El caso de Catalina Giraldo, una psicóloga de 30 años que solicitó acceso a la asistencia médica que facilitaría su suicidio tras años de tratamientos fallidos por trastornos mentales severos, reabrió una discusión que Colombia lleva décadas construyendo. Esta solicitud, negada por falta de reglamentación, expone las grietas entre el avance jurídico y su aplicación real en uno de los países más avanzados en muerte digna (incluyendo proceso de eutanasias) en América Latina.
La historia de la eutanasia y otras formas de muerte digna no empezó hoy; ni siquiera hace poco más de 10 años con la primera eutanasia legal del país.
El origen de la muerte digna en Colombia: Beatriz Kopp de Gómez y el nacimiento de DMD
En 1979, mucho antes de sentencias, resoluciones o cifras, una experiencia personal detonó lo que terminaría convirtiéndose en un movimiento.
Beatriz Kopp de Gómez, filántropa colombiana, decidió actuar tras presenciar el sufrimiento prolongado de una joven familiar con cáncer. Lo que vio no fue solo una enfermedad, sino una vida extendida en condiciones que ella consideraba indignas. Inspirada en organizaciones como Concern for Dying en Estados Unidos, reunió a médicos, abogados y voluntarios para fundar, el 1 de agosto de 1979, la Fundación Solidaridad Humanitaria.
Cuatro años después, en 1983, la organización adoptó el nombre de Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente (DMD). Fue la primera organización en América del Sur en abordar de manera estructurada el derecho que tienen las personas a decidir sobre el final de la vida.
Desde sus inicios, la fundación impulsó una herramienta que con el tiempo se volvería clave: el Documento de Voluntad Anticipada (DVA). Este permite a cualquier persona dejar por escrito sus decisiones sobre tratamientos médicos, su rechazo a procedimientos invasivos y su negativa a someterse a condiciones en las que no desea prolongar su vida, incluso si no puede expresarlo en el futuro.
Durante años, el trabajo de Beatriz Kopp fue silencioso pero constante: charlas, asesorías, formación médica. El objetivo era cambiar la forma en que los colombianos entendían la muerte, sacarla del tabú y ponerla en el terreno de los derechos.
El quiebre por la Constitución del 91
Ese camino no fue fácil de andar en un país históricamente marcado por la tradición católica.
Durante décadas, la Iglesia Católica ha sido una de las principales opositoras a la eutanasia, calificándola como una violación al derecho a la vida. En un país donde, según datos recientes, entre el 57 % y el 78,6 % de la población aún se identifica como católica, la discusión sobre la muerte digna se convirtió en un pulso entre convicciones religiosas y principios constitucionales.
Ese pulso empezó a inclinarse con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 que, al establecer la dignidad humana como eje del Estado (Artículo 1) y prohibir tratos crueles o degradantes (Artículo 12), sentó las bases para que la Corte Constitucional comenzara a pronunciarse sobre estos asuntos.
El primer gran hito llegó con la Sentencia C-239 de 1997, que despenalizó la eutanasia en condiciones específicas. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 18 años para que ese derecho tuviera una reglamentación clara.
Ese vacío se resolvió con la Sentencia T-970 de 2014 de la Corte Constitucional, que obligó a que el derecho a morir dignamente tuviera garantías. Por su parte, la Resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud (la norma técnica que estableció los protocolos y comités para hacer efectivo el derecho a la eutanasia en las EPS) fue la que permitió que esta práctica pasara de los detalles técnicos formulados en los libros a su aplicación efectiva en una sala de hospital.
Ese mismo año, el país registró el primer caso legal: Ovidio González, recordado por ser el padre del caricaturista Matador y por el cáncer de boca que le desfiguró el rostro y la ilusión de una vida digna, pudo ejercer su derecho a una muerte digna, a pesar de que, en un primer momento, el procedimiento fue suspendido a última hora.
La cancelación ocurrió minutos antes, pese a que ya estaba todo preparado, debido a que la junta médico-legal no había emitido una autorización formal y algunos médicos consideraron que no cumplía con los criterios exigidos, además de expresar temores jurídicos frente al procedimiento. Finalmente, la intervención de la Fundación DMD fue clave para que se respetara la decisión de don Ovidio.
Con ese paso, Colombia no solo saldó una deuda jurídica de casi dos décadas, sino que se ubicó en la primera línea mundial de la muerte digna, junto a países como Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Países Bajos, España, Nueva Zelanda, Portugal, Ecuador y Uruguay, consolidándose como pionero y referente en América Latina.
Un crecimiento sostenido de la muerte digna en Colombia
A partir de ese momento, las cifras comenzaron a crecer. En la última década, Colombia registró 1.044 eutanasias legales hasta septiembre de 2025. Solo en 2024 se realizaron 352 procedimientos, la cifra más alta desde su regulación. Hoy se practica, en promedio, una eutanasia cada 25 horas, lo que refleja tanto el conocimiento creciente del derecho como su progresiva aceptación social.
El marco legal también siguió evolucionando. En 2021, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-233, eliminó el requisito de enfermedad terminal. Desde entonces, basta con que el paciente padezca un sufrimiento intenso derivado de una enfermedad grave e incurable.
Un año después, en 2022, la Sentencia C-164 despenalizó el suicidio médicamente asistido. La diferencia es fundamental: en la eutanasia el médico administra el fármaco, mientras que en el suicidio asistido es el propio paciente quien realiza el acto final, con acompañamiento médico.
A pesar de este avance, la regulación no ha sido completa. Mientras la eutanasia cuenta con protocolos claros (actualizados, entre otras normas, por la Resolución 971 de 2021), el suicidio asistido sigue sin reglamentación específica, lo que deja a pacientes como Catalina Giraldo en un limbo jurídico.
Ese desfase evidencia una constante en esta historia: los avances han venido principalmente de la Corte Constitucional, mientras el Congreso ha fallado en su tarea de legislar a fondo el tema.
Un debate sobre la eutanasia que sigue abierto
En medio de ese escenario, la Fundación DMD ha mantenido su rol. Hoy, bajo la dirección ejecutiva de la psicóloga Laura Pombo Rivera, continúa asesorando a pacientes, promoviendo el DVA y formando profesionales de la salud. Cada año, cientos de personas acuden a su oficina ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá, en busca de orientación.
Su trabajo, sin embargo, va más allá de lo técnico. Durante más de cuatro décadas, la fundación ha sido un actor clave en transformar una discusión moral en un debate de derechos, enfrentando resistencias culturales, religiosas y políticas.
El caso de Catalina Giraldo es, en ese sentido, una extensión de esa historia. Su lucha no solo busca hacer valer una decisión individual, sino que podría contribuir a la reglamentación del suicidio médicamente asistido en Colombia, tal como ocurrió en su momento con la eutanasia.
Lo que comenzó en 1979 como una respuesta al sufrimiento de una persona cercana a Beatriz Kopp de Gómez, hoy se ha convertido en un sistema legal que acumula más de mil procedimientos y sigue evolucionando. Entre decisiones judiciales, vacíos normativos y debates éticos, la historia de la muerte digna en Colombia aún está en construcción.
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