Queridos lectores, el nombramiento del nuevo Fiscal General de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia —que lo elige sobre la base de una lista de entre tres candidatos propuestos por el presidente— además de merecer ser objeto de un examen en profundidad y de un amplio debate público, pone de relieve la necesidad de un proceso transparente basado en los méritos sin que influyan en ello consideraciones políticas de otro orden. Hay que responder lo mejor posible a las expectativas de los ciudadanos y a sus temores de una intromisión inaceptable por lo que respecta a los criterios para el nombramiento del funcionario más poderoso del sistema de justicia criminal, que permitiría a este cumplir cabalmente su mandato, garantizar la neutralidad y sus funciones directivas con eficiencia y sin pretensiones de explotación política. En el fondo, esta elección constituye ante todo un complemento particular a la vista de las prioridades políticas del gobierno en materia de justicia penal.
Se trata de responder a una realidad indiscutible, al escepticismo que con demasiada frecuencia ha recogido una institución unipersonal con demasiado poder o autoridad sobre la sociedad y sobre nuestra libertad y derechos en el desempeño de sus cometidos. Sin duda se trata de una institución superconcentradora, en esencia, la expresión de un poder hegemónico o unilateral, excesivamente implicada en el actual sistema de las relaciones de poder, dirigida por un funcionario de nivel superior, con el cargo de Fiscal General de la Nación, que dispone de unos recursos enormes y de un poder de decisión absoluto que fluye en muchas direcciones y que le puede situar más cerca del autoritarismo que de la democracia, se hace claro como se ha ido subvirtiendo el orden de las cosas y poniendo del revés todos los valores de la verdad, la justicia y la equidad.
Desgraciadamente, las funciones y responsabilidades clave, así como la línea de autoridad del fiscal general se ha visto afectada de forma negativa por la codicia y la sed de poder de servidores públicos cada vez más dominados por el egoísmo y la victoria de los particularismos individuales, muchas veces bajo el disfraz de quien lleva a cabo una misión civilizadora divinamente consagrada e incluso, para consolidar y expandir su propio poder e influencia bajo el nombre de democracia; es que alterar el equilibrio de poder provoca inevitablemente la inestabilidad política y la crisis del régimen. Al fin y al cabo, no siempre se puede esperar demasiado de la naturaleza humana. De todas maneras, sí es un hecho constatado que el fiscal general cuenta con el poder necesario para interferir en el rumbo de los acontecimientos en el país, así como en las actividades diarias de los medios y a veces abusa de él para imponer sus puntos de vista en otros ámbitos en los que no tiene autoridad. En este sentido, no hay que olvidar que, a pesar de no haber sido elegidos por el pueblo, los órganos de control en Colombia gozan de un inmenso poder y ejercen una enorme influencia sobre el sistema político y la agenda política. Al hablar de la necesidad de democracia, el lenguaje que suele emplearse se refiere más al imperio de la ley, los derechos humanos y la equidad; sin embargo, detrás de este concepto se halla, una vez más, una simple lucha por el poder.
Las siguientes recomendaciones son el resultado de un amplio proceso de reflexión y consulta con todos los colegas interesados y tienen como objetivo la mejora en la gestión de estos riesgos generales asociados a la titularidad de la Fiscalía General de la Nación.
En nuestra opinión, el procedimiento de nombramiento del nuevo Fiscal General de la Nación deberá reflejar los principios de independencia, legitimidad, neutralidad, excelencia y transparencia de la Corte Suprema de Justicia y esperamos con impaciencia sus buenos resultados. El candidato seleccionado deberá ofrecer todas las garantías de seriedad, libertad y objetividad, que se justifica, por su calidad de órgano judicial especializado, cuya misión es investigar, acusar y enviar a juicio a los autores o cómplices de infracciones y ejercer ante los órganos jurisdiccionales la acción pública, reunir las pruebas, de cargo y de descargo, así como el recurso a la detención provisional y a las medidas restrictivas de libertad. Dado el entorno político en que trabaja la Fiscalía General de la Nación, con frecuencia su fiscal general debe responder a necesidades complejas y urgentes, para lo cual son necesarias aptitudes, competencias y exigencias pertinentes en los planos tanto locales como mundiales.
El candidato que será elegido deberá tener la capacidad profesional necesaria para el ejercicio de funciones jurisdiccionales y poseer la necesaria cualificación jurídica y competencias notorias como jurisconsulto, en particular en el ámbito de los derechos fundamentales y obligaciones de la función pública. Al mismo tiempo, cumplir los requisitos de competencia general e imparcialidad, en especial los parámetros de calidad y criterios relativos a la actuación de la administración pública. En este proceso, estoy de acuerdo con que los principios más importantes de un órgano fiscalizador del ejercicio del poder son la coordinación e independencia, la coherencia de los juicios, la rendición de cuentas y el equilibrio, de que se preservará el carácter confidencial de las informaciones recibidas y ofrecerá a las partes un mínimo de garantías razonables de calidad, como la transparencia, la eficacia y el respeto del derecho. Dicho enfoque remite a una revalorización de su rol profesional y social y del reconocimiento de la calidad de su trabajo en la sociedad que emanará de su reputación, de las modalidades de la misión, de su autoridad moral, así como de su libertad, autonomía e integridad en cualquier situación a las que se expone diariamente. Como quizá sea obvio en este punto, en el cumplimiento de su tarea no solicitará ni aceptará ninguna instrucción de otra institución, órgano u organismo, ni de ningún interés público o privado.
Además de cumplir los requisitos citados, el nuevo fiscal general deberá tener la libertad necesaria para actuar e implicarse a todos los niveles, aprender a pensar en forma crítica y tener la fortaleza necesaria para enfrentar las amenazas de la delincuencia organizada, la delincuencia económica y financiera internacional, y en los casos de fraude y corrupción, perseguir y acusar a personas que en la actualidad actúan impunemente, aquéllos que exigen un tratamiento penal, recogiendo las más altas exigencias de protección y garantía de los derechos fundamentales, lo que contribuirá también a mejorar la suerte de las personas acusadas. Además, deberá demostrar su coherencia, tener una independencia estricta, una competencia técnica altamente especializada y la capacidad necesaria para llevar a cabo todas las investigaciones y actuaciones judiciales, que pueden implicar el recurso a interrogatorios, registros domiciliarios, investigaciones bancarias, e incluso comisiones rogatorias internacionales o tomar una decisión de archivo, y con poder de dirección y coordinación de las actuaciones judiciales en materia penal, prioritaria sobre las competencias de las fiscalías regionales, pero articulada con éstas para realizar sus funciones, dentro de los límites fijados por el legislador. En efecto, deberá disponer de todas las competencias necesarias y tener el reconocimiento de que dispone de ellas, pero sobre todo ejercer sus funciones de manera imparcial y regirse únicamente por el respeto de la legalidad y el principio de unidad de actuación. Si alguna de las condiciones y requisitos previos mencionados no está presentes, la credibilidad de la administración de la justicia podría verse gravemente comprometida a ojos de la opinión pública y podría pronosticar un "futuro mediocre y frustrante” y poco claro para todos los que estamos fuera.
Justificados, pues, por la fe, aspiramos a la confirmación del proceso de retorno a la independencia de la justicia con la elección del mejor candidato al cargo de Fiscal General de la Nación, en su acepción de cabeza de la Fiscalía General de la Nación, en su calidad de funcionario de más alta jerarquía en la investigación y procesamiento criminal, sometiendo a este último al proceso de selección de altos directivos públicos, y alentando que se presente mayor atención a las modalidades de ejecución de la misión de vigilancia y lucha contra determinadas formas de criminalidad que se le ha encomendado y la gestión de la función pública como un componente esencial de la construcción del Estado en sociedades que atraviesan un período posconflicto. Consideramos que este nombramiento es otra medida práctica para mejorar los esfuerzos en curso por alcanzar la paz en el país. En comparación con los otros candidatos puestos a prueba, Francisco Roberto Barbosa Delgado se proyecta como el mejor candidato para recomponer la situación de la Fiscal General de la Nación. Es un candidato inteligente, bien cualificado, elocuente y carismático, que además es doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia), lo que me han inclinado a preferirlo para el puesto de jefe del ente estatal acusador, pensamos que este no es más que el principio de un proceso de cambio. Le deseamos al nuevo Fiscal General de la Nación toda la suerte del mundo en su mandato. Amén.
