Aunque el país ha pretendido responder en los términos del marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos en lo que corresponde al artículo 26 y a las inscritas disposiciones del artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, pareciera, incluso como agravante, que estas obligaciones solo han venido implementándose de conformidad con las medidas retóricas y lejos de las prácticas.
En términos de pertinencia, la educación debe ser garantizada en una extensión no menor a cualquier Estado soberano, es decir, debe ser otorgada a todo habitante nacionalizado que ocupe un lugar en la geografía del ordenamiento territorial del Estado. Así mismo, la educación tiene que facilitar estructuras generadoras de igualdad y progreso, en donde a través de su implementación sistemática se elimine toda posibilidad de desequilibrio social.
En la actualidad es seguro que la lucha por alfabetizar a los colombianos haya alcanzado cifras que antes era imposible imaginar, pero está claro que hablar de una cobertura decente en desarrollo de la demanda actual, es un intento por legitimar el populismo del político ad portas de la rapiña electoral.
El Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 “Todos por un Nuevo País” promovido e implementado por el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos, asume la educación en los siguientes términos:
“El más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”.
A través de una premisa más que seductora: “Colombia la mejor educada de América Latina en el 2025”.
Si bien es menester del órgano superior del poder ejecutivo establecer los lineamientos para el desarrollo social de la nación, respaldado a través de los resultados previos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, también es obligación del legislativo propender por la garantía constitucional de todas aquellas leyes que insten para ser soporte o vínculo directo con dichos planteamientos, toda vez que es el Congreso de la República quien ostenta las facultades legislativas.
Hoy la constitución incluye la educación en los términos que dispone el artículo 72 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en donde se establece lo siguiente:
“El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. Este plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo”.
En estricto cumplimiento con el ejercicio de la anterior ley, el Ministerio de Educación tiene establecido el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) renovado apenas hace un año, por medio del cual establece la implementación de un plan en función de un mecanismo único de consulta, en el que la educación se convierte en un compromiso de todos los colombianos y uno de los principales temas de la agenda pública.
En esta entrada es notable que la educación es un tema coyuntural en todas las políticas al interior del Estado. Lo que no queda demostrado es la efectividad de las mismas para garantizar el aumento en los índices de calidad, ingreso, sostenimiento y cobertura. Pero ¿por qué?
Veamos un par de ejemplos: como política de gobierno, debidamente respaldada por el Conpes y como medida para lograr los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional, se estableció con apoyo del Ministerio de Educación el programa Ser Pilo Paga (SPP), cuyo propósito fue desde su implementación: fomentar el acceso y la excelencia en la educación superior, a través de créditos condonables en las instituciones de educación superior (IES) acreditadas en alta calidad.
El programa proyectó un indicador para el 2018 de 40.000 estudiantes beneficiados con un aporte inicial de 155.000 millones de pesos por año. Con ello se pensó en estimular a aquellos estudiantes que por méritos académicos y puntajes bajos del Sisbén pudieran estudiar una carrera de pregrado en cualquier universidad de alta calidad del país, siempre y cuando fueran admitidos.
Hay que decir que las IES se facultaron para que actuaran, como es debido, en virtud de su autonomía para seleccionar a los aspirantes, es decir, nunca estuvieron obligadas a recibir beneficiarios de este programa.
Este modelo lleva más de tres años y según el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Educación ante el Congreso de la República, el programa contó para el 2016 con una destinación de recursos de 374.000 millones de pesos, o sea, más del doble de recursos estimados inicialmente por año. Además, estableció que a junio del 2017 solo se han otorgado 31.940 créditos condonables.
En este sentido, se puede hacer un análisis de incremento sobre el costo en la financiación del programa y una estimación negativa de las metas respecto de la población que debía verse favorecida.
Desde esta perspectiva, queda clara la ineficiencia que el programa (SPP) ha desarrollado en consecuencia con su objetivo, obteniendo como resultado el rechazo enfático de algunos analistas y académicos que lo definen como una brecha que fomenta la exclusión y el aumento de la desfinanciación de universidades públicas.
Como es de suponerse, el Estado por su parte, juega su papel de auspiciador del aparente éxito mientras omite su responsabilidad presupuestal para subsanar el abismo fiscal de más de 2 billones de pesos que tienen hoy las 32 universidades públicas del país.
Respecto al debate, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, el Dr. Ignacio Mantilla, manifestó en su columna del 24 de octubre del diario El Espectador, una serie de cambios que él haría al programa, en tanto deja la siguiente reflexión:
“Naturalmente, la cifra del costo es cuestionable, y por tal razón el debate se ha centrado en este punto, ya que con un tercio de lo que reciben las universidades públicas, que forman a 600.000 estudiantes, se financiará a sólo 40.000 estudiantes de SPP (…)”.
Sin embargo, este no es el único problema, pues además de estar fallando en materia presupuestal con vínculo a la universidad pública, hay inconsistencias graves en temas de cobertura en todo lo que se entiende como educación.
De manera que lo que preocupa es: ¿cómo lograr la ambiciosa meta de ser el país más educado de América Latina para el 2025, si ni siquiera los reportes se ajustan a la realidad?
Según las cifras del Ministerio de Educación en su rendición de cuentas final, el año 2016 cerró con 2’394.000 jóvenes matriculados en programas de educación superior, es decir que, el año pasado se contó con una cobertura de 51,5%, avanzando 14 puntos porcentuales respecto de la tasa reportada para el año 2010.
Estas cifras son tan pretenciosas que lejos están de ajustarse a la realidad, pues el número de personas que componen la población juvenil y que establecen la demanda de la educación superior en virtud de la ley estatutaria 1622 de 2013, asciende a 25.514.080 personas, (Cifras tomadas del Sistema Nacional de Información Juventud y Adolescencia de Colombia) es decir, un 52% de toda la población colombiana y una cobertura del 9,4% con respecto a la cifra de matriculados del Ministerio.
De modo que es obvio pensar que tanto el Gobierno Nacional como el Ministerio de Educación, son culpables por omisión de la misma realidad poblacional del país que hoy se acerca a los 50.000.000 habitantes.
¡Hagan cuentas! Pero tengan en cuenta que el programa duplicó el presupuesto para el año pasado, como ya se mencionó, además que a menos de dos meses de terminar este año no se ha logrado llegar a la meta de beneficiarios pactada en principio.
Otro ejemplo de la poca eficacia de las soluciones que se plantean con el propósito de subsanar el problema de la educación, puede evidenciarse en un proyecto de ley radicado por el Senador Luis Fernando Duque García el 26 de junio del presente año ante la Secretaría General del Senado de la República: el proyecto de ley número 39 de 2017 Senado, por la cual se establece “la gratuidad en la educación superior pública y se dictan otras disposiciones”.
Dicho proyecto de ley tiene por objeto: “mejorar el acceso a la educación, estableciendo de manera gradual y progresiva la gratuidad en la educación superior pública de derechos de matrícula, conforme los requisitos que se establecen en la presente ley.”
Los requisitos son: “haber sido admitido en un programa académico de pregrado en una institución oficial de educación superior” y “pertenecer al nivel uno (1) o dos (2) del Sisbén”.
El debate, en primera instancia, es competencia de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República. Allí se deberá tratar el articulado con sus debidas proposiciones, adiciones, sustituciones, etcétera; para votar posteriormente el documento en bloque. Finalmente, de hallar las respectivas ponencias, el proyecto debe ser expuesto ante la Plenaria, donde finalmente se decidirá si se aprueba o se archiva.
Con esta iniciativa se busca ampliar la cobertura de educación de manera progresiva con las capacidades del Estado para lo cual se pretende establecer una cuenta especial sin personería jurídica (Fondo Solidario de Educación) en donde el ordenador aparente del gasto es el Ministerio de Educación.
La financiación para dar pleno cumplimiento al objeto de la propuesta será el producto de contribuciones voluntarias efectuadas por otros gobiernos, organizaciones internacionales, particulares y otras sociedades como entidades financieras y almacenes de cadena. El Estado está comprometido pero no obligado para la delegación de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y de las entidades Territoriales, de conformidad con lo que autorice el Gobierno Nacional.
Ahora bien, revisando el documento se pueden evidenciar fallas de fondo que por sus formas podrían parecer benefactoras.
En un primer momento es fundamental pensar en que no es el acceso a la educación superior en términos de derechos de matrícula el problema principal de los jóvenes de bajos recursos del país, sino que es el sostenimiento durante el periodo académico.
En un segundo momento no se puede resumir el problema solamente a niveles de estratificación inconsistentes como los del Sisbén, sino que también se hace obligatorio analizar los parámetros socioeconómicos en función de elementos como la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria, índices que para el 2016 cerraron cerca de los 18 y 28 puntos porcentuales respectivamente (según estadísticas del DANE).
Generalizando el articulado y la exposición de motivos, el proyecto se muestra demasiado ambiguo y pareciera que lo que pretende es maquillar, como es costumbre, los problemas de facto respecto a la educación.
En el mismo no es posible establecer garantías rigurosas para la implementación “gradual y progresiva” de la gratuidad. No obstante, carece de fundamento jurídico y presupuestal en el sentido de aclarar la participación del Estado, la regulación y administración de los recursos, y las garantías de las contribuciones del sector privado.
En conclusión, aun sabiendo que los honorablísimos políticos de este país trabajan sin cansancio para ofrecer a sus electores las mejores soluciones a la luz de aquellas necesidades fundamentales y no en detrimento de las mismas, es pertinente invitarlos a que contemplen una reforma estructural enfocada en la educación incluyente y absoluta.
En donde la calidad de la formación primaria y media, sin excepción territorial, sea una plataforma efectiva de estudiantes preparados para el ingreso a la educación superior de calidad, y por tanto, formados para el fomento del desarrollo económico y social que tanta falta le hace al país.
No se trata de subsidiar, se trata de fomentar, de facilitar, de garantizar el sostenimiento a través del empleo y, lo más importante; de observar las realidades locales para echarlas a andar en función de las dinámicas mundiales estandarizadas. No al contrario: principio básico del verdadero desarrollo.
Hay que entender que las omisiones nos están saliendo costosas. Hay que sentarnos a reflexionar la historia de la deuda. Hay que exigir a nuestros gobernantes una indemnización sobre el perjuicio causado a todos aquellos que no han logrado educarse. Hay que tener en cuenta a Mandela cuando dijo: “la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”, pues siendo optimistas, en lo que concierne a los colombianos, lo que nos hace falta es organizar la equivocada armería política, porque la educación tiene que ser más que un plan de desarrollo.
