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Terminó una semana más sin que sepamos aún cuán desvirtuados quedarán en el Senado los escasos derechos laborales que lograron sortear satisfactoriamente su paso por la Cámara de Representantes. Creemos que mucho, como está quedando evidenciado al permitir esta célula la introducción de artículos como los que autorizan la contratación por horas y la reducción de la semana laboral a cuatro días, de cuyos contenidos se pegarán muchos empresarios para burlar algunos derechos, que ahora quedarán convertidos en letra muerta, como el de la jornada máxima de trabajo y la diferenciación entre jornada diurna y nocturna.
Confirmación también de tal desvirtuación es el que se le niegue carácter laboral al contrato de los aprendices del SENA o no se reconozca a las mujeres en ejercicio de licencias de maternidad el derecho a contar con el acompañamiento de sus esposos.
Pero terminó también esta semana con la certeza de que, si las Cortes no dicen lo contrario, el 7 de agosto estaremos los colombianos dando respuesta a la consulta popular con la que busca el Gobierno corregir los aspectos regresivos insertados en el Senado a la mencionada reforma.
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A esta consulta se le han presentado contradictores de filiación tan marcadamente derechista que ya ese solo hecho da para que quienes comulgamos con principios mínimos de equidad social nos pongamos firmes en la defensa de su realización. Ni de fundas podemos dar pie para que por ponernos con ambigüedades se nos confunda con tan cuestionables personajes, o que sean ellos los que resulten vencedores en esta puja por una legislación laboral más acorde con la necesidad de reducir nuestra vergonzosa brecha de desigualdad social.
Este decreto abre las puertas a la ciudadanía para que exprese su parecer sobre las nuevas normativas que deben incorporarse al Código Laboral, ya que devuelven a los trabajadores derechos que antes habían tenido o por los cuales han luchado históricamente. Irónicamente, a quien convoca al pueblo para que se exprese lo llaman dictador y democráticas a las instituciones que pretenden silenciarlo.
Bien es cierto que las vicisitudes que ofrece el futuro inmediato son muchas, pero dan la oportunidad para tensar las fuerzas de las organizaciones y partidos de origen y con propósito popular, que son a los cuales les corresponde la responsabilidad de hacer que sea el pueblo el que verdaderamente ejerza esa soberanía que le reconoce la Constitución. Solo de un ejercicio constante de tal soberanía puede depender el que podamos llegar a ese punto de la historia en que las castas dominantes no puedan seguirlo gobernando como hasta entonces y él asuma en respuesta el pleno control de su destino.
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