En octubre de 2022, mientras vivía en el barrio Bolarquí de Bucaramanga, la abogada Gina González Grau -actual secretaria general de la Cancillería- ofrecía sus servicios de asesoría y consultoría en materias legales y de comunicación estratégica y distribuía una tarjeta de presentación profesional como directora de una oficina especializada.
En ella aparecía como directora de una firma cuya razón social coincidía con su nombre y a las empresas, universidades y ciudadanos que se interesaban en sus servicios les refería su experiencia al frente de un emprendimiento que había iniciado un año atrás, es decir, en 2021, en sociedad con su mamá, Gina de Jesús Grau Marimón en Barranquilla, su ciudad natal.
Ya para entonces se había graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, terminaba una maestría en Retórica y Oratoria y estaba certificada en el dominio de los idiomas inglés y francés.
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Su experiencia, para ser alguien tan joven, no era despreciable. Entre 2018 y 2019 había trabajado para la oficina del abogado Iván Cancino, hoy ministro de Justicia, y luego había tenido un contrato de asesoría como abogada de la Oficina de Asuntos Internacionales del Invima.
Sin embargo, en todos los contratos figuraba como persona natural y no como persona jurídica, como habría tenido que aparecer en su calidad de directora y socia de Gina González Grau Consultores SAS, razón social que aparecía su tarjeta de presentación, según testimonios de vecinos del sector de calle 55 A con 29, en la capital santandereana.
Lo malo para ella es que mientras en 2002 hablaba con entusiasmo de su firma creada un año atrás, una consulta realizada en la plataforma Registro Único Empresarial y Social (RUES) aclara que la empresa de asesoría fue matriculada en 2023 y no en 2021, como ella lo consignó en su hoja de vida oficial.
Ese dato, falso según sus críticos, o producto de la informalidad con la que comenzó a operar su empresa, según sus amigos, resultaba fundamental para acreditar la experiencia profesional exigida en el pliego de requisitos para el cargo de secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La inconsistencia, que deja en el aire un lapso de experiencia de 26 meses, llevó al representante a la Cámara Daniel Monroy de la coalición del Pacto Histórico a denunciarla penalmente ante la Fiscalía por los presuntos delitos de falsedad ideológica y fraude procesal. También, a formular en su contra una queja disciplinaria que le podría traer problemas con la Procuraduría.
En todo caso la información que ella presentó le valió para que el canciller Omar Nicolás Bula Escobar la nombrara en su actual cargo mediante el Decreto 1161 del 10 de agosto de 2026.
Lo que dicen los registros de la empresa de la Secretaria general
Las2Orillas buscó en todos los registros oficiales establecer cuál es la tradición en documentos de Gina González Grau consultores SAS. La sociedad aparece inscrita ante la Cámara de Comercio de Barranquilla con NIT 901.702.985-0 y matrícula mercantil 865728.
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Según el documento privado de constitución del 31 de enero de 2023 y los trámites de inscripción realizados entre el 3 y el 4 de abril de ese mismo año, se trata de una Sociedad por Acciones Simplificada de carácter comercial, con domicilio principal en Barranquilla y vigencia indefinida. El registro se formalizó bajo los números 1211903 del Libro 15 (matrícula por primera vez) y 0448290 del Libro 09 (constitución y designación de representantes), y la consulta en el RUES confirma que la matrícula permanece activa, con renovación vigente para el año 2026 y con última actualización reportada el 28 de septiembre de este mismo año.
El capital autorizado de la compañía es de veinte millones de pesos, dividido en ochenta acciones ordinarias de valor nominal de doscientos cincuenta mil pesos cada una, de las cuales se suscribieron y pagaron veinte acciones por un valor total de cinco millones de pesos.
La distribución accionaria corresponde en un 90 por ciento a Gina González Grau, titular de dieciocho acciones y en un 10 por ciento a Gina de Jesús Grau Marimón, titular de dos acciones. En el acto de constitución Gina Paola González Grau fue designada como representante legal principal y Gina de Jesús Grau Marimón como representante legal suplente; no se nombró revisor fiscal.
Hoy la sociedad reporta como representante legal a Karen Yojana Suárez de la Cruz y como representante legal suplente a Gina de Jesús Grau Marimón. Estos cambios en la representación legal se encuentran inscritos y vigentes en el registro mercantil.
Los servicios que ofrece la sociedad que le sirvió para completar requisitos
El objeto social de la compañía, como lo describía en 2022 su directora a sus vecinos y contactos en Bucaramanga, se centra en la prestación de servicios de asesoría y consultoría en materias legales y de comunicación especializadas, así como en el asesoramiento corporativo sobre buenas prácticas y prevención de conflictos.
Los formularios RUES y anexos tributarios presentados en abril de 2023 incluyen la solicitud de inscripción en el RUT ante la DIAN, la declaración de responsabilidades tributarias y la información correspondiente al impuesto de industria y comercio del Distrito de Barranquilla. El trámite también contempló el beneficio de la Ley 1780 por la participación de socios jóvenes, la autorización de tratamiento de datos personales y la verificación biométrica de la identidad de la representante legal.
La experiencia laboral reportada por Gina Paola González Grau en el sistema de información de hoja de vida (SIGEP) presenta, en efecto, cuatro cargos principales. El más reciente corresponde al de abogada en la firma Gina González Grau consultores, con fechas de inicio el 1 de marzo de 2023 y de finalización el 9 de agosto de 2026. La pregunta que surge aquí es por qué en el SIGEP reportó ese dato específico y en la hoja de vida ante el Servicio Civil otro diferente. ¿Un descuidado? O como dicen sus críticos, ¿la intención de fabricar artificialmente una experiencia que no tiene?
Lo cierto es que la información presentada en el SIGEP para el periodo es consistente con la fecha de constitución y matrícula de la sociedad, ocurrida en enero y abril de 2023 respectivamente, por lo que no presenta contradicción con el registro mercantil.
Y en INVIMA, a qué se dedicaba?
El segundo cargo reportado es el de contratista por OPS en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), entre el 29 de marzo de 2021 y el 29 de agosto de 2021. Esta información fue corroborada con el detalle contractual disponible, correspondiente al contrato de referencia 475 de 2021, suscrito el 30 de marzo de 2021 por un valor de 23.540.032 pesos.
Su objeto consistió en prestar servicios profesionales como abogado a la Oficina de Asuntos Internacionales del Invima para asesorar, apoyar y brindar acompañamiento en actividades relacionadas con propiedad intelectual y relaciones internacionales. Los registros de aportes al sistema de seguridad social de 2021, en los que figura como aportante bajo su propio nombre durante periodos que abarcan de febrero a agosto de ese año, resultan compatibles con esa vinculación contractual.
Otros cargos en una hoja de vida ajena al alto cargo en la cancillería
El tercer cargo corresponde a contratista en Móvil Consultores, con fechas del 22 de abril de 2019 al 30 de marzo de 2023. El cuarto cargo es el de contratista en Cancino Abogados, entre el 4 de diciembre de 2018 y el 2 de mayo de 2019. Respecto de estos dos últimos periodos no se dispone en la información aportada de registros de aportes o contratos específicos que permitan una verificación cruzada detallada, aunque figuran como parte de la experiencia declarada por la funcionaria.
La validación realizada ante el Registro Nacional de Abogados de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura confirma que se encuentra inscrita como abogada desde el 19 de marzo de 2021, con estado “vigente” y que es titular de una tarjeta profesional de abogado expedida en la misma fecha, también en estado vigente. La verificación fue hecha porque quienes la cuestionan pusieron también en duda su formación profesional.
El certificado correspondiente, el número 1373341, no registra observaciones ni sanciones disciplinarias asociadas a su ejercicio profesional. Si hubo descuido, confusión o mala en los datos aportados en la hoja de vida es un asunto que deberán dilucidar la justicia y la Procuraduría.
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