La frontera: entre la legalidad y legitimidad

La frontera: entre la legalidad y legitimidad

La realidad hoy es que hay una población en las fronteras viviendo un problema social al cual hay que buscarle solución

Por: Aiden Salgado Cassiani*
septiembre 11, 2015
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La frontera: entre la legalidad y legitimidad
Foto: tomada de telesurtv.net

El cierre de las principales vías fronterizas  de Norte de Santander, Colombia y Táchira del lado de la República Bolivariana de Venezuela, el día 20 de agosto por 72 horas, extendido por decreto a 60 días prorrogables y extendiéndose también en la frontera entre Riohacha y Maracaibo, el día 8 de deptiembre, ha venido generado toda clase de reacciones a lo largo y ancho del país, al grado de convertirse en un problema de índole internacional, donde se han involucrado las más importantes instancias e instituciones mundiales, comenzando desde el secretario general de Naciones Unidad, la Organización de Estados Americano, UNASUR, hasta el Vaticano; y todo ello a causa de la alarmante situación por los derechos humano de los deportados.

En este debate se han expuesto argumentos de lado y lado; el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el establecimiento tradicional han dicho que hay un grave violación de Derechos Humanos a los deportados; el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con todo el chavismo y los que lo respaldan, han manifestado las razones como el paramilitarismo, el contrabando, y el narcotráfico como las causantes de tal decisión.

Gústenos o no las argumentaciones de lado y lado, algo cierto es que hoy hay una cantidad de compatriotas viviendo una grave situación social.

Pero en término de razonabilidad y principio universal, desde Occidente hasta Oriente, pasando por  las diferentes civilizaciones, le asiste a cada mandatario garantizar las condiciones para que cada ciudadano de sus país tenga las vida digna que merece dentro de  su territorio,  y en términos políticos, una característica clásica de un estado nación, según el sociólogo Max Weber se le atribuye al Estado el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio dado y que se hace cargo de todos los medios administrativos”, el monopolio legítimo de las armas y el cuidado de las fronteras le asiste  al mandatario de la  hermana Venezuela en el marco del derecho internacional como lo hace cualquier país del mundo para garantizarle a sus ciudadanos las condiciones de una vida digna; del lado de Colombia a Santos también le asiste el derecho al reclamo por lo que está sucediendo a sus ciudadanos, ya que él debe velar por sus derechos.

Ahora bien, gústenos o no las políticas de cada gobierno, es claro que los colombianos que están en Venezuela se fueron a buscar unas mejores condiciones de vida, algunos para salvaguardarla, pues el estado colombiano no se las garantizaba, siendo este su deber. Por ello, lo que sucede no es responsabilidad solo del expresidente Álvaro Uribe Vélez o el presidente Santos. Este señalamiento es un equívoco del gobierno venezolano y sus voceros, esta es responsabilidad de la clase dirigente del estado colombiano; como tampoco es verdad que todos los deportados son paramilitares, contrabandista o narcotraficantes.

La realidad hoy es que hay una población en las fronteras, hijos e hijas del padre de la patria, Simón Bolívar, viviendo un problema social al cual hay que buscarle solución, y esta se da con el respeto y el relanzamiento de unas nuevas relaciones del espacio fronterizo, donde cada estado asuma su responsabilidad con el fin de garantizarle a estas personas sus derecho para una vida digna, y esto se puede conseguir: Del lado del gobierno colombianos generando condiciones de vida para esta población deportada y en especial todas las que habitan en zonas fronterizas que han sido abandonadas a las anchas de la informalidad o de la delincuencia, sin políticas serias sociales, y  con un control fronterizo del territorio por parte de las fuerzas militares; del otro lado, las autoridades militares de Venezuela tiene un alto grado de responsabilidad en el tráfico ilegal de armas, de drogas, de contrabando y de migrantes. Por ello es necesario unas fuerzas armadas libres de corrupción y, en lo político, el Gobierno debe adelantar acciones pedagógicas para los habitantes de fronteras tomen conciencia sobre estas problemáticas.

De parte del pueblo o de las comunidades les toca apostarle a los intercambios culturales y sociales que son herencia de nuestra región andina como hijos de una misma patria grande; de todas formas, como dice Silvio Rodríguez: las fronteras se besan y se besan ardientes.                                                                             

Desde el palenque un cimarrón todavía.

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