El 28 de febrero de 2019, la Corte Constitucional de Colombia convocó una audiencia pública sobre la libertad de expresión en las plataformas digitales. Todos los sectores políticos, académicos y ciudadanos celebraron esta iniciativa del máximo ente de la jurisdicción constitucional por la importancia que revisten las redes sociales en tópicos como la opinión pública, la intimidad, la pornografía infantil y el terrorismo.
Google y Facebook, en intervenciones cortas y técnicas, fueron claros en que dada la estructura empresarial de sus organizaciones, donde se mueven millones de usuarios al día, miles de publicaciones de vídeos, fotos, información, es materialmente imposible realizar un control de los contenidos. Además, que no se podría realizar esto a riesgo de ejercer censura y de extralimitarse en acciones que corresponden a la rama judicial, tal y como la Corte Constitucional lo ha reiterado en sus múltiples jurisprudencias.
Ahora bien, más allá de las políticas y mecanismos que tengan Facebook, YouTube, Instagram para eliminar publicaciones que resulten ofensivas, las redes sociales no reemplazan el Estado, ni son jueces en los debates de legalidad, ni pueden serlo por su naturaleza privada y corporativa con intereses económicos. En este orden de ideas, resultó desafortunada la intervención del procurador Fernando Carrillo, que fue retórica, desinformada, subjetiva y anclada en cierta superioridad generacional. No tiene justificación que la máxima autoridad del Ministerio Público, en una audiencia pública donde se pretenden dar luces para resolver casos jurídicos concretos, utilice expresiones como “tecnofobia”, “dictadura de los datos”, “dictadura de los algoritmos”. El alto funcionario se ubica en una voz del hablante dictatorial y absolutista que parece desconocer las redes sociales han contribuido a la defensa de causas liberales y donde la información se ha descentralizado y democratizado, de manera que puede ser usada por el corredor de bolsa de Wall Street y el líder indígena del Amazonas.
Si no fuera por las redes sociales, los ciudadanos estarían condenados a interpretar el mundo según la visión de los canales privados de televisión sujetos a intereses. Se tendría una sola visión sobre la crisis de Venezuela, la Franja de Gaza y la tensión entre India y Pakistán por Cachemira. No existiría el MeToo que unió miles de mujeres en el mundo en torno al rechazo al abuso sexual. Las plataformas que divulgan artistas independientes que no hacen parte de las redes de contactos exclusivas no tendrían sentido. El movimiento político por el sí en el plebiscito y la oleada política que permitió sacar ocho millones en las pasadas elecciones no hubiesen sido posibles, en este caso por los medios de comunicación tradicionales, anclados en la manipulación y la demagogia.
El Ministerio Público en cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales debe tener una visión amplia y contribuir a la discusión dando herramientas interpretativas para que los jueces de tutela y otras autoridades, como la Superintendencia de Industria y Comercio, puedan resolver los casos concretos y subsanar la tensión entre la libertad de expresión, el buen nombre, la honra, la intimidad y los crímenes de odios. No puede ser garantista con un discurso decimonónico y unívoco.
