Lo que pedían las comunidades de Acandí, Unguía, Murindó y Riosucio, en el Bajo Atrato, en Chocó, no era nada del otro mundo. Líderes como el padre Carlos Pulgarín y Marino Córdoba rogaban, desde su organización campesina, que Maderas del Darién, de Triplex Pizano, empresa que explotaba recursos naturales de la zona, limpiara los ríos que ensuciaba.
Los ríos se taponaban con los pedazos de madera cercenados lo que hacía casi imposible el tránsito de canoas y bongas. Era 1995 y rogaban al gobierno de turno, el de Ernesto Samper, que regulara a los aserríos, que se invirtiera en la gente, en su educación, en su salud. Era un precio mínimo para todo lo que ganaba la empresa volviendo megamillonarios a sus dueños a costa de destruir el bosque.
Nunca lograron un acuerdo. Incluso viajaron a Bogotá buscando concertar con los dirigentes de Maderas del Darién, pero la empresa no quiso escuchar lo que pedían y la respuesta, sería el horror.
En medio del eterno abandono estatal y en algunos casos la indiferencia social y empresarial, las temporadas secas de diciembre que coinciden con la fiesta de fin de año son algunos de los pocos consuelos que ha tenido tradicionalmente Chocó.
La novena de aguinaldos es una excusa para despojarse de todo lo malo que tienen que padecer al estar tan lejos de los favores de Dios y eso lo sabían los paramilitares. Alertados por los ricos finqueros de la zona y protegidos por altos mandos del Ejército Nacional como el general Rito Alejo del Rio, 150 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron en balsas y con lista en mano empezaron a sacar a la gente de sus casas. Se iban de frente contra el movimiento obrero y sindical. Se llevaron a cinco hombres. Nunca más los volvieron a ver. Era apenas el prólogo de una historia de terror.
Los primeros coletazos de la Operación Génesis arrancaron el 24 de febrero. Según alias ‘El Alemán’, comandante paramilitar a cargo de la operación, terminó el 4 de marzo. La excusa fue darle duro al Frente 57 de las Farc que se movía en esa zona del Bajo Atrato. Con el ejército se movieron 60 paramilitares, 40 integrantes del Frente Chocó y 20 más del frente Arlex Hurtado.
La excusa era la presencia de la guerrilla, pero en realidad el Ejército cuidaba los intereses de la empresa Maderas del Darién. Usaron, sin dudarlo, el horror. Fueron directo contra Marino López Mena, el jefe sindical más destacado de la región, quien con más ahínco pidió que su población viviera en mejores condiciones presionando a la empresa, fue al primero que buscaron los paracos.
Sin piedad, decapitaron a Marino el 28 de febrero y frente a la mirada de los pobladores, lo desmembraron. Tiraron todas sus partes al río, menos su cabeza con la que jugaron fútbol. En Riosucio, la gente lo vio todo y para que los paramilitares no los tocaran, usaron cualquier tipo de artilugios, uno de ellos fue cruzar el río Atrato debajo de las balsas para que no los vieran.
Se estima que cerca de 3.500 personas salieron desplazadas huyendo del horror. La mayoría se fueron al sector de Calcarina. El hijo de Marino López, muchos años después, encabezó la lucha para demandar al Estado colombiano. También se llamaba Marino y luchó hasta el cansancio para que se hiciera justicia. Sin embargo, las amenazas arreciaron sobre él hasta el punto de obligarlo a abandonar el país en 2002.
En ese entonces, conoció a otro exiliado, Luis Gilberto Murillo. Ambos empezaron una cruzada, convencieron a dos congresistas demócratas, John Conyers y Gregory Micks, los mismos que han sido capaces de mover la balanza en el trámite del TLC o en las decisiones alrededor del Plan Colombia. Ellos pavimentaron el terreno para que se hablara con el presidente Barack Obama, quien ayudó a gestionar que cayera sobre Colombia una condena por haber permitido la muerte de Marino Córdoba, padre, y el desplazamiento de miles de personas.
Diez años transcurrieron desde que el país fue condenado y tuvo que llegar un gobierno como el de Gustavo Petro quien, dándole potestad a su vicepresidente, Francia Márquez, viajó este martes 21 de marzo al Bajo Atrato para reconocer, diez años después, la culpa del Estado colombiano que permitió uno de los capítulos más atroces protagonizados por el paramilitarismo.
También le puede interesar: El coronel Sánchez condenado a 40 años por la desaparición de Irma Franco y los empleados de la cafetería
