El verdadero lío del Galeón San José

La vicepresidente Marta Lucía Ramírez tiene el chicharrón que debe resolverse el 10 de febrero bajo presión de los españoles y con varias demandas al proceso licitariorio del anterior gobierno

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Febrero 06, 2019
El verdadero lío del Galeón San José

En noviembre del 2017, un equipo de buzos e investigadores holandeses se trasladaron al Mar de Java en Indonesia para documentar dos buques hundidos por los japoneses durante la segunda guerra, con miras a filmarlos para el aniversario de los 75 años de esa batalla. Cuál sería la sorpresa de los estudiosos, cuando al sumergirse, comprobaron que estas inmensas naves de acero, descubiertas por buzos recreacionales en el 2002, habían desaparecido en su totalidad, así como también se había esfumado el submarino americano USS Perch, quedando únicamente como testigo de esas tragedias, las huellas de los cascos en la arena. Igual suerte sufrieron los buques ingleses HMS Exeter y el HMS Encounter.  Las investigaciones subsiguientes presentadas ante los respectivos parlamentos indican que fueron comerciantes de chatarra los culpables de profanar esos buques y destruir los restos de sus tripulantes. Estas son las épocas en las que vivimos, la tecnología moderna ha capacitado a sofisticados piratas modernos que destruyen todo lo que tenga valor, expoliando naves históricas por su valor de fundición.

Desde que el hombre en los albores de la civilización comenzó a navegar las costas del África, en el Oriente medio y en la Polinesia, nacieron los primeros buzos buscadores de tesoros. Desde la época de Aristóteles, en el siglo IV AC, ya se hablaba del uso de una campana para bucear. De las primeras y más eficientes campanas americanas utilizadas para el buceo, fue una hecha en Cuba, fundida en bronce, para recuperar el inmenso tesoro perdido durante el huracán de 1622 en los Cayos de la Florida. Durante el descubrimiento y la conquista llegaron aquí a “Indias” buzos a pulmón, expertos en labores de recoger perlas, sumergiéndose hasta 30 metros de profundidad. Algunos de estos individuos se dedicaban casi de tiempo completo al buceo en procura de recuperar tesoros bajo el mar, los restos de las flotas de galeones hundidos en tormentas o al colisionar con arrecifes y bajos. Sobresalen tres o cuatro exitosos y muy talentosos buscadores de tesoros durante el siglo XVII en nuestras aguas, entre ellos Tomas de Cardona y su sobrino Nicolás. En carta al Rey escribe: “Que sirve a Vuestra Majestad desde el año de 1610 en la carrera de las Indias, de que tuvo experiencia en el asiento que hizo con Vuestra Majestad el capitán Tomás de Cardona, su tío, y demás partícipes, para el descubrimiento de nuevos ostiales de perlas en el mar del Norte y Sur, y buscar los galeones perdidos del general don Luis Fernández de Córdova, y otros efectos, y pasar al mar del Sur al descubrimiento del rico reino de la California…”

En épocas modernas los avances en la tecnología submarina, desde que Jacques Cousteau patentó su Aqua-Lung durante la ocupación Nazi a Francia, permitiéndole al común de las gentes acceder a profundidades jamás vistas, quedaron así peligrosamente expuestos miles de naufragios en todos los mares del mundo. Con esta tecnología nace por un lado la arqueología submarina, pero al mismo tiempo, como inevitablemente pasa con todo gran invento, aparece el pirata submarino moderno quien, con algunos buzos recreacionales inescrupulosos, han logrado expoliar casi la totalidad de los restos de los pecios que reposan a menos de 55 metros en los “siete mares”. Adelantemos nuestra historia hasta 1997, durante la 29ª Conferencia General de la UNESCO, donde se decide sabiamente regular a nivel internacional la protección del patrimonio cultural subacuático, quedando Colombia dentro del comité de “expertos” encargados de redactar el borrador de una necesarísima Convención para proteger la historia que yace en el fondo de nuestros mares y ríos. Se reúnen los “expertos” en julio de 1998, abril de 1999, julio del 2000 y marzo del 2001.  La controvertida Convención se aprueba en Paris el 2 de noviembre del 2001 por 87 votos a favor, 4 en contra y 15 abstenciones, entre estas últimas, Colombia. Colombia, habiendo cooperado a redactar ese esperpento de convención, se abstuvo de votar a favor, gracias al esfuerzo colectivo de un puñado de valientes patriotas, entre ellos el ex Ministro Dr. Jorge Bendek Olivella, el Senador Alfonso Lizarazo, el Dr. Carlos Lleras de la Fuente, el reconocido medico barranquillero Andrés Cadena y su buen amigo el abogado Fernando Borda, el profesor Antonio José Rengifo y el autor de esta nota. La Comisión de Antigüedades Náufragas, establecida para asesorar al Ejecutivo, semanas antes del voto en Paris en el 2001, le recomendó por unanimidad al presidente Andrés Pastrana adherir a esta Convención que le entregaría a España los más de mil pecios coloniales en nuestras aguas territoriales, todas nuestras antigüedades náufragas, su carga y sus tesoros.

Ninguna de las potencias navales suscribió la Convención de la UNESCO (ni EE.UU., Inglaterra, Alemania, Japón, Rusia, China) ni quizás dos de los países con mayor patrimonio bajo sus mares, Grecia y Turquía, habiendo pasado ya 17 años desde su aprobación. En Colombia se adujeron diferentes razones para abstenerse de adherir, la disputa con Nicaragua, pero a nivel mundial su rechazo principalmente se le atribuye a incongruencias con la Ley del Mar de 1982 pero también a la amplísima, vaga y controvertida definición de lo que conforma el “patrimonio cultura subacuático”, que lo abarca absolutamente todo, sin excepción, prohibiendo su comercialización. Por ejemplo, si se rescatase dentro del San José, al igual que en muchos otros galeones como el Atocha, hundido en 1622 cerca de Key West, Florida, un baúl de 30 kilos lleno de esmeraldas, de regular calidad de gemas (de “segunda suerte”), todas en bruto, sin tallar y sin engastar, de las que produjo la mina Tequendama en Muzo entre 1706 y 1707, estas podrían fácilmente llegar a valer entre 100 y 200 millones de dólares. Según la Convención de la UNESCO, estas esmeraldas no se podrían comercializar, pero bajo la Ley 1675 del 2013, Colombia sí podría repartir estas esmeraldas con el contratista para sufragar los exorbitantes costos de las operaciones de recuperación arqueológica del pecio.  Gran diferencia conceptual entre lo que conforma para la UNESCO y para nosotros el Patrimonio Cultural Subacuático…y de lo que no. Aquí es donde se parten las aguas entre unos arqueólogos submarinos y otros y donde nos distanciamos de la posición oficial de España, la de la UNESCO.

El haberle imputado intereses preferentes al Estado de origen de la nave, del correspondiente bien arqueológico, según la bandera o el pabellón, le cayó como anillo al dedo a los intereses de los antiguos imperios europeos en detrimento de las que fueron sus colonias, que sufrieron el yugo de la extracción de sus metales preciosos, sin querer aquí de ninguna forma profundizar en la tan trajinada “leyenda negra”. Por último, la preservación “in situ” – dejar los pecios con su valiosa carga quietos bajo el mar – se establece como la opción prioritaria para las naciones que adhieren a la Convención, lo cual causó mucha discordia entre los arqueólogos submarinos, debido a los efectos destructivos del ambiente marino y al continuo expolio que sufren los restos de los naufragios. El modelo de la UNESCO no contempla un mecanismo de financiación ni para proteger nuestros galeones ni mucho menos para rescatarlos.

¿Dónde estaban nuestros representantes, embajadores y defensores durante la redacción de esa nefasta Convención? En Paris ayudando a redactarla, Colombia jugó un importante papel en la UNESCO, como líder del GRULAC (Grupo Latino Americano y del Caribe) ayudó a desarrollar y transcribir esa Convención.  Varios de nuestros Ministros de Cultura fueron los artífices y cómplices de esta infausta Convención donde también jugó un importante papel el ICANH, habiendo quedado registrado todo en el debate en la Comisión VI del Senado el 23 de agosto del 2001.

          

Estudios independientes como el realizado por el Dr. Robert Macintosh del HFF Grant Report, han sido muy críticos: “La Convención (de la UNESCO) hasta la fecha ha tenido muy pocos resultados discernibles sobre la protección del PCS y más generalmente sobre la práctica de la arqueología submarina.” Quizás uno de los efectos mas devastadores de esta Convención, es que los hallazgos fortuitos que se están haciendo en todo el mundo, primordialmente por los pescadores y por buzos recreacionales, no están siendo reportados sino expoliados.           

En España también ha habido profundas críticas a la Convención por parte de ilustres y reconocidos académicos y expertos:  

Daniel Casado, doctor en Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha trabajado en la Real Academia de la Historia y en el Ministerio de Cultura español, escribe:

“En mala hora para España, con su adhesión al convenio internacional (Convención de la UNESCO), nuestro país renunció a su derecho histórico sobre los barcos, a cambio de ser informado y consultado como país poseedor del pabellón. Insípida recompensa para la que es primera potencia mundial en barcos hundidos”

El profesor José Luis Moreu Ballonga, Catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza es categórico: “… el convenio de 2001 se basa en una discutible y maniquea idea de muchos arqueólogos, según la cual los pecios hallados y sus tesoros deben seguir indefinidamente en el lecho marino y respetándose así a los que murieron ahogados, como si esos lugares fueran cementerios marinos. Que España suscribiera este convenio fue como una declaración ante la comunidad internacional de que quiere que sus pecios y tesoros permanezcan para siempre en el fondo de los mares.” Y luego añade “Como algunos habíamos solicitado, España debería denunciar cuanto antes y rectificar su error.”

Quizás uno de los más críticos de esta Convención ha sido el profesor Martin Almagro Gorbea, destacado arqueólogo e historiador español, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, miembro también de la Real Academia de Historia: “…es necesario hacer referencia a la inconcebible renuncia por parte de España al “criterio de bandera” al firmar el Convenio de la UNESCO sobre Patrimonio Subacuático de 2001. Esta actuación va claramente en contra de nuestros intereses, porque supone perder la soberanía sobre nuestros barcos y su contenido.  No se ha publicado quien asesoró ni quien decidió sin un amplio debate publico una medida que puede ser tan perjudicial y que tiene tanta trascendencia para el Patrimonio Histórico de España…” Termina el profesor Almagro diciendo: “España, para proteger sus intereses y su Patrimonio Histórico debería denunciarlo.”

Colombia, gracias a una sabia decisión del entonces presidente Andrés Pastrana y su Canciller el Dr. Guillermo Fernández de Soto, no suscribió la tan cuestionada y claramente parcializada Convención. Tres años después, en el 2004, habiendo colaborado el autor de esta nota en la redacción, el Senado aprueba por unanimidad una Ley que permite la recuperación de los naufragios en base a comercializar los bienes cambiarios repetidos, monedas y esmeraldas en bruto, conservando la Nación intactos para sus museos, sin invertir un centavo, todas las demás piezas únicas y patrimoniales, en su totalidad. El Ministerio de Cultura de Colombia, enteramente pro-UNESCO, en el 2005 dejó morir este proyecto de Ley por ser contrario a los preceptos de la UNESCO, y nunca se presentó en la Cámara de Representantes. Durante la pasada administración, en el 2013, el Legislador enacta la Ley 1675 que contiene la misma e ingeniosa definición del 2004 precisando lo que para Colombia conforma el “patrimonio cultural subacuático”, conservando para la Nación, para sus museos, todas las piezas únicas, las joyas del Virrey, las custodias, los objetos de los tripulantes, los instrumentos de navegación, la cerámica, las estructuras de las naves, las pertenencias de los pasajeros y marineros. Todos estos bienes son por definición “patrimoniales”, aquellos que no se pueden comercializar, y que se conservarán en nuestros museos, para el estudio de los arqueólogos y para documentar y mejor entender nuestra historia. Estos objetos por definición se considera que conforman nuestro Patrimonio Cultural Subacuático, son inalienables, inembargables e imprescriptibles. No así las monedas, las barras de oro y plata y las esmeraldas en bruto, las piezas repetidas que son las que sí se pueden comercializar, dividir entre la Nación y el contratista, desde un 1% para el contratista- 99% para la Nación, hasta un máximo de 50% -50%. Los bienes cambiarios, los que si se pueden comercializar, permiten financiar el 100% del rescate de estos pecios sin la Nación tener que invertir un centavo. Esta visión de lo que conforma o no nuestro patrimonio subacuático ha sido ratificada por la Corte Constitucional de Colombia, condicionándola a un concepto de una comisión. Esta es la fórmula que nos inventamos en Colombia, que no gusta en ciertos ámbitos en España, que ha causado mucho revuelo en la UNESCO y dentro de algunos círculos de arqueólogos submarinos y académicos, declarándole una guerra santa contra los infieles de parte de los “fundamentalistas” o “arqueo-Talibanes”. Claramente no es perfecta esta fórmula, pero permite recuperar los naufragios que están siendo expoliados todos los días, rescatando y conservando las piezas de valor arqueológico, siendo autosuficiente este esquema. Queda claro que las naciones no van a invertir los millones de dólares que vale una exploración y rescate de una nave colonial, no lo han hecho, no lo van a hacer.

Resulta fácil identificar a los fundamentalistas en estos asuntos de arqueología submarina, se refieren siempre de forma peyorativa, ofensiva e indiscriminada, tanto a los piratas, guaqueros, a los buscadores de tesoros, así como a las más serias y reconocidas empresas especializadas en recuperación submarina como “cazatesoros”, vulgarismo y extranjerismo que no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, originándose en una serie de televisión española. Para los fundamentalistas cualquier intervención realizada sobre el patrimonio subacuático no sancionado por la UNESCO es un “expolio” y todo individuo por fuera de esta Convención es un “cazatesoros”. 

Según la Asociación por el Rescate de los Galeones Españoles, creada en 1996 en Madrid e integrada por historiadores, marinos y arqueólogos subacuáticos, solo en el Golfo de Cádiz habría 180 barcos cargados de tesoros valorados en unos 25.000 millones de euros. “Solo en aguas andaluzas hay 800 toneladas de oro y unas 20.000 de plata.  En las aguas territoriales españolas el número de barcos hundidos con carga supera los 13.000”. España está reclamado en las cortes internacionales ser dueña de más de 8.000 naves de su pabellón, hundidas en aguas internacionales, lejos de sus fronteras, incluyendo más de 1.000 en aguas colombianas y lo ha manifestado en el “LIBRO VERDE”: “España conserva intactos e indefinidamente todos los derechos sobre sus buques y aeronaves de Estado hundidos, de conformidad con las reglas del derecho internacional, indistintamente del lugar donde se hallen e indistintamente del tiempo transcurrido desde su hundimiento”

Don Jesús García Calero, distinguido periodista e investigador especializado en asuntos de patrimonio, jefe del Área de Cultura del ABC de España, organizador de debates y conferencias sobre temas de patrimonio cultural subacuático, ha sido el más acérrimo y entusiasta defensor de los derechos de España sobre los galeones hundidos, pero sobretodo de la Convención de la UNESCO, él es ciertamente la persona más vocifera al otro lado del Atlántico. Las minuciosas y detalladas investigaciones que ha realizado el señor Calero sobre el San José y específicamente sobre la reciente propuesta de la empresa MAC y sus protagonistas, han sido muy reveladoras y demuestran un amplísimo conocimiento del tema, lógicamente con su característico enfoque muy nacionalista, pro-UNESCO y anti-comercialista. También demostrando gran integridad periodística, don Jesús ha sido autocritico: “¿Por qué España ha castigado con desidia y abandono su propia historia naval? Hasta ahora no hemos sido capaces de excavar ni un sólo galeón ni mucho menos poner en marcha un proyecto importante. No estamos a la altura de nuestros países vecinos, como Francia, Gran Bretaña o Suecia, todos ellos potencias navales con una arqueología seria y activa.”

A raíz del anuncio hace tres años del “descubrimiento” del pecio del galeón San José por parte del Gobierno de Colombia, en asocio con algunas empresas comerciales especializadas, el Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención de la UNESCO del 2001 (STAB, por sus siglas en inglés) ha expresado “gran preocupación por la protección del pecio del San José” y objeta la “explotación comercial de un yacimiento arqueológico” pero lo mas preocupante es que afirma que “todo el contenido del galeón es patrimonio cultural, con independencia de si están repetidos o no.”  ¿Es decir que el derecho universal de los pueblos a la autodeterminación, el derecho de Colombia, del Ejecutivo, del legislativo y del judicial nuestro, a decidir nuestras propias formas de gobierno, perseguir nuestro desarrollo económico, social y cultural, y estructurarnos libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad, ¿no es considerado por la UNESCO ni por el STAB como aplicable? ¿Dónde está la nota de protesta por parte de nuestra Cancillería a esa intromisión injustificada y arbitraria de un organismo de las Naciones Unidas criticando una determinación soberana de Colombia, de definir nosotros nuestro patrimonio cultural subacuático? El pecio del San José está dentro de nuestro mar territorial y la Ley 1675 de 2013, define cuales piezas se consideran como patrimoniales, las que no se pueden comercializar y son del Estado, y cuales no lo son, habiendo sido aprobada por la Cámara de Representantes y por el pleno del Senado, convirtiéndose en Ley de la Republica y sobreviviendo a tres demandas ante la Corte Constitucional.

Hace un mes, el ministro español de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, anunció muy entusiasmado un “principio de acuerdo” con el Gobierno colombiano para que no sea una empresa privada quien rescate el pecio del galeón San José y estaba muy confiado en que Bogotá aceptaría la propuesta española de una exploración conjunta. Según el Ministro, lo que se encuentre se repartirá “amigablemente”, pero no “con fines crematísticos” sino culturales. El ministro ha hecho hincapié en que “si el acuerdo sale adelante, sentará un precedente muy importante, porque hay muchos barcos españoles hundidos en la región”. Inmediatamente la Vicepresidente Marta Lucia Ramírez desmintió al Ministro negando ningún acuerdo y eso hay que creerlo pero no dejan de quedar en el ambiente muchos cuestionamientos. Esta semana pasada el Ministro Borrell aclaró su posición diciendo: “No queremos el contenido del galeón San José, sino que se estudie científicamente” y añade: “no estamos buscando un tesoro, sino la investigación arqueológica y la preservación de la tumba de guerra.” Así las cosas, podemos enumerar los siguientes temas críticos:

  1. Colombia no puede “repartir amigablemente” un solo astrolabio, ni ninguna de las piezas patrimoniales con ninguna nación, ni empresa ni persona natural, ya que la Constitución en los Artículos 63 y 72 así lo prohíbe por ser estos bienes propiedad de la Nación, son “inalienables”, que no se pueden enajenar, vender o ceder. Me corrijo: Colombia sí podría compartir un astrolabio con una nación amiga si hubiese un cargamento de cien o más astrolabios dentro de la carga del naufragio, así sí.  Colombia sí podría, en teoría, repartir con España los bienes cambiarios, las monedas, barras, tejos, esmeraldas en bruto y demás objetos repetidos que Colombia reciba dentro de su porcentaje, pero habiendo España adherido a la Convención de la UNESCO no podría ella comercializar ninguna de esas piezas. Si Colombia va a comercializar sus bienes cambiarios, España no podría realizar una explotación conjunta, la Convención de la UNESCO se lo prohíbe.
  2. Las recientes declaraciones del Ministro Borrell son algo confusas y nos ponen a pensar pues si España no está tras “el tesoro” del San José, ¿porque no se pronunció España y reclamó cuando se reportó en el 2003 el descubrimiento del emblemático galeón El Conquistador (1741), nave del “mediohomre” Blas de Lezo, igualmente sujeta a la inmunidad soberana, en la Bahía de Cartagena frente a Castillogrande? ¿No será porque solo llevaba abordo 11 cañones de hierro? Porque como nave histórica ciertamente El Conquistador se lleva al San José por delante mil veces, acordémonos del asedio y sitio de Vernon a Cartagena, quizás la página más memorable de la historia de La Heroica, cuando los ingleses pretendieron arrebatarle a España su plaza mas importante, la ruta de Los Galeones de la Plata. Blas de Lezo salvó el imperio español y el descubrimiento de los restos de su nave El Conquistador, pasó desapercibido, ninguna reclamación, ninguna inmunidad, ninguna cooperación.     
  3. Colombia podría en teoría adherir a la Convención de la UNESCO pero un detallado estudio jurídico realizado por un prestigioso bufete concluye que el funcionario que firme estaría incurriendo en el delito de Traición Diplomática, complicando seriamente esta iniciativa.
  4. No se entiende como podrían España y Colombia, sin desembolso de recursos públicos, sin la participación de una empresa privada, y sin comercializar los bienes cambiarios, financiar los 70 millones de dólares (según MAC) que costaría recuperar, conservar y montar el museo del San José. Para febrero 10 se nos ha prometido una definición sobre la suspensión de la APP de la empresa suiza MAC y sobre la propuesta misteriosa y también secreta de España.
  5. No se sabe si España ha presentado una reclamación oficial sobre el San José, sería interesante entender cuál es su posición jurídica durante las conversaciones informales de Guatemala.     
  6. Tampoco se entiende ni hay claridad si dentro de la suspensión del proceso de APP anunciado por el Ministerio de Cultura el 5 de octubre pasado con la resolución 3539, bajo el argumento de no haber terminado la evaluación de la propuesta iniciada por la empresa suiza MAC, si dentro de la suspensión de términos se están recibiendo otras propuestas fuera de la APP como la de España o si simplemente se está evaluando la propuesta de APP. Falta mucha claridad.
  7. Un abogado conocido del autor de esta nota, muy experto en la figura de contratación de las APPs, es de la opinión jurídica que la Nación, según lo establece la Ley 1508 del 2012, no puede pagarle a la empresa originadora dentro de una APP en especie, con las monedas repetidas y las esmeraldas en bruto, ya que se incurriría en un delito. Dentro de las alternativas que la Ley 1675 del 2013 también contempla, en el Articulo 11 CONTRATOS de EXPLORACION y aplicando la Ley 80 de 1993, mediante una licitación pública, sí se permite el pago en especie. Garrafal error fue el incorporar en la Ley 1675 la figura de la APP, creada casi simultáneamente a esta ley, por varias razones, pero ciertamente la falta de transparencia es una de ellas. La APP es una figura diseñada para obras de infraestructura, un hospital o una autopista, ¿pero recuperar un naufragio a 600 metros? Cuando deberían estar participando en esta licitación una docena de empresas o más y solo hay una…algo está mal. El modelo de APP no comparte entre el originador y los otros posibles participantes, sus competidores, toda la información necesaria, por ejemplo, si se pretende recuperar 10 millones de objetos en 6 meses, según la APP de MAC, ¿cómo no se informa la velocidad de la corriente submarina donde debe trabajar el robot ROV? ¿Así quién va a licitar?   

                                                                                  CONCLUSIONES  

  1. El embargo sobre los bienes que se recuperen, que no sean patrimoniales, es decir, las monedas y esmeraldas, sigue en firme por parte de Sea Search Armada (SSA). Tema crítico que se ha debido resolver “antes de ensillar las bestias” por parte de la administración anterior. Hay que llegar a un acuerdo con estos luchadores de más de 30 años, estoy convencido que se puede hacer. Están sus coordenadas demasiado cerca del hallazgo como para ignorarlos.  
  2. El tema de España es muy complejo, tiene muchas aristas, jurídicamente una reclamación del San José invocando España la inmunidad soberana de una nave de estado en una misión comercial, estando el pecio dentro de las aguas territoriales nuestras, seria casi imposible de ganar para España, nosotros no suscribimos ni la Ley del Mar ni la Convención de la UNESCO. Ciertamente hay espacio para llegar a un acuerdo, dentro de las limitantes que permite la Constitución y la ley. España tiene unos excelentes arqueólogos submarinos de talla mundial y unos académicos de lo mejor, Colombia puede y debe trabajar con España, hay que abrir caminos, estrechar lazos. Recordemos que España, al adherir a la Convención de la UNESCO, renunció a sus derechos sobre las 8,000 naves coloniales y miles de romanas, fenicias y de toda su historia subacuática, tal como lo afirma de forma categórica el doctor Martin Almagro Gorbea.
  3. No obstante a los ataques personales y desmesurados que llegan del otro lado del Atlántico, las empresas y los profesionales que conforman el “originador” de la tan cuestionada APP conformada por la empresa MAC, sus directivos y científicos, Oceans Infinity y demás, ellos no necesitan a nadie que los defienda pues han demostrado a lo largo de los años y con sus recientes logros encontrando el submarino ARA San Juan en Argentina, que tienen los conocimientos y los equipos idóneos para poder hacer una recuperación arqueológica del San José del más alto nivel científico. Lo que parece muy difícil es, contratar con la espada de Damocles colgando sobre sus cabezas en forma de un embargo como el que tiene Sea Search Armada, ni con un proceso de contratación confuso, oscuro y arbitrario como lo es bajo una APP dentro de la Ley 1508 del 2012, una camisa de fuerza insoportable de ejecutar. Queda clarísimo que el Gobierno del Presidente Duque debe hacer lo correcto, abrir una nueva licitación pública internacional de acuerdo a la Ley 80 de 1993, mecanismo contemplado en la Ley 1675, permitiendo una contratación transparente, incluyente y con pliegos claros. Vendrán muchas empresas especializadas, muy probablemente alguna española, lo cual sería excelente y comprobaría que podemos trabajar juntos en la verdadera protección de nuestro patrimonio histórico, demostrándole al mundo que Colombia ha creado un modelo original, diferente al de la UNESCO, el que ha logrado dejarles a los piratas, en bandeja de plata, nuestros tesoros en el fondo del mar, la mal llamada “conservación in situ”.     
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