Electricaribe: desfalcos, alza de tarifas y nuevo operador

Electricaribe: desfalcos, alza de tarifas y nuevo operador

El presidente saliente deja una crisis eléctrica estructural en la costa, además de compromisos incumplidos, una normatividad tarifaria controversial y más

Por: Norman Alarcón Rodas
julio 05, 2018
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Electricaribe: desfalcos, alza de tarifas y nuevo operador
Foto: Pixabay

A un mes de concluir su periodo presidencial, Juan Manuel Santos deja el saldo en rojo con más de diez millones de habitantes de la costa en múltiples aspectos, pero uno de los peores es el del servicio eléctrico, fundamental para las actividades de sus habitantes y del sector productivo. Obligada por el pésimo servicio que prestó durante 16 años Gas Natural Fenosa, principal accionista de la empresa (85%), hoy con nuevo nombre, Naturgy Energy Group, la Superintendencia de Servicios Públicos tuvo que intervenirla el 15 de noviembre de 2016, cuando la región Caribe estuvo ad portas de un apagón por la imposibilidad del pago regular de energía a las empresas generadoras.

El gobierno, a través de la Superservicios, contrató hace un año por varios miles de millones de pesos a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para elaborar un estudio sobre Electricaribe que diera las pautas para la búsqueda de soluciones a la crisis eléctrica de la región, estudio que entregó hace pocas semanas. La FDN está bajo la órbita del Banco Mundial, la CAF y Banco Sumitomo de Japón. El presidente Santos informó recientemente que el estudio de la FDN, que no conoce la opinión pública, recomienda buscar un operador con “músculo financiero” que atienda la distribución de energía en la costa bajo un nuevo régimen tarifario. ¿Cuál? El que define la Resolución CREG 015 de 2018, que autoriza altos aumentos en las tarifas para mejorar la infraestructura eléctrica obsoleta que dejó GN Fenosa, y, como siempre, pasándoles la cuenta de cobro a los usuarios, pese a no ser los causantes de la crisis. Dijo además Santos que se requieren inversiones del orden de siete billones de pesos en los próximos diez años.

Los gobernadores de la región Caribe han propuesto como salida que se conforme una empresa eléctrica de la costa, de naturaleza mixta, de la cual hagan parte varios eslabones de la cadena eléctrica, como generadoras (Urrá, Termobarranquilla y Termoflores), transportadoras de energía (Isa-Transelca) y distribuidora y comercializadora (Electricaribe en liquidación), propuesta que les ha parecido interesante tanto a varios integrantes de las fuerzas vivas de la región como a líderes de los indignados con Electricaribe. Todos han coincidido en que se debe aprovechar la creación de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe para impulsar este tipo de iniciativas y tener en cuenta para su financiación las regalías mineras, así sea menester hacerle reformas a la ley respectiva, ya que la solución a la crisis eléctrica es una de las principales prioridades de esta parte del país, que cuenta con cerca de la quinta parte de la población nacional y consume más del 23% de la demanda nacional de energía.

Aprovechando por estos días el impulso a la consulta anticorrupción que se vota el próximo 26 de agosto, no hay que dejar en el olvido los graves desfalcos imputables a la trasnacional española, todos documentados por la Contraloría General de la República (CGR). GN Fenosa se embolsilló más de 217.000 millones de pesos de los subsidios FOES de los sectores sociales más vulnerables y más de 100.000 millones de pesos de los programas de normalización de redes (PRONE) y electrificación rural (FAER) financiados por el Estado, pero no aparecen las obras ni la plata. Estos recursos deben ser reintegrados y con ellos se podrían pagar las deudas que aparecen en contra de los 400.000 usuarios de áreas especiales, un compromiso que el presidente Santos adquirió con la región en la Cumbre Energética del 13 de enero de 2016 y que no se ha dignado cumplir.

En resumen, lo que nos deja el presidente saliente es una crisis eléctrica estructural sin solución a la vista, compromisos incumplidos en condonación de deudas, una nueva normatividad tarifaria en contra de los usuarios residenciales y empresariales y unos desfalcos por más de $300.000 millones, producto de la mentalidad corrupta de empresarios extranjeros que llegaron a descremar el mercado sin tasa ni medida y a demandar al país con base en convenios bilaterales leoninos. El mundo al revés. ¿Hasta cuándo?

 

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