El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis estructural que compromete el derecho fundamental de millones de ciudadanos. No solo la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los retrasos en los presupuestos máximos y la incapacidad del Gobierno para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional han generado un colapso financiero, sino que las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) han jugado un rol crítico al abusar de la falta de controles efectivos. Esto llevó a la precarización del trabajo de los profesionales de la salud, a una integración vertical hacia sus propios proveedores y a una insuficiencia de especialistas que deterioró la calidad y oportunidad de la atención. Además, el uso excesivo de la tutela como mecanismo para garantizar servicios evidencia las fallas de un sistema que, combinado con la inacción del Ejecutivo y una reforma hacia la estatalización, podría agravar aún más la crisis en lugar de resolverla.
Una crisis alimentada por la inacción y la gestión deficiente
El déficit financiero del sistema de salud no es un fenómeno reciente. Entre 2021 y 2024, el rezago en la UPC acumula más de $15.5 billones, mientras que las deudas por presupuestos máximos superan los $2.8 billones, según estimaciones de gremios y expertos. La Corte Constitucional, en autos como el 2049 de 2024 y el 007 de 2025, ha ordenado al gobierno equilibrar la UPC, liquidar pagos pendientes y ajustar su cálculo a las necesidades reales del sistema. Sin embargo, la respuesta ha sido tibia: el ajuste del 5.36% para la UPC en 2025 no compensa ni siquiera la inflación (5.2%), mucho menos los costos crecientes de un sistema que atiende a una población envejecida y con mayor demanda de servicios.
Esta inacción tiene consecuencias tangibles. En el último año, 955 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) cerraron sus puertas y 4,490 servicios médicos desaparecieron, según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). La deuda con proveedores farmacéuticos ha interrumpido el suministro de medicamentos esenciales, afectando especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo. El gobierno justifica su lentitud con limitaciones presupuestales y problemas de información, pero esto no exime su responsabilidad de garantizar un derecho constitucional.
Actos que agravan el problema
Más allá de la inacción, las decisiones del gobierno han contribuido al deterioro. La intervención de EPS como Nueva EPS y Sanitas, bajo el argumento de proteger a los usuarios, ha generado incertidumbre en el sector sin resolver los problemas de fondo. La falta de claridad en la gestión de estas entidades intervenidas ha desincentivado la inversión privada y ha tensionado aún más la cadena de pagos. Asimismo, el manejo opaco de los recursos del Fondo de Estabilización de Cartera (FONSAET) —creado para mitigar la crisis— ha sido criticado por su lentitud y falta de impacto real.
La reforma: un giro hacia la estatalización con riesgos evidentes
En este contexto, el gobierno impulsa una reforma al sistema de salud que busca centralizar la gestión en el Estado, eliminando el rol de las EPS como intermediarias y trasladando funciones clave a la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), una entidad existente que se planea fortalecer. Si bien la propuesta se presenta como una solución a las fallas del modelo actual, su diseño plantea serias dudas sobre su viabilidad y efectos.
Primero, la estatalización no aborda la raíz del problema: la insuficiencia de recursos. Sin un aumento sustancial del presupuesto —que el gobierno no ha detallado cómo financiar en medio de una economía con crecimiento lento y alta informalidad (62% de la fuerza laboral)— la centralización solo trasladará las deudas y déficits a una entidad pública con historial de ineficiencia. Segundo, la eliminación de las EPS, sin un plan claro para reemplazar su capacidad operativa, podría colapsar la atención primaria y la red de prestadores, especialmente en zonas rurales donde el Estado ha mostrado incapacidad histórica para llegar.
Experiencias internacionales refuerzan estas preocupaciones. En Venezuela, la estatalización del sistema de salud derivó en desabastecimiento y deterioro de la infraestructura; en México, el INSABI (sucesor del Seguro Popular) enfrentó problemas de corrupción y falta de cobertura tras su centralización. En Colombia, el antecedente del Seguro Social —que quebró por ineficiencia y politización— sugiere que el Estado no está preparado para asumir un rol tan dominante sin reformas previas en transparencia y capacidad administrativa.
Un camino hacia el agravamiento
Lejos de solucionar la crisis, la reforma propuesta podría exacerbarla. La transición hacia un modelo estatalizado, sin un financiamiento sólido ni una estrategia para fortalecer la red de prestadores, generando un vacío operativo que deje a millones sin atención oportuna. La falta de medicamentos y servicios, hoy atribuida a las EPS, podría convertirse en un problema sistémico bajo un Estado que no ha demostrado capacidad para gestionar eficientemente un sistema de esta magnitud.
Conclusión: la necesidad de un enfoque realista
La crisis del sector salud en Colombia es resultado tanto de la inacción como de los actos fallidos del gobierno. La UPC desfinanciada, los pagos atrasados y la intervención desordenada de EPS han agravado una situación que afecta a los más vulnerables. Sin embargo, la reforma hacia la estatalización, en lugar de ser una salida, amenaza con profundizar el colapso si no se acompaña de recursos suficientes, transparencia y un fortalecimiento real de la infraestructura sanitaria. Urge un enfoque objetivo: equilibrar la UPC como ordena la Corte, sanear las finanzas del sistema y priorizar la atención al paciente sobre experimentos ideológicos. A esto se suma la responsabilidad del sector privado, cuya precarización laboral y abuso de la integración vertical han debilitado la atención. Sin corregir estas fallas, el derecho a la salud seguirá siendo una promesa incumplida.
Por ello he propuesto un sistema dual que al igual que en el sistema de seguridad social en pensiones, combine un modelo público y uno privado que explicaré en un artículo separado.
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