La educación colombiana, el derecho que perdimos hace 23 años

La educación colombiana, el derecho que perdimos hace 23 años

Por: Sergio Tovar Vásquez
marzo 24, 2015
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La educación colombiana, el derecho que perdimos hace 23 años

El actual modelo de educación superior colombiano resalta por no ser tan actual, ya han pasado 23 años desde que se implementó la ley 30 y son bastantes notorias las consecuencias, consecuencias que se originan desde la concepción de educación superior como un derecho no fundamental además de un servicio [1].

La ley 30 de 1992 ha sido rechazada desde su origen por el movimiento estudiantil y no con pocos motivos, pues año tras año las universidades han sufrido la negación de los recursos necesarios para su funcionamiento, como también ha habido un interés constante por parte del gobierno para limitar la capacidad que tienen las universidades para incidir en la toma de decisiones de la misma. Pero esto no es lo más grave.

Hay una apuesta del actual gobierno (el mismo de la paz, la equidad y la educación) por hacer de la educación superior un negocio, no pudo en su reforma a la ley 30 del 2011 pero ahora sí lo está logrando y mucho mejor que antes pues no lo hace únicamente a través del endeudamiento de los individuos con préstamos en el ICETEX sino endeudando a las universidades con órganos multilaterales para que estas puedan financiar los problemas de infraestructura, docente y en general todas las condiciones que competen al desarrollo de condiciones para una educación de calidad. Esto se asocia directamente con el problema de autonomía de las universidades o quien niega que el que pone la plata pone las condiciones y que los bancos que financiarán las IES sacaran el máximo provecho posible a estos préstamos.
La universidad nacional es claro ejemplo, su déficit de inversión es de 91 mil millones de pesos y se le aprobó un cupo de endeudamiento de 200 mil millones de pesos, dentro de siete años cuando tenga que pagar estos intereses estará pagando entre 44 mil y 63 mil millones de pesos (únicamente en intereses). Si en siete años la universidad no tiene como pagar estos intereses, qué condiciones impondrán estos órganos multilaterales para que se pague la deuda, esté problema recaerá directamente en disminución de planta docente o aumento del costo a las matrículas entre otras medidas. Acaso no es esto el ánimo de lucro que se quería introducir en la reforma del 2011. Otro ejemplo es la Universidad Distrital en donde el déficit de funcionamiento de $287.499 se ha reflejado en la tardía contratación docente, ausencia de personal médico en todas las facultades y cobro del componente propedéutico en su facultad tecnológica.

A esto se suma que el gobierno nacional emitió el decreto 055 donde establece que las universidades tienen la responsabilidad de pagar la vinculación a riesgos laborales, también que debido a la mal planeada reforma tributaria se ordena a todas las universidades disminuir sus gastos en un 10%. Entonces si recogemos todo tenemos en materia financiera la disminución constante del presupuesto, desentendimiento del pasivo pensional, responsabilidad de la vinculación a riesgos laborales, orden de disminución en un 10% en gastos y creación de fondos como el FINDETER y FODESEP para el endeudamiento de las universidades.
Y lo último, el proyecto de ley que busca modificar la Ley de Educación, radicado por el representante conservador Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán y que busca fortalecer le educación virtual o modalidad mixta presencial – virtual.

Este es el panorama del modelo educativo que se está implementando en Colombia desde hace 23 años y la profundización en la que se encuentra actualmente, más crisis para las universidades, más deuda y peor calidad educativa. Y si el estudiantado en pleno no se manifiesta en contra de está nefasta política educativa la situación no mejorará por sí sola, por el contrario la crisis se agudizará al punto de que no habrá vuelta atrás, es el momento de que el movimiento estudiantil que nació en el 2011 se manifieste con todo su potencial, hay que volver a las calles y la tarea es demostrar que ningún gobierno de turno no podrá acabar con la educación superior y que el modelo educativo que un país como el nuestro necesita es un modelo para el desarrollo y no un modelo adaptado al subdesarrollo que vivimos.

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