¿Intereses, política o racismo en la Corte Suprema de Justicia?

La elección de los magistrados de descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desata una nueva polémica por discriminación racial en el país

Por: José E. Mosquera
mayo 02, 2017
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¿Intereses, política o racismo en la Corte Suprema de Justicia?

 

Una serie de interrogantes dejó la manera como los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia seleccionaron a los nuevos magistrados de descongestión de la Sala de Casación Laboral de aquella Corporación. Su decisión está al borde de desatar un nuevo escándalo de discriminación racial en el país, por la manera en la que se desarrolló el último proceso de elección de los nuevos dignatarios de su sala laboral.

En la convocatoria de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se inscribieron 247 aspirantes, después de una revisión minuciosa fueron preseleccionados  los 143 profesionales del derecho que cumplían con todos los requisitos. Posteriormente, fueron convocados a entrevistas. Luego de ese proceso se escogieron 120 aspirantes,  los cuales fueron organizados en 12 listas de candidatos elegibles, de 10 aspirantes cada una: 44 mujeres y 76 hombres, de los cuales 3 eran afrodescendientes. Estas listas fueron enviadas a la Corte Suprema de Justicia para que se procediera con la elección de los 12 magistrados.

El 20 de abril, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, realizó un nuevo proceso de entrevistas a los aspirantes. Entrevistas que aparecen publicadas en la página web del Alto Tribunal. Dentro de los citados de las entrevistas en la Corte, aparecen tres profesionales afros, incluidos en las listas 2, 5 y 9. De acuerdo con los vídeos solamente dos se presentaron a la entrevista. Es decir, esos dos afros pasaron todos los filtros del riguroso proceso adelantado inicialmente por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y luego por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Hasta allí todo parecía un proceso de selección transparente. La sorpresa se presentó el 27 de abril, cuando la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia publicó en su página web la lista de los diez magistrados elegidos para que integrarán la Sala en mención: siete hombres mestizos y tres mujeres.

Lo que llama la atención y parece un poco sospechoso es el hecho que la Corte debió elegir 12 magistrados y solamente eligió 10, entre ellos no tuvo en cuenta las cuotas que hacen referencia a la discriminación positiva en beneficio de las minorías étnicas, más aún cuando se sabe que los dos afros son idóneos, tienen excelentes hojas de vida, experiencias probadas como juristas y funcionarios públicos en ramas afines. Sin embargo, no fueron tenidos en cuenta.

Pese a que no existe una ley que fije una cuota para los afros, se habla de un 15% en los cargos altos del Estado, basado el principio constitucional de la discriminación positiva. En varios fallos la Corte Constitucional ha protegido las acciones afirmativas a favor de las minorías étnicas. En virtud de que, son contados los negros que han ocupado altos cargos en la historia del poder judicial colombiano. De hacerse una investigación sobre las estadísticas de la participación de indígenas y negros en las altas dignidades de los tribunales de justicia colombiano desde el nacimiento de la República, seguramente que la cifra será vergonzosa ante los ojos del mundo.

Este nuevo episodio en la Corte Suprema de Justicia demuestra que en una sociedad como la colombiana, desigual, clasista y excluyente, seguirá siendo difícil que un hombre o mujer negra e indígena llegue a las más altas dignidades del Estado. No es que los negros y los indígenas no tengan las formaciones, las capacidades académicas y éticas para ocupar altas dignidades en el Estado, sino que en la conciencia de la mayoría de la población colombiana que se cree ‘blanca’ y superior, continúan con los prejuicios que los indígenas y a los negros son personas inferiores e incapaces.

Una “superioridad” sustentada en las falacias de la creencia de una “supremacía racial”, especialmente en las élites que gobiernan y controlan los centros de poderes del país, continúan pensando que los indígenas y los negros son incompetentes de formar parte de las elites que gobiernan el país.

Lo que acaba de suceder con los aspirantes afros en la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia es una muestra clara que por la discriminación se le siguen cerrando las oportunidades a las minorías étnicas en el país.

Todavía seguimos viviendo los rezagos de la herencia colonial con un endémico racismo y una enfermiza discriminación racial abierta y soterrada contra las minorías. Prejuicios que han impedido que miembros de estas minorías tengan una mayor representatividad en la estructura del Estado. Por esa arraigada discriminación racial, la población indígena y negra tienen los peores índices de calidad de vida en el país. Por esos ancestrales imaginarios son contados los negros e indígenas que hacen parte de las altas dignidades del Estado y del sector privado.

Ni con las leyes, ni con una serie de sentencias judiciales se ha podido romper con las cadenas del racismo y la discriminación en el país. En el 2014 se presentó un proyecto de ley que buscaba que el 15% de los cargos de alto nivel decisorio en el Estado fueran ocupados por personas negras. En el 2015 con otro proyecto de ley, también se pretendió establecer una cuota mínimas para el acceso a la educación superior a las minorías étnicas. Ambas iniciativas naufragaron por falta de voluntad política del Estado.

Ha sido tan endémica la desigualdad, la exclusión y la discriminación contra la mujer y las minorías étnicas que han sido por presiones de los organismos internacionales y las luchas de las minoría en contra del racismo y la discriminación sistemática del Estado, que en las últimas décadas se han tenido que promulgar leyes para abrir espacio de poder a estos segmentos de la población colombiana.

Hace 25 años con la ley de negritudes y 17 años que después de cinco fracasos y por el tesón de las luchas de los colectivos de mujeres, se aprobó la Ley 581 de 2000, que consagra que el 30 por ciento de los cargos del máximo nivel decisorio serán ocupados por mujeres en las entidades de las tres ramas del poder público en todos sus niveles dentro de la estructura del Estado. Una norma que en muchos casos se viola permanentemente por parte del propio Estado. En conclusión, en la sociedad colombiana ser negros es una limitante para acceder a las altas dignidades del Estado. Lo que acaba de suceder con la cuota afro en la elección de los magistrados de descongestión debe generar un enérgico rechazo contra del racismo y la discriminación racial en el país.

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