Seis meses después de que fueran detenidos en España por graves desfalcos altos directivos del Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid y de su filial en América Latina, Inassa S.A. –empresas con mayoría accionaria en la Triple A de Barranquilla–, la Superintendencia de Sociedades de Colombia abrió indagación contra la empresa Interamericana de Aguas y Servicios, Inassa S.A., cuyo representante legal, Diego García Arias, fue capturado hace pocos días con fines de extradición a España, acusado de haber pagado cuantiosos sobornos a candidatos a la Presidencia de la República y a la Alcaldía de Barranquilla y a políticos de países vecinos. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, había anunciado en abril la apertura de dos pesquisas por el Caso Lezo (como es llamada esta investigación en España), pero hasta el momento no se conocen desarrollos de las mismas.
El investigador y analista económico Aurelio Suárez Montoya ha venido profundizando en estos temas de corrupción y saqueos a los acueductos del país, específicamente al de Barranquilla. Ha hecho públicas sus denuncias en su columna de El Espectador, del 12 de enero pasado, en los dos foros que organizara el Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla en agosto de 2016 y junio de 2017 y en el Encuentro por la Verdad que presidió el pasado 17 de agosto el senador Jorge Enrique Robledo en la capital del Atlántico.
Es pasmosa la lentitud de las investigaciones en nuestro país, cuando al otro lado del océano son más de doce encumbrados directivos los que ya están encarcelados por los gravísimos delitos que afectan intereses de la comunidad de Madrid, como también del Distrito de Barranquilla, y que causan perjuicios a millones de usuarios de la Triple A. Suárez Montoya ha recabado sobre los despojos en esta empresa de carácter mixto. Recuerda como en 1992 se hizo el primer despojo al entregarse el servicio del aseo, con todo e infraestructura, al empresario William Vélez, que acababa de constituir la empresa Aseo Técnico. Vélez obtiene hoy utilidades por más de veinte mil millones de pesos anuales y su concesión se vence en noviembre de 2018, por lo que debería ser revertida al Distrito en su totalidad para que sus ganancias se irriguen a los barranquilleros y ayuden a aliviar sus cargas impositivas. La medida es urgente, ya que el Distrito no obtiene rentas de ninguna empresa sino que se financia con cargo a las transferencias de la Nación (SGP) y a través de una cascada de 18 impuestos de distinto tipo. Urge también resolver el despojo patrimonial que llevó a que las acciones del Distrito en la Triple A bajaran del 89% en 1992 al 12% en la actualidad y la extraña figura de los activos intangibles, en realidad mejoras, que hoy componen el 55% de los activos totales de la empresa a favor de los socios españoles.
Hay que hacerle seguimiento al auto proferido por Luis Fernando Cruz Araújo, delegado para asuntos económicos y contables de la Superintendencia de Sociedades, por medio del cual abre indagación contra la compañía Inassa S.A. cuyo paquete accionario del 81,24% pertenece al Canal de Isabel II de España y que controla la Triple A de Barranquilla. Inassa impone una de las tarifas de agua más altas de Colombia por cuanto la CRA le autorizó tener un sistema de Mercado Regional, que podría ampliar si logra ganar la licitación para operar otros seis municipios del sur del Atlántico, además de los catorce actuales. La consecuencia obvia, otro gravoso aumento en las tarifas de agua y alcantarillado para cubrir las nuevas inversiones.
¿Cómo es posible que una empresa con semejantes cuestionamientos continúe con patente de corso para seguir su expansión a costa del usuario? Debe exigirse que le devuelva al Distrito de Barranquilla y a los usuarios las acciones y todos los activos sustraídos de manera fraudulenta por minorías opulentas nacionales y extranjeras.
