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Santa Marta es una ciudad que superó los 500.000 habitantes que, sumados a la población flotante, supera los 600.000. Esa población tiene un alto índice de informalidad y empleo estacional o desempleo, a pesar de que mes a mes nos están diciendo que somos una de las capitales con menor desempleo, pero no aclaran que de lo que se trata es de unas cifras que reflejan la ocupación, no el empleo.
Adicionalmente, somos un distrito altamente receptor de desplazados, producto de la creciente violencia rural en otros municipios y otros entes territoriales. Estas personas, obviamente, no tienen mucho arraigo local, con bajo sentido de pertenencia, en muchos casos con bajos niveles de formación académica que les limitan sus posibilidades de empleabilidad. Por lo tanto, un alto porcentaje de ellos, que son población económicamente activa, terminan vinculándose al trabajo informal, sobre todo en el sector turismo y comercio y en negocios que ocupan el espacio público. El agravante de esta situación es que estas personas no son sujetos de las diferentes disposiciones o normas que pretenden controlar el orden y ocupación del espacio público por parte de las autoridades.
La ocupación del espacio público no es un fenómeno exclusivo de Santa Marta ni de Colombia, es una problemática mundial.
El fracaso de las acciones generalmente obedece a que están orientadas a intervenir la oferta con medidas represivas que pretenden desalojar el espacio público.
La originalidad, el precio o la exoticidad de los productos los convierten en atractivos, pero deberíamos organizarlos para que se constituyan en elementos dentro de la oferta turística.
Tradicionalmente, se asume que estos productos son baratos, regateables y que se pueden adquirir en cantidades detallistas, debido a que son productos sin impuestos, de contrabando y, en el peor de los casos, robados o rematados en las empresas como productos defectuosos, imperfectos o de mala calidad.
Existe un modo de operación en el que el vendedor móvil ocupa un espacio repetitivamente, hasta que deja de ser ambulante para convertirse en móvil-estacionario y, en algunos casos, se rodean de otras ventas complementarias.
También se da el caso de negocios de mediocre calidad que son invasores del espacio público con ventas complementarias o, peor aún, arriendan el espacio público frente a su negocio. Se dan casos de conexiones de servicios públicos fraudulentas, pero no se les persigue de la misma forma que a los usuarios regulares, inclusive con fallos judiciales que obligan a las empresas a conectarlos al servicio.
La acción de tutela ampara esta práctica basada fundamentalmente en el derecho al trabajo, mínimo vital y confianza legítima. Esta última se constituye cuando hay licencias o permisos que pueden estar vencidos, o cuando hay promesas de las autoridades incumplidas o, lo más frecuente, cuando hay tolerancia y permisividad del uso del espacio público por la propia administración.
Los comercios formales en ocasiones establecen campañas y eventos que, sin proponérselo, favorecen la existencia de las ventas ambulantes.
Básicamente, proponemos tres estrategias:
Reducir la afluencia de personas al centro histórico.
Organizar y concentrar las actividades administrativas y de gobierno.
Separar geográficamente las actividades de mercado público y administrativas.
Estas estrategias tienen acciones de corto, mediano y largo plazo.
En la primera estrategia, que pretende reducir la afluencia de personas al centro histórico, las acciones de corto plazo pueden generar victorias tempranas y un efecto demostrativo de que la voluntad política da resultados. Estas acciones son:
Trasladar fuera del centro histórico trámites, actos administrativos y reducir operaciones bancarias como pagos de nóminas, pensiones, subsidios, universidades y trámites de secretarías, incluido el tránsito. De igual manera, trasladar las oficinas de quejas, reclamos y atención al cliente de los servicios públicos fuera del centro histórico.
Otra acción de corto plazo serían las brigadas de desconexión fraudulentas de servicios públicos y sanciones a comercios proveedores de estos a los negocios informales.
Las acciones de mediano y largo plazo requieren, además de la voluntad política, traslado de infraestructura y oficinas, por lo que se necesita un plazo mayor: traslado de las oficinas de recaudos y tributos, DIAN, IGAC, registro y anotaciones y dejar una sola notaría en el centro histórico.
Reorganización del sistema público de transporte teniendo en cuenta esta reducción de personas hacia el centro histórico.
En la segunda estrategia se pretende organizar y concentrar las actividades administrativas y de gobierno tanto del distrito como de la gobernación, evitar la gran dispersión de oficinas que le generan caos al ciudadano. En paralelo, los inmuebles propiedad de las administraciones pueden ser aprovechados y optimizados en sus usos para fines turísticos, comerciales e inclusive de servicios logísticos, portuarios y de comercio exterior acordes con las vocaciones del territorio.
Es fundamental que el eje de esta estrategia y las acciones se acompañen de la creación de un CADD (Centro Administrativo Distrital y Departamental) fuera del centro histórico. Proponemos que se utilice el lote del parque Tayku, Molinos Santa Marta, Colegio La Medalla Milagrosa y el Centro Médico Quirúrgico. Esta ubicación es privilegiada porque, sin perder el concepto de centralidad, tiene fácil acceso por varias vías troncales y el espacio tendría las dimensiones suficientes para la infraestructura que se requiere.
En la tercera estrategia se busca resolver y ordenar el problema de abastecimiento de la comunidad de Santa Marta, permite separar geográficamente las actividades administrativas de las actividades comerciales del mercado público que generan una gran concentración y congestión de la movilidad, que influencia negativamente al centro histórico y favorece la ocupación del espacio público.
Esta acción implica cambiar el concepto de mercado público a la periferia con un criterio moderno de central de abastos. Proponemos que se haga en la zona del barrio 11 de Noviembre, ya que allí tendría fácil acceso del transporte por la vía alterna sin afectar la movilidad de la ciudad. Esa zona es la de mayor crecimiento poblacional de la ciudad con una importante concentración comercial reciente, jalonaría la solución urgente del cuello de botella de la vía que requiere la doble calzada desde la glorieta de Mamatoco hasta el peaje de Neguanje. Paralelamente, trasladar la terminal de transporte terrestre a la vía alterna al puerto, lo que descongestionará la movilidad de la troncal que cada día es más complicada.
Estas estrategias solucionarán el flujo vehicular que actualmente está concentrado hacia el centro histórico y el mercado público.
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