La Dirección Nacional de Inteligencia, servicio secreto del presidente de la República, es la entidad en la que ha sentido con mayor fuerza el movimiento del péndulo político, que se desplazó de la izquierda a la derecha. Por allí pasaron durante la administración de Gustavo Petro tres viejos militantes de la guerrilla del M-19, relevados con la llegada del nuevo gobierno por general (r.) Jorge Andrés Zuluaga López, ex director de la Escuela Charry Solano, recordado como centro de interrogatorio de personas detenidas por sus vínculos con grupos extremistas.
Cuando llegó a su cargo el 9 de septiembre de 2026, nombrado por el presidente Abelardo de la Espriella, el general Zuluaga recibió un informe de empalme de 26 páginas, fechado en julio de 2026, que era más un inventario de sospechas que una entrega de mando.
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El documento tenía la particularidad de que no es producto de unas las auditorías que ha venido practicando el gobierno desde la época del empalme, sino que fue preparado por funcionarios de planta de la entidad y que fueron testigos de los hechos que ellos mismos narran.
El dossier, revelado por Noticias Caracol, describe tres fenómenos que Zuluaga tendrá que enfrentar conjugando, al mismo tiempo, los verbos depurar, responder y reconstruir.
El espionaje a carros de expresidentes
La agencia está acusada de espiar a quienes debía proteger. La acusación más grave tiene que ver con la existencia de un plan para intervenir los vehículos de los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes de la República, incluidos Cesar Gaviria, Álvaro Uribe e Iván Duque.
Según el informe, el gobierno Petro expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, a dos semanas de la segunda vuelta presidencial, para darle a la DNI una función en la asignación de esos vehículos. En la práctica, eso habría permitido preparar los carros con micrófonos y dispositivos GPS, al nivel del más sofisticado espionaje.
El informe también habla de una presunta casa de inteligencia clandestina cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que habría sido desocupada después de las elecciones y borrada de los registros oficiales. También de equipos entregados a funcionarios tras un viaje a Moscú para capacitación del SVR ruso, que podrían contener programas maliciosos.
“Para el señor general Zuluaga, el reto no es solo jurídico. Es de confianza. Si una agencia de inteligencia es percibida como un instrumento de espionaje político, pierde su razón de ser porque ningún presidente, ningún ministro y ningún ciudadano va a compartir información sensible con una entidad que sospecha que los sigue, los graba y los vigila”, comenta una persona que hizo parte del equipo de analistas de la DNI.
Su primera tarea, por tanto, consiste en demostrar que la DNI de hoy no es la DNI del empalme. Eso implica abrir investigaciones internas, separar a quienes resulten comprometidos y, sobre todo, crear un protocolo verificable para que la inteligencia estratégica no se cruce con la vigilancia política.
La huella visible del hacker
Quienes se quedan en el equipo de la Dirección y quienes entran tendrán que evaluar los alcances del daño producido por un hacker que no fue simplemente un fantasma, sino que quiso convertirse en un caballo de troya para atacar el proceso electoral en el que obtuvo su victoria Abelardo De La Espriella.
Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024, es señalado en los documentos internos como coordinador de activistas digitales, bodegueros y hackers y como líder de una red que buscaría atacar los sistemas de la Registraduría para cambiar los resultados de la votación del 21 de junio de 2026. El hacker actuaba mientras Petro insistía, desde la época de la campaña, en que habría un fraude electoral.
Oyola tenía una orden de captura desde el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta, y sin embargo siguió siendo funcionario activo hasta su captura el 6 de noviembre de 2026 en Neiva, en un operativo del Gaula Militar y el CTI por un caso distinto. El hombre había falsificado un título profesional supuestamente expedido por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).
Oyola estaba a cargo del desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC versión 2), el software corazón de la DNI y no lo entregó. Según su versión, perdió en un robo el computador que era su herramienta de trabajado subrepticio.
¿Cómo fue posible que una persona con orden de captura siguiera dentro de la agencia más sensible del Estado durante seis meses? ¿Qué pasó con el SIIC versión 2? Las respuestas que las autoridades encuentren a esas dos preguntas servirían para entender por qué la Dirección Nacional de Inteligencia ha estado privada desde 2024 de una plataforma confiable para registrar sus misiones de trabajo.
El tercer problema denunciado es el único que ya tiene un proceso formal abierta. Por orden del contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, fue abierto un expediente la revisión prioritaria de cinco contratos por $20.783 millones.
Millonarios contratos a revisar
Los contratos incluyen la adquisición de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones, siniestrado en marzo de 2026 y asegurado por solo $900 millones, el diez por ciento de su valor.
Además, la compra de tres sistemas antidrones por $8.340 millones, dos de ellos instalados en camionetas Tahoe 2024 para la Casa de Nariño. Lo mismo que la dotación de 595 computadores por $1.314 millones, registrada en el contrato 043 de 2024, que según el informe no tenían capacidad de equipos corporativos.
Será revisada la gestión para la compra de un sistema biométrico por $580 millones (contrato 053 de 2022), que nunca entró en funcionamiento por incompatibilidad. Lo propio ocurrirá con el mobiliario y dotación para la sede de Funza por $1.549 millones, que incluyó 10 atriles a $14 millones cada uno y camas a $18 millones.
“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos”, declaró el contralor Laverde.
El informe de empalme que recibió Zuluaga no es solo una denuncia contra el gobierno anterior. Es el diagnóstico de una enfermedad que muestra sus síntomas en una agencia sin controles, sin memoria institucional y sin límites claros entre inteligencia, política y contratación.
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