El atentado de la semana pasada contra la Escuela de Policía abrió en los colombianos heridas que apenas estaban cicatrizando. Con este acto, a todas luces reprochable, el ELN dejó claro lo necios que son y lo grande que les quedó entender el momento histórico por el que atraviesa un país, que pide a gritos que cambien las formas de una lucha que ha sido en vano y que sólo ha causado dolor.
A pesar de que algunos han querido sacar rédito político de este fatídico episodio, el país ha sabido unirse para expresarle su solidaridad a las víctimas, a sus familiares y a la Policía Nacional, rechazar de tajo el actuar de los terroristas, e incluso apoyar la decisión del gobierno de dar por terminada la negociación con el ELN, aunque algunos, hubiéramos preferido la suspensión y la renegociación de las condiciones de diálogo.
Sin embargo, luego de terminar las conversaciones, el gobierno ha adoptado una actitud caprichosa y provocadora al querer desconocer los protocolos pactados con el ELN en caso de ruptura de la negociación. Con la decisión de levantar la suspensión de órdenes de captura, la reactivación de circulares rojas contra los negociadores de esa guerrilla y la petición a Cuba de capturar y extraditar a los miembros de la cúpula insurgente, el gobierno en cabeza del presidente Duque no hace más que mancillar el Estado de derecho en el que prima el respeto a las normas, aduciendo que como ellos las irrespetan, pues nosotros también, que como se trata de un acto terrorista no hay que respetar ningún protocolo, e incluso han llegado a manifestar que esas condiciones fueron aceptadas por el gobierno de Santos y no por el de Duque, como si los esfuerzos por la paz, no fueran una política de Estado. De haber sido así, ¿por qué continuaron la negociación si no estaban de acuerdo con las condiciones?
Hoy están en juego las relaciones, no solo con Cuba sino también con Noruega, Brasil y Chile como países garantes; de la misma manera, la credibilidad del Estado colombiano y la posibilidad de volverse a sentar a dialogar con el ELN más adelante.
No debería el Estado, con la sensatez de la que debe estar dotada la institucionalidad, alinearse al nivel de terroristas que dicen apostarle a la solución política del conflicto armado, pero haciendo venia a su incoherencia utilizan las armas en lugar de la palabra.
Estamos de acuerdo en que nadie defiende el crimen cometido por el ELN y en que los responsables deberán pagar por el daño causado, pero las circunstancias demandan un liderazgo sereno, confiable, respetuoso del derecho internacional, y no un gobierno reaccionario y populista que obedezca a la opinión y a las emociones.
Nota: ¿Por qué si el papá del cadete Diego Fernando Pérez, muerto en el atentado, dice que lo mejor es insistir en acercamientos con el ELN para evitar más derramamiento de sangre, quienes no han puesto una sola víctima, piden más guerra?
