La fiesta del exilio, empieza por lo evidente, lo humano y lo incómodo: más de 8 millones de venezolanos están celebrando porque podrán volver a abrazar a sus seres queridos y porque muchos regresarán a su país tras un desarraigo violento marcado por el hambre y la persecución. No celebran porque Venezuela esté bien, sino porque sobrevivieron a un régimen que los expulsó sin guerra ni desastre natural. Es una celebración profunda y contenida: la de quienes recuperan la vida, la familia y la dignidad tras haberlas perdido lejos de casa.
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En contraste, el petrismo está de luto. No por los exiliados, no por los presos políticos, no por las familias rotas. Llora por Nicolás Maduro. Llora por la caída del relato, por el aliado incómodo que durante años defendieron en nombre de la “soberanía” y la “no intervención”. Un duelo ideológico coherente con una trayectoria que ha llevado a justificar y llorar a criminales como Santrich o Iván Márquez.
Esa contradicción, celebración del exilio vs. duelo ideológico, explica por qué el tema de Gustavo Petro está, políticamente, maduro.
Personas, no pueblos: la lógica de la responsabilidad
En la visión de Donald Trump no se castiga a los pueblos; se individualiza la responsabilidad. Por eso su estrategia frente a Venezuela no fue invadir, sino acusar penalmente a Maduro, imponer sanciones personales, ofrecer recompensas y aislar a la cúpula. Expedientes, no tanques. Justicia, no ocupación.
¿Y Colombia qué tiene que ver? Mucho más de lo que admite el Gobierno
Gustavo Petro no es Maduro. Pero eligió defenderlo dentro de un ecosistema criminal. Durante años habló de “normalización”, relativizó la ilegitimidad electoral del régimen, atacó las sanciones como si fueran la causa, y no la consecuencia, del desastre venezolano, e invocó la no intervención para justificar el silencio frente a la represión.
Mientras millones huían, el petrismo justificaba al poder que los expulsó.
Afinidad mutua: cuando el autoritarismo elogia
La afinidad fue mutua. Maduro elogió a Petro, celebró la reapertura total de relaciones y presentó a Colombia como puente de legitimación internacional. En diplomacia eso no es un cumplido: es una señal.
Maduro no elogia a quien lo enfrenta; elogia a quien le baja la presión.
Del discurso a los hechos: la “paz total”
El problema no es solo discursivo; es práctico. Bajo la bandera de la “paz total”, el gobierno Petro sentó criminales en tarima, abrió negociaciones sin exigir desmonte real de economías ilegales y permitió que el ELN y las disidencias de las FARC mantuvieran control territorial y rentas del narcotráfico.
Mientras se hablaba de paz, la coca aumentó dramáticamente, los corredores siguieron abiertos y la frontera se volvió más porosa.
La “zona binacional”: ¿integración o corredor criminal?
A esto se suman ideas como la “zona binacional”, planteada sin garantías claras de soberanía, seguridad y legalidad. En lenguaje sencillo: desde Estados Unidos se lee como el riesgo de legalizar un corredor criminal, no de integrarlo al Estado de derecho.
Los cooperantes: cuando se abren las carpetas
Aquí aparece un elemento que incomoda al petrismo: los cooperantes.
Figuras como Hugo Armando Carvajal Barrios, hoy cooperante de la justicia estadounidense, no condenan a nadie por sí solas, pero abren carpetas, activan cruces de información y verificaciones. No son sentencia; son material, especialmente cuando los presidentes dejan de ser presidentes.
“El problema no es Colombia, es Petro”
Trump ha repetido una idea clave: el problema no es Colombia, es Petro. Ha llegado a personalizar el conflicto, vinculando políticamente al presidente con el narcotráfico y lanzando advertencias directas.
Esto no es retórica agresiva: es lenguaje jurídico-político. En el derecho estadounidense los Estados no delinquen; las personas sí. Separar al país del gobernante es la antesala de responsabilidad individual, no de castigo colectivo.
La pregunta incómoda: ¿un posible indictment?
Preguntar por un posible indictment contra Petro no es una locura, pero tampoco una afirmación.
Qué evalúa EE. UU. cuando un mandatario deja el poder
Estados Unidos no actúa por titulares ni discursos, sino por capas acumulativas de hechos verificables:
Primero, efectos directos en EE. UU.
Si desde ese país salieron drogas, se consolidaron rutas, circularon financiamientos ilícitos o se protegieron organizaciones que impactan su seguridad. No se juzga el discurso, sino el resultado medible.
Segundo, tolerancia o facilitación.
No hace falta probar órdenes criminales: basta demostrar que sabía, permitió o no actuó frente a estructuras ilegales fortalecidas bajo su mandato.
Tercero, decisiones políticas que fortalecen economías ilegales.
Debilitamiento de erradicación o interdicción, creación de zonas grises, legitimación política de actores armados o suspensión de controles, aunque se presenten como políticas de paz.
Cuarto, testimonios de cooperantes.
No condenan por sí solos, pero abren verificaciones cuando coinciden con datos, rutas, flujos financieros o decisiones oficiales corroborables.
Quinto, el patrón.
No un episodio aislado, sino la repetición consistente de discursos, omisiones y decisiones con efectos que apuntan en la misma dirección. En la justicia estadounidense se juzga el impacto acumulado, no la intención declarada.
Cada silencio de Petro es una mancha. Cada defensa a Maduro, otra. Cada concesión al narcotráfico, a grupos criminales y a la guerrilla, otra más.
El uniforme ya no es gris: Petro lo está tiñendo de naranja a pasos agigantados.
Del mismo autor: La puñalada sangrienta del salario mínimo de Petro a los colombianos
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