El 10 de enero se posesionó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante el Tribunal Supremo de Justicia, para ejercer su segundo mandato presidencial de 6 años, comprendido entre el 2019 y el 2025, en medio de los ataques y las descalificaciones por parte de los gobiernos agrupados en el autodenominado Grupo de Lima, que siguiendo los dictados del gobierno norteamericano, desconoció la legitimidad del Presidente Maduro en las elecciones del 20 de mayo de 2018, donde ganó con el 67.7% de la participación de un 46% del potencial electoral.
La campaña mediática ha utilizado todos sus recursos para vender la imagen de la posesión como si fuera la consagración de una dictadura terrorista, continuando así, ahora mucho más acentuada, con la campaña de difamación y de mentiras que vienen desde el mismo comienzo del primer gobierno del presidente Hugo Chávez.
No hace falta repetir al detalle la historia de la escalada terrorista auspiciada por el gobierno norteamericano contra el proyecto soberano del socialismo de Venezuela, con la obsecuente y arrodillada posición de los gobiernos títeres del imperialismo, pero es bueno recordar a groso modo los ostensibles e inaceptables intentos de desestabilizar el gobierno Venezolano, con los nuevos métodos de los “golpes blandos” y de la judicialización de la política, como ocurrió con el Paraguay de Fernando Lugo, Honduras de Miguel Zelaya, Ecuador de Rafael Correa, Argentina de Cristina Kirchner, y como acaba de ocurrir con el proceso electoral presidencial en el Brasil, unidos todos ellos por la mano invisible del capital financiero internacional, que ahora quiere repetir con el proceso revolucionario de Venezuela.
Como bien lo dice Kevin Siza Iglesias, en su artículo El Grupo de Lima, EE. UU. y Venezuela: el itinerario de la agresión imperial. El 4 de enero el grupo de Lima hizo declaración de guerra contra Venezuela.
“En un informe que lleva por título Sanciones y bloqueo: Violación de la soberanía y agresiones a Venezuela, presentado por la Cancillería de ese país y publicado en mayo de 2018, se realiza un recuento pormenorizado del conjunto de medidas que desde el año 2014, el imperio norteamericano y sus aliados serviles vienen implementando contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de lograr una desestabilización tal que haga posible lo que denominan el “cambio de régimen”. De dicho informe, es clave destacar los aspectos que se relacionan a continuación, pues nos permiten dimensionar los graves efectos que ha tenido sobre el país de Bolívar y Chávez y nos dan luces sobre las causas reales de las recientes acciones del autodenominado Grupo de Lima.
En diciembre de 2014, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley pública sobre defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela, que abrió la puerta e impulsó a sus Estados aliados a tomar medidas coercitivas de carácter unilateral frente al país caribeño. Con esta primera acción, se pretendió violar de manera flagrante la soberanía nacional de Venezuela en cuanto a su política interna y abonó el terreno para la posterior aprobación de nuevas y más duras sanciones.
A lo anterior, le siguió la Orden Ejecutiva 13692 o Decreto Obama de mayo de 2015, que calificó a Venezuela como una “Amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos” y que le dio vía libre y marco legal a las distintas modalidades de agresión (financieras, comerciales, diplomáticas, etc.) que desde esas fechas se vienen escalando.
Desde agosto de 2015, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ordenó la congelación de las transacciones con bonos venezolanos aduciendo una “revisión” de estos que se prolonga hasta la actualidad y que impide al gobierno de Maduro disponer de $ 1. 200 millones de dólares custodiados por la empresa Euroclear.
El bloqueo financiero a Venezuela, que desde abril de 2016 congeló cuentas del gobierno bolivariano, le impidió, además, la realización de transacciones financieras en dólares. Pasado más de un año, Citibank se negó, en julio de 2017, a recibir pagos del gobierno de Venezuela para la importación de 300. 000 dosis de insulina necesarias para la atención de sus pacientes, lo mismo sucedió al intentar adquirir otras medicinas.
En agosto de 2017, Trump emitió la orden ejecutiva 13808 cuyo objetivo era “la imposición de sanciones adicionales con respecto a la situación de Venezuela”, la cual prohibía “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal" lo cual trajo aparejado la imposibilidad de realizar transacciones que afectaron principalmente a PDVSA, para debilitar la renta petrolera percibida por el Estado, principal fuente para la gran inversión social de la Revolución Bolivariana.
En noviembre de 2017 el Deutsche Bank cerró las cuentas de corresponsalía al Banco Central de Venezuela.
En febrero de 2018 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos amplió las sanciones impuestas a Venezuela a partir de la última orden ejecutiva de Trump y le impidió avanzar en la renegociación de su deuda, incluida la de PDVSA, que ya estaba en curso con sus acreedores internacionales.
En marzo de 2018, Trump emitió una nueva orden ejecutiva, la 13827, que prohibió la compra y realización de transacciones con la recién creada criptomoneda venezolana denominada Petro, decisión insólita y desesperada, en la medida que hasta ese momento éste se encontraba en la fase de preventa. Ese mismo mes, el presidente norteamericano sancionó a altos funcionarios del gobierno bolivariano acusándolos de “malos manejos económicos” y “actuaciones corruptas”, negándoles la entrada a su territorio, congelando posibles activos que pudieran tener en Estados Unidos y prohibiéndoles a sus ciudadanos la realización de transacciones financieras con ellos.
Lo impactos de la presión económica de los Estados Unidos sobre Venezuela son evidentes. Nadie con un mínimo grado de sensatez puede ocultar los problemas relacionados con la escasez, derivados de los obstáculos impuestos por las sanciones que impiden el desarrollo del comercio y transacciones internacionales, aunado a un problema histórico que tiene que ver con la existencia incólume de una formación socio económica casi exclusivamente rentística, con baja o nula capacidad productiva para auto satisfacer a su pueblo de los bienes materiales para su existencia. Lo anterior, ha incidido de manera definitiva en la gran migración de venezolanos hacia distintos países del continente. Con estas circunstancias adversas, el gobierno bolivariano puso en marcha un plan de recuperación económica que camina lento pero a paso firme, pese a lo cual no está exento de críticas, incluso por sectores políticos que acompañan el proceso, como el Partido Comunista de Venezuela.
En julio del año pasado, la popular revista Time filtró algunas conversaciones de Trump con su entonces Secretario de Estado Rex Tillerson y el exasesor de seguridad Herbert Raymond McMaster, que tuvieron lugar en <gosto de 2017, en las que dejaba entrever la posición que asumiría su gobierno frente al país caribeño: “Con una Venezuela que se desenreda rápidamente amenazando la seguridad regional, ¿Por qué los Estados Unidos simplemente no puede invadir a un país con problemas?” , intención que se confirmaría tan sólo unos cuantos meses después, en septiembre de 2018 durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, cuando afirmara sin ningún asomo de vergüenza que “todas las opciones están sobre la mesa… Todas ellas, las fuertes y las menos fuertes. Todas las opciones y ya sabes lo que quiero decir por fuertes” Esto, sin duda, tiene que ver con la estrategia de recolonización de Nuestra América impulsada por el gobierno Trump, cuyo eje articulador es la consigna de su campaña “América First”, una reedición de la Doctrina Monroe (América for the americans), responsable de gran parte de las desgracias que aún hoy padece el continente y que puede llevar a poner en jaque la idea del continente como territorio de paz.
En este contexto, caracterizado por el impulso de agresiones permanentes por parte del imperialismo norteamericano y de los gobiernos proclives a sus intereses en la Región, re marcado, además, por una fuerte ofensiva en todos los escenarios, surgió en agosto de 2017, luego del fracaso del intento de activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA sobre Venezuela, el autodenominado Grupo de Lima, posterior a una reunión en el país inca donde representantes de 14 países (Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Honduras, Guyana, Panamá, México, Canadá, Guatemala, Costa Rica, Santa Lucía) suscribieron una declaración que llevó el mismo nombre y cuyo objetivo central, era darle un nuevo aliento a la presión diplomática para forzar a Venezuela a ceder frente a las pretensiones imperiales .
Su bautizo en la arena internacional, tuvo lugar en el año 2018 tras la convocatoria a las elecciones presidenciales en Venezuela el 20 de mayo. Durante la VIII Cumbre de las Américas, celebrada en abril de ese mismo año en suelo peruano, los países del Grupo de Lima exhortaron al gobierno bolivariano a que desarrollara unos comicios con “todas las garantías necesarias… unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad”, es decir, incluso antes de su realización, ya había un mensaje prefabricado: La “dictadura” de Nicolás Maduro hacía una pantomima con el certamen electoral. Lo que resultó insostenible en la medida que el candidato chavista logró el apoyo del 67 % de los electores (5. 245. 862), pero también la oposición, representada en Henri Falcón y Javier Bertucci, obtuvo porcentajes significativos: 20 % (1. 927. 387) y 10 % (1. 015. 895) respectivamente. Nada que hacer frente al sistema electoral que el mismísimo ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, calificó como “el mejor del mundo”.
La segunda acción que lideraron varios países pertenecientes al tristemente célebre Grupo de Lima, fue la realizada en forma conjunta en por Colombia, Argentina, Chile, Paraguay y Perú ante la Corte Penal Internacional, solicitando el inicio de una investigación por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana por parte del gobierno de Nicolás Maduro. ¡Vaya ironía! Pues los verdaderos criminales de lesa humanidad, son precisamente quienes con sus acciones, han llevado a privar al pueblo de Venezuela de la satisfacción de sus más básicas necesidades.
La más reciente y deshonrosa acción del Grupo de Lima, el 4 enero de 2019, fue la de haber emitido una declaración donde llaman a no reconocer el gobierno legítimo de Nicolás Maduro en vísperas de su posesión, el próximo 10 de enero, además de acordar algunas medidas como reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, impedir el ingreso de funcionarios del gobierno bolivariano a países integrantes del Grupo, prohibición de transacciones financieras, restringir los préstamos por parte de organismos financieros, suspender la cooperación militar e impulsar más acciones tendientes a presionar económica y diplomáticamente a Venezuela . Es necesario resaltar la actitud valerosa que asumió el presidente de México Andrés Manuel López Obrador al negarse a firmar dicha declaración, en el marco del respeto del derecho de los pueblos a su soberanía autodeterminación.
El Grupo de Lima es un mandadero de los intereses de los Estados Unidos en la Región. No cabe duda. Por eso, Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump, en su más reciente visita a Brasil para la posesión de Jair Bolsonaro, ha afirmado al periódico O Estadao que “Queremos tener certeza de que, no sólo Estados Unidos y Brasil, sino que los demás países de la región dejen muy pero muy claro que la democracia en Venezuela tiene que ser restaurada”, lo que demuestra que no es una simple coincidencia de lecturas, sino un propósito político común.
Nuestros pueblos seguirán resistiendo a los embates de la ofensiva neoconservadora del imperialismo norteamericano y preparando nuevas y mayores victorias. La historia que inició Chávez en 1998, la de la segunda y definitiva independencia, no dará marcha atrás. Nos dirigimos hacia nuestra plena liberación y al socialismo. No estaremos exentos de dificultades. El futuro de Venezuela es el futuro de Nuestra América. A rodearla con la tierna y rebelde solidaridad, sin titubeos.”
Como se dice a nivel coloquial, más claro no canta un gallo. Ahora el peligro real es el desarrollo de una guerra internacional en América Latina, patrocinada por el imperialismo norteamericano a través del gobierno de Uribe-Duque y del Grupo de Lima, para asegurar el mercado latinoamericano y el petróleo venezolano, a costa de la sangre y de los sufrimientos de los pueblos de América Latina. En el enfrentamiento bipolar del mundo contemporáneo, es ingenuo pensar en la correlación de fuerzas al margen de las potencias mundiales; Rusia y China vienen por las riquezas del continente, y como buen jugador, Venezuela tiene que saber negociar con ellos para defender la revolución del imperio del norte. Ni pensar en la tragedia de los pueblos de Siria, Yemen y Palestina.
