El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, puso sobre la mesa la idea de eliminar las pruebas de admisión a las universidades. Su argumento es que estos mecanismos excluyen y, desde su perspectiva, van en contra del carácter de la educación como un derecho fundamental. Aunque la propuesta aún no se ha formalizado, ya ha encendido un intenso debate y suma voces críticas desde distintos sectores.
Eliminar las pruebas de admisión a la universidad suena, en principio, como una idea noble. ¿Quién podría oponerse a ampliar el acceso a la educación superior? ¿Quién defendería mecanismos que, de hecho, dejan por fuera a miles de jóvenes cada año? Sin embargo, entre la intención y la realidad hay una brecha que la política pública no puede darse el lujo de ignorar.
La propuesta del ministro parte de una premisa correcta, y es que el acceso a la educación superior en Colombia es profundamente desigual. Pero su solución es equivocada. No porque las pruebas de admisión sean perfectas —no lo son—, sino porque eliminarlas no resuelve el problema de fondo y, en muchos casos, lo agrava.
Primero, hay que decirlo sin rodeos: eliminar los filtros no elimina la exclusión, solo la traslada. Si cualquier estudiante puede ingresar a la universidad sin una evaluación previa, el sistema inevitablemente trasladará el filtro a otras etapas: el primer semestre, el segundo o, incluso, la graduación. Esto no es una hipótesis; es lo que ha ocurrido en países que han eliminado los exámenes de ingreso a la educación superior.
En países como Argentina, donde muchas universidades públicas, incluida la Universidad de Buenos Aires, adoptaron sistemas de ingreso irrestricto, el resultado ha sido una altísima tasa de deserción. En algunas carreras, más del 50 % de los estudiantes abandona durante el primer año. El famoso Ciclo Básico Común (CBC), pensado como nivelador, terminó convirtiéndose en un filtro encubierto, ya que no selecciona antes de entrar, pero sí expulsa masivamente después.
Algo similar ocurre en Brasil, donde el sistema ha combinado modelos de ingreso libre en algunas instituciones con mecanismos como el Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM). Las universidades que han flexibilizado el ingreso enfrentan problemas estructurales: sobrecupo, deterioro de la calidad docente y dificultades para sostener trayectorias académicas exitosas en estudiantes con brechas formativas profundas. El resultado no es más equidad, sino más frustración.
En Francia, el acceso abierto a muchas universidades públicas, históricamente sin pruebas estrictas de admisión, ha generado tasas de fracaso masivas en el primer año. Antes de la implementación de reformas recientes como Parcoursup, más del 60 % de los estudiantes no lograba avanzar con éxito en su primer año universitario. El sistema no excluía al inicio, pero sí lo hacía, de manera silenciosa y costosa, después.
Y ahí está el punto central. El problema no es evaluar, sino cuándo y cómo se evalúa. Un sistema que elimina las pruebas de admisión sin corregir las desigualdades previas simplemente posterga el fracaso. Y lo hace en peores condiciones: con estudiantes endeudados, emocionalmente desgastados y con trayectorias truncadas.
La verdadera desigualdad no empieza en la universidad. Empieza mucho antes. Empieza en la calidad de la educación escolar, en las brechas entre lo público y lo privado, en las diferencias territoriales y en el acceso a capital cultural. Pretender que la universidad corrija, por sí sola, lo que el sistema educativo arrastra durante más de una década es no entender la magnitud del problema.
Además, hay un aspecto que rara vez se menciona: la capacidad instalada. Las universidades no son infinitas. Tienen cupos limitados, recursos finitos, docentes que ya trabajan al límite. Abrir el ingreso sin una expansión equivalente en infraestructura y financiamiento no democratiza la educación, sino que la precariza.
Las pruebas de admisión deben revisarse, modernizarse y complementarse. Se pueden incorporar modelos más integrales, como la evaluación de trayectorias escolares, programas de acceso inclusivo, cupos especiales para contextos vulnerables y sistemas de nivelación robustos antes del ingreso efectivo. Países como Chile han avanzado en esa línea, con mecanismos complementarios a la prueba estandarizada que buscan equilibrar mérito y contexto.
Pero eliminar completamente cualquier mecanismo de selección es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, irresponsable. La educación superior es un derecho, sí. Pero también es un proceso exigente que requiere ciertas bases mínimas para ser aprovechado.
La verdadera discusión no debería ser si evaluamos o no, sino cómo construimos un sistema que permita que más estudiantes lleguen preparados a ese momento. Abrir la puerta a la educación superior sin fortalecer el camino que conduce a ella no es inclusión. Es, simplemente, una ilusión estadística.
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