Son conocidas las causas de la crisis eléctrica en el Caribe colombiano. Hace treinta años los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana coincidieron en liquidar a la Corporación Eléctrica de la Costa, Corelca, empresa industrial y comercial del Estado que atendía la generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio eléctrico en esta región del país. Era como una especia de EPM de Medellín en la Costa. En el año dos mil llegó la empresa española Unión Fenosa a hacerse cargo de la distribución y comercialización de energía en la Costa a través de la empresa Electricaribe, privatizada.
La primera acción de Unión Fenosa fue desmontar miles de kilómetros de redes de cobre en los siete departamentos de la Costa, que había levantado Corelca, para llevárselas a Europa, haciendo una inmensa fortuna, y cambiando dichas redes de cobre por aluminio de baja calidad, lo que deterioró la condición del servicio hasta el día de hoy. En noviembre de 2016, Electricaribe incurrió en limitación de suministros de energía, conducta que consiste en que, por no pagar las deudas por compra de energía a los generadores, estos no le entregan más energía, por lo que íbamos para un apagón.
Por estas razones, la Superintendencia de Servicios Públicos intervino y administró la empresa durante cuatro años, hasta que, en el año 2020, en época del covid-19, el gobierno de Iván Duque dividió la empresa en dos y la enajenó, una parte a AIR-E en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, y la otra a AFINIA-EPM, en los otros cuatro departamentos de la Costa. Pero, según se comenta en vastos sectores de opinión “fue peor el remedio que la enfermedad”.
En la campaña presidencial de 2022 el entonces candidato Gustavo Petro se comprometió a echar atrás el régimen especial tarifario que el presidente Duque hizo aprobar del Congreso, con la anuencia de la bancada costeña. La dañina medida elevó las tarifas eléctricas por encima de las del resto del país, cobrando a los usuarios los fraudes y hurtos, las inversiones futuras en forma anticipada y una sobretasa en la comercialización del 20%. Este régimen confiscatorio encendió la protesta social como nunca, ocasionando la más grande movilización de diez mil usuarios de todos los departamentos del norte del país el 4 de abril de 2024. A la vez, se dieron foros, plantones y audiencias públicas. Los personeros distritales de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha presentaron una Acción Popular ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual, con medidas cautelares, le ordenó al gobierno de Petro a través de la CREG eliminar el régimen tarifario especial, del cual solo queda hoy vigente la sobretasa del 20% en la comercialización, prorrogada dos años más por la Resolución 40505 de 2025 del Ministerio de Minas, a cargo de Edwin Palma Egea.
La hermosa región caribeña tiene la infraestructura eléctrica más atrasada de Colombia y el gobierno actual, en vez de mejorarla, como se comprometió, la va a entregar más disminuida. Una prueba fehaciente está relacionada con la subnormalidad eléctrica, aquella infraestructura construida por la misma comunidad en forma artesanal y antitécnica. En 2019, según la agente interventora de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas, estaban en subnormalidad eléctrica en esta región 281.000 familias, distribuidas en 162 municipios y en 1.559 barrios de los siete departamentos caribeños. Acudiendo a varias fuentes, entre ellas a la inteligencia artificial, a fines de 2025 las familias en esta condición paupérrima llegaron a 346.561, aumentando en 65.567 familias nuevas en subnormalidad eléctrica. El fenómeno concuerda con datos que nos suministró un alto directivo de AIR-E en el sentido de que esta anacrónica condición aumenta el 5% anual, en vez de disminuir. Otro dato concluyente y que es reconocido por las empresas eléctricas es que el 92% de la subnormalidad eléctrica del país está en la Costa Caribe.
La situación solo es susceptible de mejoría con inyección de recursos oficiales, ya sea a través del Fondo de Regalías Mineras que tiene sustento en el Plan de Desarrollo y lo ha defendido la Liga de Usuarios. Pero la salida a la crisis se complica porque el gobierno actual, que intervino y asumió la administración de AIR-E hace año y medio, no le ha querido inyectar recursos como lo ordena la Ley 142 de 1994, lo que la tiene en la insolvencia económica y con trazas de colapsar, ya que no ha podido pagar las deudas billonarias con generadores y transmisores eléctricos por cerca de dos billones de pesos, lo cual podría llevar a un apagón.
Las salidas propuestas tienen que ver, primero que todo, con estabilizar a la empresa AIR-E inyectándole liquidez y con que el gobierno pague las deudas por subsidios a AFINIA por cerca de un billón de pesos. Es en esencia un problema de recursos y de una política pública del sector eléctrico de largo plazo. Además, implementar inversiones por cinco billones de pesos hasta el año 2030 en toda la región para salir del atraso tecnológico, sumas con las que se comprometieron estas dos empresas y, en el mediano plazo, crear una nueva empresa pública o mixta de energía de carácter regional con una fusión de AIR-E, AFINIA y las empresas eléctricas oficiales de la región como Gecelca, Urrá y Transelca. Para hacerlo factible se requiere voluntad política del gobierno nacional, la cual brilla por su ausencia, lo que hace patético el fracaso del gobierno actual en la política eléctrica para el Caribe colombiano. Los avances que ha habido con las energías alternativas, como la solar, no se pueden soslayar, pero están relacionados con la generación eléctrica a cargo, principalmente, del sector privado, todavía limitada, porque el atraso principal está en las redes de distribución y de transmisión.
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