Al terminar septiembre de 2026, en el sistema nacional de medios Públicos RTVC no había cómo pagar el servicio de la luz y la nueva administración hacía maniobras de malabar para cubrir los gastos de nómina.
Los registros contables no mentían. El hueco profundo en las finanzas se reflejaba en un déficit certificado por auditores expertos de $148.931 millones. La situación no dejaba de ser sorpresiva, además de preocupante, pese a que el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella ya había alertado a los órganos de control en su famoso Libro de la Verdad.
Uno de sus apartados señalaba, con fundamentos en hallazgos de la Contraloría General de la República, que en Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) imperaba la costumbre de hacer adiciones a los contratos que superaban el 50% de su valor inicial.
Tanto era así que, al cierre del gobierno de Gustavo Petro, RTVC habría concentrado la firma de 230 contratos por $11.665.154.195 entre el 1 y el 6 de agosto de 2026, 224 de ellos suscritos con personas naturales). ¿Plata para la campaña?, se preguntaban los nuevos funcionarios que participaron en el “empalme anticorrupción”.
El documento concluía que en los contratos misionales de RTVC, regidos por el derecho privado, lo decisivo no era superar el umbral del 50%: era que cada adición estuviese individualizada, soportada con las circunstancias de tiempo, modo y lugar y explicada frente a lo que se planeó.
“Las adiciones de gran magnitud -escribían los autores- pueden convertir un contrato, dimensionado y adjudicado bajo determinadas condiciones de competencia, en un vehículo para ejecutar recursos muy superiores sin abrir un nuevo proceso de selección (…) Esto reduce la transparencia y la posibilidad de obtener mejores ofertas, y aumenta los riesgos de sobrecostos, litigios y observaciones fiscales y disciplinarias”.
Todas las miradas apuntaron entonces hacia el periodista Hollman Morris, saliente director del sistema y quien aplicaba allí una “égida dictatorial”, según varios de sus subordinados. Ahora podría verse abocado a rendir explicaciones ante los organismos de control.
Aunque Morris no registra investigaciones formales vigentes por un enriquecimiento o incremento injustificado de su patrimonio personal, el rastro financiero de su gestión e incluso su patrimonio personal podrían quedar bajo lupa.
Desde reportes de bienes en "cero" hasta un millonario agujero presupuestal en los medios públicos, el manejo de los recursos por parte del exfuncionario podría quedar en el ojo del huracán.
El contraste en sus declaraciones de bienes y rentas obligatorias ha sido uno de los primeros puntos de debate. Al asumir la dirección de RTVC en 2024, un informe del diario El Tiempo reveló que Morris reportó ingresos por $161 millones de pesos para la vigencia 2022, asegurando en ese momento no poseer bienes inmuebles, inversiones ni fideicomisos a su nombre.
Esta cifra contrastó con registros de periodos previos en su carrera político, como su paso por el Concejo de Bogotá, donde llegó a declarar un patrimonio líquido superior a los $1.354 millones de pesos, respaldado principalmente por un apartamento en el norte de Bogotá.
De las finanzas privadas a la crisis pública
Más allá de los balances de papel, el cuestionamiento más severo a su economía personal provino de su propio núcleo familiar. Su exesposa Patricia Casas lo denunció formalmente ante los tribunales por presuntas violencia intrafamiliar y violencia económica.
El caso se ha sumiendo en el olvido, pero lo cierto es que Casas acusó públicamente al entonces funcionario de incumplir de manera reiterada con las obligaciones alimentarias de sus hijos, un caso que propició en la opinión pública un debate sobre la coherencia entre sus ingresos del ejercicio político y sus responsabilidades privadas.
Hoy, la atención migró de su bolsillo al erario. Para octubre de 2026, informes oficiales presentados por las comisiones de empalme revelaron que la administración de RTVC bajo la batuta de Morris sumió a la entidad en una fase crítica de desbalance financiero.
Los reportes apuntan a un déficit presupuestal y de flujo de caja que supera los $148.000 millones de pesos, producto de la firma de contratos y megaeventos ejecutados supuestamente sin el debido respaldo económico.
El frente disciplinario
A la par de la crisis financiera en los medios estatales, la Procuraduría General de la Nación mantiene abierta una investigación disciplinaria formal contra Morris. El Ministerio Público indaga el presunto uso de la infraestructura y antenas públicas de RTVC para emitir contenidos con fines estrictamente políticos y propagandísticos orientados a favorecer a sectores afines al Gobierno nacional.
No es la primera vez que su gestión en medios estatales pasa por el tamiz de las autoridades. En 2015, la Personería de Bogotá le abrió un expediente por presuntas irregularidades en contratos de subcontratación durante su gerencia en Canal Capital; un caso que, no obstante, terminó archivado al no encontrarse faltas disciplinarias de gravedad.
Con las cuentas de RTVC en rojo y la lupa de los entes de control encima, los números de Hollman Morris, tanto los personales como los público, prometen seguir siendo objeto de debate en la agenda nacional.
Anuncios.
