Los años 70 del siglo XX, además del auge del movimiento estudiantil, estuvieron signados por la avalancha de paros cívicos en numerosos municipios del país donde sus pobladores, agobiados por la ausencia o mala prestación de servicios públicos, se volcaban a protestar en las calles o a bloquear las principales carreteras del país, desencadenando tenaces enfrentamientos con la fuerza pública con saldo de numerosos muertos, heridos y detenidos. Se recuerda el de Barrancabermeja, y en el Cauca, en 1973 el de Santander de Quilichao, entre otros.
En medio de las conversaciones de paz iniciadas en 1982, con las Farc y el M-19, por el gobierno de Belisario Betancur, una de las banderas más agitadas por el Nuevo Liberalismo y los grupos de izquierda, fue la de impulsar la “Descentralización administrativa y política y la elección popular de alcaldes y gobernadores”, como mecanismos efectivos para avanzar en la construcción de la democracia participativa en Colombia, hasta entonces más en el papel que en la vida cotidiana de la población y en medio de un Estado burocratizado, dominado desde Bogotá y las capitales de departamentos, por los grandes jefes de los partidos tradicionales y sus caciques regionales repartiéndose la burocracia, presupuestos y contratos.
Por eso el 13 de marzo 1988 cuando en el gobierno de Virgilio Barco se eligieron los primeros alcaldes por voto popular, grandes esperanzas crecieron en municipios cansados de esperar inútilmente que desde Bogotá y Popayán, en el caso del Cauca, y gracias a los manipulados y serruchados“ auxilios parlamentarios”, gestionados por senadores y representantes de sus departamentos, les programaran inversiones en sus territorios y aportaran presupuestos para la construcción de acueductos, escuelas, hospitales, vías, les nombraran maestros, etc.
Sin embargo el panorama no fue tan alentador, pues las secuelas de la violencia guerrillera, del narcotráfico y el paramilitarismo fortaleciéndose desde los años 70 y la participación de la Unión Patriótica, como brazo político de las Farc, con candidatos para concejos, asambleas y alcaldías, en regiones como el Meta, Urabá y Magdalena Medio, desencadenó una masacre de candidatos de la naciente organización política, que a pesar de haber ganado 13 alcaldías, casi fue exterminada, abortando el primer intento de reintegración al proceso democrático legal de ese grupo guerrillero.
Cuando se concretó la desmovilización y la participación en las elecciones de guerrilleros desmovilizados del M-19, el Quintín Lame, el EPL y el ERP, y la Constitución de 1991 acogió leyes generales para profundizar la descentralización, con la elección popular de alcaldes y la Ley General de Ordenamiento Territorial, reverdecieron las esperanzas de profundizar en la construcción de la democracia real en un país leguleyo en "obra negra".
Treinta y un años después, el balance de la elección popular y de la descentralización es agridulce, pues sin acabar con la corrupción, en las capitales y principales ciudades y departamentos ha sido más efectiva para permitir nuevos liderazgos, voto de opinión y mayor autonomía en la escogencia de sus mandatarios facilitando la ejecución de proyectos locales y regionales; mientras en los municipios influenciados por los grupos guerrilleros, paramilitares y bandas delincuenciales organizadas, la presión de estos ha influido en la elección y manejo de cuotas de poder y presupuesto en administraciones departamentales y municipales manejadas por maquinarias que las miran más como botín de políticos y contratistas que como instrumento de servicio en beneficio de las comunidades.
La ineficacia de la Contraloría (nacional, departamental y municipal), la Procuraduría y las limitaciones de Fiscalía, la corrupción a todos los niveles y la precaria veeduría ciudadana han influido para los corruptos de cuello blanco sigan depredando a sus anchas los presupuestos de municipios y departamentos.
Los Planes de Ordenamiento Territorial se quedaron cojos y legalmente solo tuvieron desarrollo en lo referente a los municipios, pues en cuanto a la conformación de nuevos departamentos y regiones no tuvo mayor desarrollo, por la implicación que esta decisión tendría en perjuicio de liderazgos políticos enraizados y consolidados en sus comarcas.
Para la próxima elección popular de alcaldes, la mayoría de municipios tienen pendiente la actualización del POT, que además de tentación para la corrupción, ha generado grandes expectativas por la posible ampliación del área urbana, en el caso de Popayán, plagada de urbanizaciones piratas y condominios sin legalizar, que agravan la cobertura de servicios públicos, con más población desperdigada en el territorio, las mismas redes eléctricas y de acueducto y alcantarillado y sin suficientes vías para movilizarlas.
Con un municipio que deberá desembolsar cerca de $160.000 millones para cubrir el préstamo gestionado por la actual administración más la deuda con los Solarte, el alcalde que sea elegido tendrá que ser muy recursivo para apalancar recursos y cofinanciar proyectos con entidades nacionales, departamentales, internacionales y empresas privadas, pues el presupuesto de inversión propio es muy limitado. También deberá enfrentar las presiones de grupos armados que deambulan por la región extorsionando y amenazando a los alcaldes para que les cedan cuotas de poder y presupuesto. Las veedurías ciudadanas deberán estar despiertas para denunciar la corrupción administrativa de funcionarios que lleguen más motivados por llenar sus bolsillos que trabajar por el bien público.
