Texto escrito por: Natalia Anillo Herrera
Movilizarse desde el hogar hacia espacios de trabajo, estudio y esparcimiento en el paraíso veraniego cartagenero es un acto de resistencia. Significa recorrer cemento interminable bajo un sol ardiente y poca sombra más allá de la ofrecida por negocios de foráneos, que el sonido de tus pasos se pierda en el bullicio del tráfico, y que, al llegar a un lugar al que perteneces por derecho, se te indique cómo debes habitarlo.
Como ocurrió en uno de los últimos desalojos de Chambacú, en el predio donde el viernes 15 de mayo se inauguró el “Complejo Deportivo Nuevo Chambacú”, un despojo sin garantías ejecutado con acompañamiento del cuerpo antimotines de la Policía Nacional y presentado por algunos medios como la recuperación de un terreno abandonado y afectado por la informalidad.
En Cartagena, lo autóctono es relegado a la periferia y al trabajo informal que, irónicamente, es el que mantiene la identidad vendida en la postal turística. Ser afro y diverso únicamente está permitido cuando se está en una posición de sumisión y se puede ser controlado.
Los gobiernos de turno han nombrado estas formas de instrumentalización de la violencia “Plan Titán” o “Megatomas” en los operativos “con el fin de impartir órdenes precisas que lleven a contrarrestar los hechos de criminalidad en Cartagena y su zona insular”, de acuerdo con la Alcaldía de William Dau en 2023; los cuales no son más que intentos de conservar estructuras de exclusión que se extienden hasta el actual mandato de Dúmek Turbay.
Las medidas de perfilamiento racial y estigmatización de estas estrategias aplican para cualquiera bajo los intereses de los empresarios de la ciudad; razón por la cual se ataca y expulsa principalmente a las personas negras y populares en espacios marcados como “zonas de riesgo” para justificar discursos de seguridad (persecución penal) y progreso por parte de las élites.
Según Jorge Sará Marrugo, docente e investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe: “Cuando usted escuche que se publica una nueva lista de limpieza social, inclúyase ahí, porque no es para los ladrones, sino justamente para la sociedad, para la ciudadanía, un fenómeno de control social”, en su reciente ponencia en el 1.º Foro Regional: Una ruta para la paz en el Caribe colombiano.
Si bien el castigo penal es visto como una forma de restaurar el orden, lo cierto es que este tipo de sistemas han sido denunciados en la ciudad por la carga histórica de discriminación que conllevan. La Constitución reconoce al país como un Estado social de derecho garante de dignidad humana para todos sus ciudadanos; sin embargo, ese amparo parece no llegar hasta estos territorios, regidos por el monopolio de la violencia.
En lo que va de la Alcaldía de Dúmek Turbay, los operativos han empezado en las zonas turísticas, como el Decreto 03 de 2024, dirigido a combatir el turismo sexual, hasta extenderse al control de barrios populares: “Entre 2024 y el primer semestre de 2025, organizaciones barriales documentaron al menos 27 casos de presunta violencia policial en barrios como Olaya, El Pozón, Bicentenario y el Centro Histórico”, informa la revista Raya.
Los espacios urbanos se han convertido en el escenario de los ciclos de violencia y desigualdad, de acuerdo con Jorge Sará, como consecuencia de estructuras que benefician a los mismos que “cuando escuchan conceptos como justicia social, reforma agraria, redistribución, derechos humanos, etcétera, consideran que son discursos de odio. Son aquellos que consideran que los problemas y conflictos deben resolverlo desde una perspectiva militarista. Son los que idolatraron la riqueza, a la cual aspiran, pero no tienen una perspectiva crítica de la desigualdad y por eso consideran los discursos de reivindicación como obstáculos al desarrollo. Son los que culpan a la paz o la búsqueda de la paz como las causas de la violencia”.
También le puede interesar:
Anuncios.
