El debate público se ha concentrado en la permanencia de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol. Sin embargo, esa discusión, siendo grave, se queda corta. El verdadero problema de gobernanza en la principal empresa de Colombia no se limita a su presidente. También alcanza a la conducción de su junta directiva.
Porque si algo ha quedado claro en los últimos meses es que Ecopetrol no solo enfrenta cuestionamientos por su presidente. También enfrenta una crisis evidente de criterio en su órgano de gobierno. Y esa crisis tiene un símbolo claro: la presidencia de la junta en manos de la psicóloga Ángela María Robledo.
Fue profesora universitaria, investigadora en temas sociales y congresista durante varios periodos. Su trayectoria política y académica puede ser respetable dentro del mundo de las ciencias sociales o del debate legislativo. Porque el problema no es personal. Es institucional.
Las grandes petroleras del mundo, ExxonMobil, Shell, BP o incluso Petrobras, suelen reservar la presidencia de sus juntas para personas con décadas de experiencia en energía, ingeniería petrolera, mercados de hidrocarburos o gobierno corporativo de grandes compañías. No es una cuestión de títulos. Es una cuestión de conocimiento del negocio. La impericia de Ángela María Robledo nos está costando mucho dinero a los contribuyentes.
Un presidente rodeado de investigaciones
Ricardo Roa no llegó a Ecopetrol desde el mundo petrolero sino desde la política. Antes de asumir la presidencia de la compañía fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Ese antecedente ya había generado inquietudes en algunos sectores sobre la independencia entre política y gestión empresarial.
Pero el problema se agravó cuando empezaron a surgir investigaciones relacionadas con la financiación de esa campaña presidencial. Las autoridades han revisado irregularidades relacionadas con aportes no reportados, el origen de algunos recursos utilizados durante la campaña e inconsistencias en la contabilidad electoral presentada ante los organismos de control.
Y eso es precisamente lo que hoy divide a la junta directiva. Cinco miembros del gobierno consideran que Roa debe continuar. Cuatro creen que su permanencia puede afectar la reputación institucional de la compañía. El solo hecho de que esa discusión exista ya es una señal de alerta.
Una junta que paga consultores para decidir
En cualquier empresa con estándares sólidos de gobierno corporativo, esa división se resolvería con una decisión clara de la junta. Pero en Ecopetrol la historia tomó otro rumbo. En lugar de decidir, la junta optó por contratar asesorías externas internacionales para que evaluaran si la permanencia de Roa representa un riesgo para la empresa.
La cifra resulta difícil de ignorar. Ecopetrol terminó destinando cerca de 5,8 millones de dólares, aproximadamente $21.400 millones de pesos, para que una firma internacional respondiera una pregunta que la propia junta debería haber podido resolver con su propio criterio de responsabilidad. Es decir, millones de dólares para que terceros respondieran algo que los propios directores deberían estar en capacidad de analizar. Y aun así la discusión sigue abierta.
Todo esto ocurre mientras los miembros de la junta reciben honorarios que no son precisamente simbólicos. Cada sesión puede representar en honorarios entre 8 millones de pesos por integrante. Se reúnen en promedio dos veces por mes, y además hay que sumarle pagos adicionales por participación en comités. En términos anuales, cada miembro puede superar fácilmente los 250 millones o incluso más. Se estima que, para el caso de Ricardo Roa, han ido unas seis veces extraordinariamente.
Cuánto nos cuesta Roa a los colombianos
En medio de cuestionamientos, investigaciones y una junta dividida sobre su continuidad, el costo de sostener a Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol adquiere otra dimensión. Si se suma su salario estimado de $125 millones mensuales con una consultoría para ver si todos esos señalamientos e imputaciones de la Fiscalía General afectan la reputación de la empresa, es decir para sostenerlo, se han pagado $21.400 millones. En 36 meses que lleva, los contribuyentes estaríamos pagando en promedio mensual por los dos conceptos aproximadamente $720 millones mensuales.
Cuando una decisión empresarial se lleva a la Casa de Nariño
El episodio se volvió todavía más preocupante cuando empezó a circular la posibilidad de consultar al presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el futuro del presidente de Ecopetrol. Llevar esa discusión al despacho de Gustavo Petro rompe uno de los principios básicos del gobierno corporativo moderno: la independencia de las juntas directivas frente al poder político.
Ecopetrol puede tener al Estado como accionista mayoritario, pero también tiene 500.000 accionistas privados y cotiza en mercados internacionales. Eso implica estándares claros de gobernanza. Las decisiones sobre la continuidad de su presidente deben tomarse en la junta directiva, no en la Casa de Nariño. Cuando una junta considera necesario consultar al poder político para resolver una decisión empresarial, lo que está admitiendo es una preocupante falta de criterio propio.
Una empresa como Ecopetrol no puede darse el lujo de tener un presidente cuestionado y una junta incapaz de tomar decisiones claras. Menos aún, una junta presidida por alguien que nunca ha estado cerca del negocio petrolero. Porque cuando la mayor compañía del país aparece atrapada entre investigaciones políticas, asesorías millonarias, decisiones aplazadas y 5 de los 9 representantes que defienden lo indefendible, el problema deja de ser administrativo y despierta toda clase de preguntas.
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