales y una ruptura de la estabilidad jurídica que afectaría el riesgo país y la confianza de futuros inversores en proyectos de asociación público-privada.
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