Cada cuatro años, los colombianos aguardamos con expectación las promesas de crecimiento económico y bienestar que los nuevos gobiernos prometen en campaña. Factores como la economía, la educación, el capital humano, la fortaleza institucional, la infraestructura, los recursos naturales, el comercio internacional, la cultura y la paz son señalados como pilares para alcanzar el progreso.
Sin embargo, la continuidad de las políticas estatales y la seguridad jurídica, esenciales para el desarrollo, se ven constantemente amenazadas por la delincuencia. Lo delicado del asunto es que la protección que debería emanar la Fiscalía general de la Nación, garante de la legalidad y la justicia, se ha mostrado como insuficiente.
En los últimos años, la eficiencia de la fiscalía general ha sido objeto de serios cuestionamientos, evidenciándose un aumento en los casos sin resolver. Esta situación tiene un impacto directo en el desarrollo del país, ya que una Fiscalía eficiente es fundamental para el crecimiento económico y la justicia. Permite a los gobiernos implementar políticas sin el temor a la corrupción desenfrenada y a la impunidad.
Si bien en el contexto político actual es común atribuir los problemas nacionales al gobierno de turno, "la culpa es de Petro", quisiera presentar una perspectiva diferente. No escribo esto para defender al gobernante actual, sino simplemente para ofrecer una visión alterna sobre las problemáticas que enfrenta el país.
Entre 2016 y 2022, bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez (2016-2019) y Francisco Barbosa (2020-2024), la Fiscalía General de la Nación enfrentó críticas por su presunta omisión en casos cruciales de corrupción, violencia intrafamiliar y montajes judiciales. Esta gestión ha dejado un legado que incide en la preocupante realidad que enfrentamos hoy.
El panorama de la criminalidad en Colombia entre 2016 y 2022 es un reflejo de esta situación. Según datos del Ministerio de Justicia, la violencia intrafamiliar, un problema estructural que afecta desproporcionadamente a mujeres y niños, pasó de una tasa de 207,4 casos por cada 100.000 habitantes en 2016 a 228,8 en 2023, con un pico alarmante de 250,9 en 2021.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional también refleja la debilidad institucional en Colombia. Entre 2016 y 2022, el país osciló entre 36 y 39 puntos sobre 100, manteniéndose entre los países más corruptos de América Latina. Martínez Neira estancó la lucha contra la corrupción y Barbosa la profundizó y ese estancamiento afecta la economía y el desarrollo social, limitando los recursos disponibles para áreas vitales como la educación, la salud y la infraestructura.
La economía y la productividad son pilares fundamentales para el crecimiento del país. La falta de vías 4G, una infraestructura básica en comparación con otros países es un ejemplo de las consecuencias de la corrupción. El caso Odebrecht, por ejemplo, ilustra cómo la corrupción en los contratos de infraestructura genera ineficiencia, sobrecostos y proyectos inconclusos, lo que a su vez afecta la competitividad y el crecimiento económico.
La gestión del Dr. Néstor Humberto Martínez fue ineficiente y Francisco Barbosa continuó con ese fracaso. Aunque Corficolombiana fue condenada en Estados Unidos por Odebrecht, el fiscal general no logró justicia ni reparación adecuada para Colombia, dejando para la justicia foránea, las pruebas de lo que revelaría la verdad.
A mayor impunidad y corrupción, menos crecimiento y desarrollo
Si la educación y el capital humano son factores cruciales del crecimiento económico, consideren cómo la ínfima reparación brindada por Emilio Tapias en el caso Centros Poblados, atacó los derechos de los niños y ciudadanos que han quedado sin reparación justa afectando a miles de jóvenes que pierden oportunidades educativas y profesionales
El Carrusel de los Carros Blindados, socavó la confianza en el sistema de protección a líderes sociales y víctimas de la violencia, demostrando cómo la ineficiencia de la Fiscalía impacta directamente en el bienestar de la población y en la gobernabilidad del país.
La impunidad generada en casos como Reficar, LLanopetrol, el Cartel de la Hemofilia y los montajes judiciales, incluyendo los heredados de la gestión de Martínez Neira, y la aparente instrumentalización de investigadores judiciales durante la administración de Francisco Barbosa, generan desconfianza y vergüenza.
Como ven, existe una relación inversamente proporcional entre impunidad, corrupción y desarrollo económico. A mayor impunidad y corrupción, menos crecimiento y desarrollo. Una Fiscalía deficiente tiene consecuencias que van más allá de los casos judiciales individuales. La percepción de impunidad disuade la inversión extranjera y atrae la criminalidad además de frenar el crecimiento económico y exacerbar las desigualdades sociales. Un país donde los delitos no son castigados adecuadamente tiende a repetir sus errores y eso, no es culpa de Petro.
@HombreJurista
