En el artículo primero de la constitución colombiana de 1991 se menciona que Colombia es una república unitaria, democrática, participativa y pluralista. Y bien podríamos decir que el ideal de pluralismo no solo es ofrecer condiciones y garantías para expresar distintas líneas de pensamiento, por antagónicas que estas sean, en pro del bien común, sino fundamentar dichas condiciones y garantías en el respeto y la tolerancia mutua. Sin embargo, no es un secreto que Colombia lleva años siendo un país caracterizado por una polarización que ha llevado poco a poco a una ciudadanía del odio.
Cabe citar los casos de agresiones verbales a los periodistas Félix de Bedout y Daniel Coronell durante el amistoso entre las selecciones de Colombia y Brasil por parte de hinchas que llegaron a afirmar ideas del tipo “le entregaron el país a la guerrilla”. Y bien se podría realizar un estudio exhaustivo sobre qué tan aterrizada y real o qué tan radicalizada es o no una afirmación tal, pero la cuestión de fondo, y que es altamente preocupante, es que hay una guerra de fondo, un odio visceral y enconado en el seno mismo de la sociedad colombiana. Asimismo, si bien es bastante conocido el caso de una mujer que insultó a Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos (a quien también han insultado), lo cierto es que las agresiones no solo van en contra de quienes apoyan la paz o ideas de izquierda. De hecho, es común ver en noticias digitales sobre política colombiana que en las casillas de comentarios de muchos medios los internautas se agreden entre sí y se despachan con todas las formas de insultos habidas y por haber, de forma tal que mientras unos llaman mamertos si se cuántas a unos, otros llaman uribestias si se cuántas a otros.
Estamos odiándonos entre colombianos, y como bien dice Mario Mendoza en su libro Colombia Paranormal, el odio es como un virus que se contagia fácilmente y sus consecuencias no son solo psíquicas e individuales, ya que sus consecuencias económicas son también devastadoras. Ello en el sentido de que no logramos trabajar en equipo, no podemos cooperar, no sabemos hacer grupo para crecer como sociedad. No obstante, lo más preocupante es que estamos afectando la esencia misma de los derechos, aquellos derechos que hablan de evitar la discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, estamos violando el derecho a la libertad de conciencia, el cual aparece en el artículo 18 de la Constitución colombiana de la siguiente manera:
Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos también habla de libertad de conciencia en su artículo 18, entonces, carece de lógica y sustento agredir verbalmente a otros, por ejemplo, por apoyar la paz bajo la idea de que están no construyendo justicia restaurativa y verdad sino protegiendo a personas que violentaron derechos humanos, porque cuando los insultos se pasan de la raya, cuando se transforman en agresión y negación y llaman al odio, también se está con ello violando los derechos humanos. Es decir, los agresores verbales también contribuyen a un tipo de criminalidad, en este caso, el crimen de odio, y en la tipicidad de injuria. De igual forma, ridiculizar a quienes no apoyan la paz pactada con las Farc poco contribuye a generar un clima de verdadera paz, uno de los pilares de la resolución de conflictos estriba en dejar entrever al otro con quien se comparte una idea antagónica, que se está dispuesto no solo a escucharlo sino a comprender sus razones, hay que hacer ver que se acepta al otro como persona e interlocutor válido. Debemos comprender, por tanto, quienes apoyamos la paz, que un gran número de colombianos tienen muchas heridas y que muchas de ellas son difíciles sino imposibles de cerrar de un momento al otro. Haciendo ver que se entiende ello, podría ser ese un paso para el diálogo, en esta ocasión, entre ciudadanos.
La democracia no es una institución acabada, está en continua transformación y la idea no es irla volviendo un mecanismo para desahogar el odio y la indignación, o un mecanismo de ridicularización del otro, sino un mecanismo de apoyo y trabajo mutuo. Las instituciones harán su trabajo como se debe bajo las leyes de cualquier forma, queda el punto de la responsabilidad de los medios en la propagación del odio, aunque ese tema excede estas modestas líneas de opinión. Incentivar el odio, por otra parte, no solo puede caer en la tipicidad de crimen de odio, sino que puede incentivar el delito de peligro, como cuando se ataca desmedidamente por redes sociales a un humorista o determinado personaje por sus ideas políticas, provocando con ello que haya quien quiera acometer un daño contra dicha persona. Busquemos, por tanto, la tolerancia que hemos perdido, el pluralismo político, el agonismo, que es la idea de que al otro antagónico o de ideas contrarias podemos verlo como adversario, pero no un adversario con el que buscar conflicto sino con el que construir proyectos comunes.
