Justicia Especial para la Paz: un asunto político

Justicia Especial para la Paz: un asunto político

La naturaleza de este tribunal no está sujeta a la justicia ordinaria, lo que le da un carácter muy distinto al funcionamiento de la rama judicial del poder público

Por: Tiberio Gutiérrez
junio 27, 2018
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Justicia Especial para la Paz: un asunto político
Foto: Las2orillas

Una de las columnas vertebrales del acuerdo de paz del Teatro Colón fue el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, la llamada Justicia Especial para Paz (JEP), cuyo principal objetivo es la reparación a las víctimas del conflicto, y cuyos elementos constitutivos son la especialidad y originalidad del conflicto armado colombiano, y su funcionalidad temporal, transitoria, es decir delimitada a un determinado número de años, para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por todos los actores del conflicto armado, con el fin de determinar, de una vez por todas, la responsabilidad de la insurgencia, de la fuerza pública y de los terceros civiles vinculados en una u otra forma a los crímenes de guerra considerados por Derecho Internacional Humanitario, según el Protocolo II de los Acuerdos de Ginebra.

Es pues un tribunal especial y temporal, cuya naturaleza eminentemente política, no está sujeta a la justicia ordinaria, lo que le da un carácter muy distinto al funcionamiento de la rama judicial del poder público.

Desde el comienzo de las negociaciones, el Centro Democrático, es decir, el senador Álvaro Uribe Vélez, y el hoy presidente electo Uribe-Duque, se han opuesto a que los miembros de las Farc vayan al Congreso de la República (5 al Senado y 5 a la Cámara) sin antes pasar por el tribunal de la JEP, y que si son condenados deberían darle su representación a otros designados para su función parlamentaria mientras los condenados cumplen su pena.

Durante la pasada campaña electoral, el electo presidente Uribe-Duque afirmó con toda claridad que respetaría los acuerdos de La Habana, pero sometiéndolos a unos retoques y reformas indispensables, porque, pensaba Uribe-Duque, que no era posible ni mucho menos constitucional que criminales de lesa humanidad, condenados por el tribunal de la JEP, actuaran como senadores o representantes y al mismo tiempo estuvieran pagando condenas por sus delitos, puesto que este proceder, a su modo de ver, era nada más ni nada menos que consagrar la impunidad para los delincuentes de las Farc.

En este sentido, fueron precisamente los representantes y senadores de Cambio Radical (Vargas Lleras) y del Centro Democrático (Uribe-Duque) los que se encargaron de engavetar el proyecto de ley de procedimiento para el funcionamiento del tribunal de la JEP, por lo cual esta es la hora en que los 5 senadores y los 5 representantes de las Farc, no han podido definir su situación jurídica en esta institución, faltando veinte días para posesionarse el 20 de Julio, día de la inauguración del nuevo Congreso.

Ante semejante berenjenal armado a propósito por Uribe-Duque, el presidente Santos le pidió al Congreso evacuar lo más pronto posible la ley de procedimiento para el funcionamiento de la JEP, pero los senadores y representantes de Uribe-Duque, teniendo en cuenta la nueva realidad política producida en las elecciones del 11 de marzo, y fundamentalmente el resultado electoral de la segunda vuelta, han optado por continuar con el saboteo desvergonzado e inmoral de seguir obstaculizando por todos los medios la funcionalidad de la JEP, argumentando “jurídicamente” que si el Tribunal se da su propia norma de funcionamiento, estaría creando un “choque de trenes”, y poniendo en riesgo la seguridad institucional de la República.

La situación la han puesto tan complicada estos comediantes de oficio que, no obstante la sencillez del acuerdo, el presidente electo cumpliendo mandato de su jefe político, visita a la presidenta del tribunal de la JEP, Dra. Patricia Linares, para aclarar la situación y exponerle unas “inquietudes”, en una ostensible intromisión en la independencia y autonomía de los poderes públicos, “inquietudes” que la Presidenta Linares resolvió conforme a derecho, diciendo que la norma procedimental la podía establecer el mismo Tribunal de acuerdo con la Constitución y las Leyes vigentes sobre la materia.

En el mismo sentido se manifestó el comandante de la Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, cuando dijo que la reglamentación de la JEP se debería acatar y preservar tal como quedó acordada, defendiendo la estabilidad jurídica de 2.300 militares que ya se han acogido a la JEP, y refiriéndose específicamente a la creación de una Sala Especial para el juzgamiento de los Militares, petición del presidente de los militares retirados, y secundada por los senadores y representantes del Centro Democrático, es decir, del presidente electo Uribe-Duque, con el argumento de que los integrantes del Tribunal no le inspiran ninguna confianza porque están influidos ideológicamente por las Farc.

¿Por qué Uribe-Duque no quiere este sistema de justicia transicional, para la reconciliación de los colombianos, argumentando la impunidad para los miembros de las Farc? Elemental: este sistema de justicia no se hizo solamente para las Farc, sino para juzgar a todos los actores del conflicto armado, ya sean militares, guerrilleros y terceros civiles que tienen responsabilidades sobre delitos de lesa humanidad y graves delitos de guerra, por lo cual en realidad, Uribe-Duque no está contra la impunidad de las Farc, sino defendiendo su propia impunidad y la de sus allegados más cercanos, lo que explica su propuesta de reforma de la justicia, en relación con los mal llamados “falsos positivos”, verdaderos crímenes de Estado contra 3.000, 8.000, jóvenes indefensos, carne de cañón como premio para los militares, por el número de bajas dadas en combate a la guerrilla, en hechos criminales que tienen un verdadero responsable: el hoy senador y expresidente y la exministra y hoy vicepresidenta de la República.

De tal manera que no le demos más vueltas al asunto: la Justicia Especial para la Paz es ante todo un asunto político, un escenario para la reconciliación de los colombianos, y como tal, las fuerzas democráticas deberán pronunciarse en las plazas públicas de Colombia, en el Congreso de la República, en las medios de comunicación, y en todos los escenarios posibles, desenmascarando la manipulación de la sociedad que quiere hacer desvergonzadamente el presidente electo Uribe-Duque.

“Si este es el desayuno, cómo será el almuerzo, mejor me voy a vivir al África, porque prefiero que me gobierne un tigre y no un marrano, mucho cuidado, porque aquí no va a gobernar un marrano sino un tigre”.

 

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