¿La gran consulta o la gran estafa en La Guajira?

Los wayúu tienen más dudas que certezas sobre los generadores de energía eólica que quieren ubicar en resguardos de la Alta y Media Guajira. Una mirada

Por: JOSE SILVA DUARTE
noviembre 05, 2019
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¿La gran consulta o la gran estafa en La Guajira?
Foto: PxHere

El departamento de La Guajira en Colombia es uno de los territorios más bellos y exóticos. Sus fuentes de mayores ingresos son la minería, (gas, carbón, sal, yeso, petróleo…) y últimamente está en la mira de las grandes multinacionales quienes vienen sembrando grandes torres de hierro en los territorios indígenas.

Después de casi 40 años de explotación minera por parte de la empresa Cerrejón, la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-704/2016, le ordena a esta empresa identificar los impactos causados (los cuales son incalculables) y así mismo compensar y/o indemnizar todos los daños causados en las comunidades indígenas.

Por otro lado, se está tramitando un proyecto que busca posicionar La Guajira como la primera potencia en energía eólica del país. Los parques generadores de energía estarían ubicados en el resguardo indígena wayúu de la Alta y Media Guajira.

El proyecto plantea que para 2022 comiencen a operar los primeros parques eólicos y, según lo que está en trámite, en 2031 en el territorio wayúu de la Alta y Media Guajira se tendrán 65 parques con más de 2.500 torres con aerogeneradores y una inversión que puede superar los 6.000 millones de dólares.

Sin embargo, sobre el tema hay más dudas que certezas. De acuerdo con una investigación realizada por Indepaz el proyecto se está desarrollando de manera tan vertiginosa que el país no conoce su verdadera dimensión y las comunidades indígenas dueñas del resguardo de la Alta y Media Guajira y las que habitan el área inmediata de los parques tampoco tienen claridades respecto al proyecto que es equivalente a lo que generarían dos represas del tamaño de Hidroituango.

A manera de ilustración hacemos la introducción, pero el tema es más delicado y preocupante, toda vez que el estado colombiano a través del Ministerio del Interior y su Dirección de Consulta Previa estarían fraguando lo que el pueblo wayúu denomina como la gran estafa al pueblo wayúu o, bien sea, lo que el ministerio denomina la gran consulta.

La gran consulta, orquestada por el estado colombiano a través del Ministerio del Interior, no es otra cosa sino una gran estafa al pueblo indígena wayúu, en donde pretenden meter en una sola bolsa a las más de 300 comunidades indígenas y afrodescendientes, con área de influencia de la operación minera de la empresa Cerrejón. Junto con estas comunidades, incluirían también en esta gran consulta o bien sea “la gran estafa” a las más de 500 comunidades indígenas de los resguardos de la Alta y Media Guajira, que serían intervenidas por el proyecto de energías renovables en  65 parques con más de 2.500 torres con aerogeneradores, proyectadas por 19 empresas que son en su mayoría multinacionales.

Estos proyectos de energías eólicas a manera de malas prácticas según la directiva presidencial 10 del 2013, para salir adelante con el experimento estarían limitando las consultas con comunidades dueñas del polígono en donde se ubica el parque, no están entregando la adecuada información técnica y financiera del proyecto y del negocio; se inventan como una forma disimulada de pago de arriendo el pago por “tránsito e infraestructura” a título de servidumbre; hacen figurar como pago lo que llama compensación o responsabilidad social voluntaria; no establecen distinción entre pago por el uso de la tierra, pago por compensaciones ambientales, pago por participación y gastos filantrópicos; la comunidad no tiene información sobre los bonos de carbón, ni sobre cuanto se recibe, ni cuál es el reparto o en razón de que; no hacen ninguna cuantificación de obligaciones anuales o periódicas con los dueños del territorio y las comunidades vecinas a los parques que tienen impactos; no valora los impactos culturales y a la vida en relación; se limita a enunciar unos compromisos de gastos en temas sociales o de suministro de agua sin ninguna cuantificación.

Estas empresas y el gobierno nacional asumen que la comunidad es incapaz de manejar dinero o cuentas y se reserva el control de pagos o gastos en especie y por proyecto; no establece ninguna relación con autoridades wayúu en el conjunto del resguardo; no establece delimitación de responsabilidades frente a las alcaldías y confunde entrega voluntaria de obras con beneficios del proyecto sustituyendo al Estado en obligaciones sociales y con los derechos étnicos.

Incluye una cláusula innombrable irrepetible que establece que la cesión de territorio es a término indefinido". Esto está sucediendo en los territorios indígenas frente a la indiferencia y negligencia cómplice de los entes de control.

Según información suministrada por el Consejo Superior de Palabreros del departamento de La Guajira a través de las redes sociales, el Ministerio del Interior, en cabeza de la doctora Nancy Gutiérrez Castañeda, con el aval y anuencia de ciertos líderes indígenas, estaría programando para el próximo 8 de noviembre del presente año una convocatoria masiva de autoridades tradicionales de manera muy restringida, en donde solo tendrán acceso estas autoridades tradicionales sin sus respectivos líderes o representantes, con la finalidad de recoger firmas y videos y legalizar las consultas previas a que tienen derecho las comunidades indígenas territoriales impactadas por la operación minera de Cerrejón y los parques eólicos.

Esta propuesta la denominan Guajira consulta o la gran consulta y según la información cuenta con la aprobación de la Gobernación de La Guajira y sus respectivas alcaldías distritales o locales.

Con estas acciones atípicas e ilegítimas estarían legalizando las obligaciones y responsabilidades jurídicas que tienen con las comunidades indígenas y afrodescendientes del departamento de La Guajira, tal como se ordena en la Sentencia T-302 Estado de Cosas Inconstitucionales y otras sentencias que versan sobre las graves violaciones a los derechos fundamentales de estas comunidades indígenas.

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