Veintiocho años de persistencia llegan ahora a un escenario definitivo: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Jahel Quiroga, una de las sobrevivientes de la Unión Patriótica, interpuso su primera demanda ante la CIDH en Washington en 1993.
Fue el primer paso para que el Estado reconociera su responsabilidad en el genocidio de la U.P. Uno de sus mayores logros: que el ex presidente Juan Manuel Santos pidiera perdón público en nombre del Estado en un acto relacionado con la firma del acuerdo de paz en 2016. “Quiero expresar que el exterminio y desaparición de la Unión Patriótica jamás debió haber ocurrido; y reconocer que el Estado no tomó las medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos”.
Jahel Quiroga nació y creció en Tolima, uno de los epicentros de la violencia política liberal conservadora de los años 50, donde su padre fue atacado por adversarios que lo dejaron mal herido en la plaza pública. Aprendió lo que le enseñaron en la casa y en la escuela: no dejarse intimidar y trabajar siempre por la justicia.
En 1989 enterró a su compañero de movimiento y militante del Partido Comunista Jorge Orlando Higuita Rojas, con quien compartían curul en el Concejo de Barrancabermeja. En las pocas entrevistas que ha dado, evoca siempre el asesinato de su compañero en un establecimiento de comidas rápidas “Hamburguesas de la 10”, del cual era propietario. Desde el momento en que lo despidió “me juré a mí misma que este crimen no quedaría en la impunidad”. Y a eso le ha dedicado casi treinta años de su vida.
Jahel Quiroga es una sobreviviente. No sólo de la masacre de la Unión Patriótica, sino también de las persecuciones y atentados que durante las últimas dos décadas han amenazado su vida. En 1992 fue elegida Concejal de Barrancabermeja pero las amenazas no le permitieron terminar su periodo: intentaron asesinarla y la confundieron con una colaboradora de Credhos, la organización de derechos humanos que ella misma había ayudado a fundar con otros líderes sociales y políticos.
En 2006 fue asesinado en Bogotá uno de sus escoltas, le dispararon frente al edificio en donde vive. Y al año siguiente se descubrió un plan para asesinarla por parte del autodenominado “Bloque Capital”, grupo paramilitar que operaba en la ciudad de Bogotá.
La han seguido de manera ilegal agentes del Estado y le han intentado montar procesos por rebelión que la Fiscalía ha terminado archivado por falta de mérito para investigar.
La persecución no para y el 2020 no fue diferente: fue amenazada en un panfleto firmado por las Águilas Negras, tildada de ser una guerrillera al servicio del castro chavismo, con un ultimátum de treinta días para dejar el país.
Nueva amenaza con el logo para operaciones encubiertas “Águilas Negras”. Esta vez son amenazados @AntonioSanguino, @AlirioUribeMuoz, @LeonVaLenciaA, @diogenesorjuela, @DavidFlorezMP, JahelQuiroga, @NachoGomex: pic.twitter.com/jUhvRVoNdM
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 5, 2020
Sin embargo, en el camino, victorias significativas como la condena al Estado por el asesinato del senador Manuel Cepeda (el 9 de agosto de 1994) le han dado oxígeno a una militancia sin tregua. Le ha dejado testimonios invaluables a la JEP: con su vida, ha construido la historia de víctimas y familiares por más de 20 años.
El Senado de la República la condecoró con la Cruz de Caballero y es reconocida internacionalmente como una gran luchadora por los derechos humanos.
Encara, en primera fila, la demanda contra Estado colombiano en el Tribunal Internacional de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Allí defiende a más de 6000 militantes asesinados. El proceso concluye el próximo viernes 12 de febrero de 2021 pero el resultado puede tomar otros cuantos años.
