En la cárcel de Guaduas, Cundinamarca, Jorge Enrique Figueroa Monroy espera la notificación formal de su extradición a Estados Unidos por uno de esos casos que la justicia de ese país nunca perdona: el asesinato de un agente de su agencia de antinarcóticos DEA.
La historia de Figueroa, reseñado en los sumarios como ‘Toto’, encuentra antecedentes en la historia que se remontan a 1986 cuando pistoleros al servicio de carteles colombianos asesinaron en su país al piloto e informante de la DEA a Adlemar Berriman Seal, cuyo nombre cobró notoriedad como Barry Seal.
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Doblegado por las evidencias, Figuero tendrá que responder en Estados Unidos por el homicidio del agente de la DEA Francisco Arnoldo Moreno Aguilar. Tenía 25 años cuando lo mató. Ha pasado 26 años desde entonces.
Con 40 años de distancia, dos disparos en dos parqueaderos distintos sellaron el mismo principio en la política criminal de Estados Unidos: el asesinato de un agente federal no prescribe, no se negocia y no se olvida. El primero ocurrió el 19 de febrero de 1986 en Baton Rouge. El segundo, el 22 de noviembre de 1998 en la Zona Rosa de Bogotá. En ambos hay colombianos detrás del gatillo.
En el primero de los casos, aunque las reseñas oficiales lo presentan como tal, Seal no era agente, era lo contrario: el piloto más valioso del Cartel de Medellín y luego el informante más valioso de la DEA.
Ex piloto de TWA, Seal transportaba toneladas de cocaína para Jorge Ochoa y Pablo Escobar, en la época del auge del cartel de Medellín, Detenido en 1984 en Florida, aceptó convertirse en informante. Su misión más famosa fue volar a Nicaragua con una cámara oculta instalada por la CIA en su avión Fairchild C-123 y fotografiar a Escobar cargando 1.200 kilos de cocaína en una pista sandinista.
Las fotos fueron presentadas por el entonces presidente de Estados Uidos Ronald Reagan ante los medios de comunicación. Cuando eso ocurrió, el cartel puso precio a la cabeza de Seal y ofreció 500 mil dólares.
El 19 de febrero de 1986, mientras cumplía servicio comunitario en el Salvation Army de Baton Rouge, sin manera de defenderse porque un juez le prohibió portar armas y usar escoltas, tres sicarios colombianos lo acribillaron dentro de su Cadillac blanco. Eran Luis Carlos Quintero Cruz, Miguel Vélez y Bernardo Antonio Vásquez. Todos fueron capturados horas después y condenados a cadena perpetua.
La orden, según testigos protegidos, habría venido directamente de Ochoa. Barry Seal murió, pero su caso creó jurisprudencia. Estados Unidos interpretó entonces que el narcotráfico colombiano no solo exportaba droga, sino que exportaba también sicariato contra su sistema judicial.
El caso de la zona rosa
Doce años después, el escenario fue Bogotá, pero el guion fue relativamente similar.
Francisco Arnoldo Moreno Aguilar, Frank para sus compañeros, era un agente de 37 años, nacido en Texas, de origen mexicoamericano, con nueve años en la DEA. Estaba en Bogotá en una comisión temporal, apoyando investigaciones contra una red de tráfico con base en la capital y conexiones con traficantes israelíes, una célula poco conocida en esa época, pero que se encargaba de lavar dinero y llevar cocaína hacia Europa.
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La noche del 21 al 22 de noviembre de 1998 entró la víctima entró con un amigo al bar El Divino, en la calle 82 con 12, corazón de la Zona Rosa de Bogotá. Hubo una discusión adentro. Testigos relataron en ese momento que Moreno, vestido de civil, sostuvo un altercado con un comerciante de cuero de la zona.
Luego salió del bar. Afuera, a la 1:15 de la mañana, recibió un disparo por la espalda disparada por una pistola calibre 9 milímetros. Murió en la Clínica del Country. Junto a él perdió la vida también Hugo Alberto Espinosa, de 20 años. El joven pasaba por el lugar y era ajeno por completo a los hechos.
Cinco días después, Jorge Enrique Figueroa Monroy, Toto, se entregó en una finca entre Coyaima y Natagaima, en el departamento del Tolima. Tenía 25 años. Declaró que fue un hecho de intolerancia tras una riña. En febrero de 2000 fue condenado a 30 años por homicidio agravado. Cumplió en La Picota y luego fue remitido a Guaduas.
Pero para Estados Unidos nunca fue una riña de bar. La ley federal 18 USC 1114 establece que matar a un agente federal o a una persona internacionalmente protegida es un crimen federal, perseguible en territorio estadounidense sin importar dónde ocurra ni cuánto tiempo pase. Por eso la Corte del Distrito de Columbia lo requiere hoy no solo por el homicidio en segundo grado de persona protegida, sino también por narcotráfico continuado entre 2020 y 2025, según la Fiscalía.
Hay un tercer nombre que une las dos historias: James Terry Watson, agente de la DEA asesinado el 20 de junio de 2013 en el Parque de la 93 en Bogotá por la banda del paseo millonario. También allí hubo colombianos y también hubo extradición y condena en Estados Unidos en 2017.
Tres casos, tres décadas distintas, un mismo mensaje de Washington.
Para Colombia, la extradición de Toto es incómoda y pedagógica. Incómoda porque muestra que una condena de su justicia de 30 años no cierra el caso a ojos de Washington. Pedagógica porque confirma que el vencimiento de términos no aplica cuando la víctima lleva una placa de la DEA. Barry Seal traicionó al Cartel y el Cartel lo ejecutó en suelo de su país. Frank Moreno murió en Colombia y su asesino creyó que una condena local lo blindaría. En ambos, Estados Unidos esperó. En Baton Rouge esperó horas. En Bogotá ha esperado 28 años.
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