La corrupción que destruiría a Emcali

Una denuncia que espera abrir un gran debate público, aunque al final la palabra la tenga la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría, la Contraloría y las veedurías

Por: Horacio Duque
abril 25, 2019
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La corrupción que destruiría a Emcali
Foto: emcali.com.co

Desde mi perspectiva, los problemas financieros del sector de las telecomunicaciones de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) se han convertido en el caballito de batalla del alcalde Armitage y del gerente de dicha empresa para ambientar su privatización y entrega a los pulpos globales (Claro, Movistar, etc.). Este jugoso negocio en perjuicio de los intereses y derechos de la ciudadanía caleña, especialmente de sus sectores más débiles y vulnerables.

No obstante, el asunto es más complejo y debe considerar otros elementos que los anteriores funcionarios evaden olímpicamente. Me refiero al clientelismo que se promueve, a los problemas heredados desde el contrato de Termoemcali y a los procedimientos mediante los cuales se adjudican directamente multimillonarios contratos para favorecer turbios negocios y amigos privilegiados.

En efecto, los dirigentes sindicales de Emcali han denunciado ampliamente los presuntos acuerdos del alcalde y el gerente de Emcali con los concejales para contratar recomendados políticos de estos últimos y así garantizar su continuidad en la corporación edilicia y sus feudos podridos en la administración y Emcali, base de sus patrimonios electorales.

Lo de Termoemcali es siniestro. Allí una tradicional y poderosa familia de Cali montó un descomunal fraude al interés común de los caleños por una suma cercana a los 3 billones de pesos de hoy, que aún se paga de manera onerosa vía tarifas y mayores costos para los usuarios.

En 1993, durante su alcaldía, el médico Rodrigo Guerrero hizo parte de la conformación de Termoemcali, a través de Emcali y su gerente Álvaro José Cobo, con la participación de la firma norteamericana Makomacigowski.

El 23 de marzo de 1995, Jorge Eduardo Cook, el ministro de Minas de Ernesto Samper, rechazó el acuerdo hecho donde se planeaba la producción de 2016 gigavatios de energía con una inversión de $172 millones de dólares, por no ser el resultado de una licitación pública. Cook argumentó en su oposición que Emcali no podía ser al tiempo distribuidor y generador de energía. Aún así, Emcali firmó el contrato que comprometió a la entidad a comprar energía durante 20 años.

El proyecto superó el obstáculo con el cambio de ministro, cargo al cual llegó el caleño Rodrigo Villamizar González, quien permitió el proyecto Termoemcali y le dio el aval. La formalización de ese contrato para comprar energía derivó en un verdadero descalabro financiero para Emcali, pues esta tenía que desembolsar $4.5 millones de dólares mensuales ($48 millones de dólares anuales desde 1995) para contar con la capacidad disponible de generación de Termoemcali, así la planta estuviera quieta.

En Termoemcali la ciudad vio esfumar la cifra más alta de su historia. Más de $1000 millones de dólares salieron de su tesorería en la época. La venta del 93% de las acciones materializó el gran detrimento patrimonial de Emcali, que hubiera podido ser mayor si no se enajena, proceso financiero causante de la quiebra histórica de Emcali.

Posteriormente, vino su intervención por la Superintendencia de Servicios, la expedición de un Conpes para su regreso a la alcaldía y ahora tenemos este embrollo que busca la salida de la privatización para un gran negociado de viejos cacaos de la oligarquía caleña.

Ahora Armitage y su gerente insisten en culpar al movimiento sindical de ser los artífices de los males de Emcali, pero eso es una cortina de humo para encubrir nuevos negociados como el que se denuncia por los valientes sindicalistas sometidos al asedio por fuerzas oscuras de la mano negra caleña.

La cosa es así.

Con la formalización del contrato con Inmel Ingeniería SAS, directivos del Sindicato Unión Sindical Emcali (USE), encabezados por el abogado Harold Viáfara, hicieron denuncia penal en contra del gerente general de Emcali y los firmantes del convenio comercial por supuestamente no cumplir los requisitos legales, por prevaricato por acción, por falsedad ideológica en documento público y por violación de la libertad de trabajo.

El ingeniero Gustavo Jaramillo Velásquez (actual gerente) y la ingeniera Ángela María Gutiérrez Giraldo firmaron junto al señor Luis Guillermo Vélez Uribe (representante legal de la empresa Inmel Ingeniería S.A.S) el pacto comercial número 500 AC-07 81 del 2019, sin convocar la respectiva licitación o convocatoria pública. Todo lo hicieron mediante contratación directa o convenio comercial de menor cuantía.

Da la impresión de que la intención de los funcionarios era eludir la normatividad legal en materia de contratación pública, pues se trata de un contrato de mayor cuantía con la ejecución de los servicios que Emcali ha cumplido en los últimos años, en las tareas del componente de energía.

“Emcali e Inmel, firmaron un contrato para que el segundo ejecute unos servicios, a través de unos clientes y es precisamente lo que se le ha cedido al contratista: la entrega de unos activos. Se ha obviado la licitación bajo la figura de la contratación directa, en una simulación de acuerdo comercial, sin precisar el valor del contrato, indeterminado pero que los estudios de Emcali, deben determinar, incluyendo el valor de los mismos y por consiguiente es fácilmente identificable el valor de la contratación. En el evento en que no se hayan hecho los estudios previos, la contratación directa podría estar fallida” (ver).

Este contrato comercial con Inmel se ha hecho a cinco años más un día, con unas pólizas irrisorias de $25 y $20. ¡Qué novedoso carrusel de la contratación! Lo más grave de todo esto es que a Inmel se le entrega un mercado de energía que ha construido Emcali por más de 60 años. Esa es la esencia del neoliberalismo.

Con este leonino contrato se abre otro gran debate público en Cali y la palabra la tienen la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las redes de veeduría ciudadana.

 

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