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Durante dos años, en una casa grande del norte, un hombre atendía el único teléfono. Al lado guardaba un libro de registro, y a quien anotaba allí se le congelaban las cuentas o se le cancelaba la visa; a unos cuantos, en altamar, les costó la vida. Ningún juez revisaba esas anotaciones, y con el tiempo algunos vecinos llamaban para proponer nombres.
El 3 de noviembre de 2026 cambió la mayoría en la casa, y los nuevos socios dejaron el teléfono donde estaba e instalaron otra línea en el cuarto contiguo. Sobre una mesa quedó una carta de junio, firmada por once de ellos, que casi nadie leyó.
Según NBC y CBS, los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos. The Washington Post atribuye buena parte del resultado a los precios altos y a la guerra en Irán.
Robert Keohane y Joseph Nye explicaron que entre Estados muy interdependientes hay canales múltiples de contacto, la seguridad militar no domina la agenda y la fuerza pierde utilidad. La política de Trump hacia la región fue en sentido contrario. Concentró las decisiones en el despacho presidencial y ató el comercio a la seguridad; con la captura de Maduro, las armas volvieron a contar en el Caribe.
De esos giros, el que más le preocupa a un penalista es el segundo, porque una agenda dominada por la seguridad suele empujar a tratar los problemas como enemigos. Günther Jakobs lo llamó en 1985 derecho penal del enemigo, que niega a ciertas personas el trato de ciudadanos. Eugenio Raúl Zaffaroni le contestó que a ese enemigo siempre lo define quien tiene el poder.
En estos años esa lógica pasó a la política exterior, mediante sanciones administrativas, aranceles, insultos internacionales, intromisión en la soberanía y las elecciones, sentencias publicas sin tribunal.
Esa vía alcanzó a un jefe de Estado en ejercicio, y advierto que he sido apoderado de Gustavo Petro en varios asuntos. El 24 de octubre de 2025 el Tesoro lo incluyó en la lista de la OFAC, con su esposa y su hijo a quien también defiendo. Es una medida administrativa, tomada sin que exista acusación penal y sin que un juez haya revisado sus fundamentos.
El término que permite meter en el mismo saco al traficante y al opositor es narcoterrorismo. Según el Pentágono, los ataques contra lanchas dejaron al menos 230 muertos en doce meses, y expertos de la ONU los describen desde 2025 como ejecuciones extrajudiciales. También lo usa la izquierda autoritaria: el chavismo tuvo su ley contra el odio y Ortega despojó de la nacionalidad a sus críticos.
En Colombia, la doctrina del enemigo interno dejó el exterminio de la Unión Patriótica y las 6.402 personas que, según la JEP, fueron presentadas falsamente como bajas en combate. El artículo 29 de la Constitución exige juzgar conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa. La responsabilidad penal se funda en hechos demostrados ante un juez.
Esa garantía cubre al presidente Abelardo de la Espriella: el 17 de junio de 2026, once congresistas demócratas pidieron al gobierno de Trump revisar el origen de sus fondos, por catorce aparentes empresas de papel en la Florida y sus nexos con Alex Saab. La carta reconoce que esos activos pueden ser legales, y no se conoce acusación alguna. Desde enero de 2027, sus firmantes integran una mayoría con poder de citación.
En abril de 2016 presenté con mis compañeros de la maestría en estrategia y geopolítica de la Escuela Superior de Guerra un trabajo sobre la caída de la llamada marea rosa, leída desde la interdependencia compleja. Sostuvimos que los gobiernos de izquierda dependían de dos apoyos externos: la demanda china de materias primas y el petróleo que Chávez vendía a sus vecinos a quince años de plazo y al 2 % de interés.
Cuando la economía china se frenó en 2013, año en que murió Chávez, la red empezó a ceder. La conclusión del trabajo valía para cualquier signo político, porque cualquier bloque que dependa de un patrocinador y de una sola materia prima queda a merced de ambos.
Diez años después, ambos apoyos están en otras manos: los ingresos del petróleo venezolano se depositan en cuentas supervisadas por el Tesoro de Estados Unidos, que puede aprobar o rechazar el presupuesto mensual de Caracas. China, que compraba más de la mitad de ese crudo, no había recibido un cargamento hasta septiembre. Perdió Caracas, aunque mantiene el 60 % del puerto de Chancay y construye el metro de Bogotá.
La ola de derecha que hoy domina el continente comparte aquel defecto, porque su centro es la Casa Blanca, que ahora administra el petróleo venezolano. Lo que cambió el 3 de noviembre es que esa Casa Blanca tendrá, desde enero de 2027, un Congreso con capacidad y razones para revisar sus decisiones. Los gobiernos que resolvían sus asuntos con una llamada a Washington tendrán que aprenderse también la extensión porque les tocará sentarse con los comités del Capitolio, que tanto insultaron por ser demócratas incluso progresistas.
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