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Por estos días, la controversia entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y el Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia (AMSO) por los recursos de la sobretasa ambiental ha puesto sobre la mesa una discusión que no deberíamos reducir a una disputa entre instituciones; Lo que está en juego es la manera como gobernamos ambientalmente una región cuyas aguas, ecosistemas, actividades económicas y formas de vida se encuentran profundamente relacionadas, mientras las decisiones públicas continúan fragmentadas entre jurisdicciones y competencias.
El AMSO, integrado por Cali, Jamundí y Puerto Tejada, constituye un paso hacia el reconocimiento de esta realidad, aunque su configuración territorial sigue siendo limitada, pues Palmira, Candelaria y Yumbo, municipios fundamentales en las relaciones económicas, sociales y ambientales del entorno metropolitano permanecen por fuera. Tenemos pendiente la tarea de concretar una institucionalidad democrática que comience a organizar una región mucho más extensa y compleja que aquella representada por sus actuales límites administrativos.
Esta dificultad no desvirtúa la necesidad de la integración, por el contrario, nos recuerda que las ciudades no terminan donde concluyen sus perímetros urbanos; el agua que llega a nuestros hogares viene de cuencas y montañas compartidas, los vientos transportan emisiones industriales entre municipios, los ríos, humedales, suelos y corredores ecológicos forman entramados de vida que no reconocen las fronteras trazadas por nuestras administraciones. Pretender gobernarlos como realidades separadas es desconocer las relaciones que hacen posible habitar este territorio.
La controversia tiene, desde luego, una dimensión jurídica y financiera que merece rigor; la Ley 99 de 1993 y la Ley 1625 de 2013 establecen competencias ambientales y fuentes de financiación para las autoridades regionales y metropolitanas. La primera contempla, bajo determinadas condiciones, que el 50 % del recaudo ambiental asociado al impuesto predial se destine a inversión dentro del perímetro urbano donde se origina; pero una cosa es la destinación territorial de los recursos y otra la definición de quién debe administrarlos y ejercer las competencias correspondientes.
Las cifras permiten comprender la magnitud del problema. Según la CVC, la sobretasa ambiental representa aproximadamente 158.000 millones de pesos, más de la mitad de sus ingresos corrientes y cerca del 50 % de la inversión ambiental que realiza en el departamento; la Corporación advierte que una redistribución de estos recursos podría comprometer programas en numerosos municipios del Valle, especialmente aquellos que dependen de inversiones regionales para proteger sus cuencas y ecosistemas.
La preocupación merece atención. Sería un contrasentido que Cali y su entorno metropolitano pretendieran fortalecer su gestión ambiental debilitando los territorios rurales y montañosos de los cuales depende buena parte de su sostenibilidad ecológica, pero tampoco podemos convertir esa preocupación en un argumento para mantener intacto un modelo institucional que debe responder a las transformaciones de la urbanización contemporánea.
La CVC cuenta con una trayectoria, conocimientos técnicos y capacidades regionales que sería irresponsable desconocer, sin embargo, ninguna institución puede reclamar para sí la representación exclusiva del interés ambiental; su historia no la exime de la evaluación pública frente a graves pasivos ambientales de la región, así como la creación de una autoridad metropolitana tampoco garantiza, por sí misma, una mejor gestión. Lo importante no es solamente quién administra los recursos, sino qué sucede con los ríos, la calidad del aire, los suelos, los humedales y las comunidades que viven las consecuencias de su deterioro.
Hay además una dimensión política que conviene reconocer, las autoridades ambientales administran presupuestos, contratos, información estratégica y decisiones que inciden sobre los usos y el valor del suelo; por eso, detrás de las controversias sobre competencias también existen disputas por poder territorial. No se trata de desconocerlas, sino de impedir que terminen subordinando el interés público a la conservación de burocracias, corporativismos empresariales, rentas institucionales o proyectos políticos particulares.
Desde una perspectiva de justicia territorial considero necesario avanzar hacia una institucionalidad ambiental metropolitana con capacidades efectivas, sin debilitar la autoridad regional ni desconocer las particularidades del norte del Cauca. No son propósitos incompatibles, siempre que la transición se construya mediante acuerdos públicos, responsabilidades diferenciadas y una comprensión compartida de los ecosistemas que debemos proteger.
Para comenzar, necesitamos conocer con transparencia cuánto se recauda, dónde se origina ese dinero, cómo se distribuye y cuáles inversiones podrían resultar afectadas. Sobre esa información debería construirse un acuerdo entre AMSO, CVC, CRC, DAGMA, municipios y Nación que permita precisar competencias, coordinar intervenciones y establecer mecanismos de solidaridad financiera para los territorios con menores capacidades fiscales.
Pero el problema no se resuelve solamente reuniendo autoridades; las comunidades que cuidan las cuencas, los acueductos comunitarios, las organizaciones ambientales, los pueblos étnicos, las universidades y los habitantes de barrios populares tienen conocimientos y experiencias que deben formar parte de las decisiones. La gobernanza ambiental no puede reducirse a una negociación entre quienes administran instituciones, necesita convertirse en una práctica democrática de reconocimiento, cooperación y responsabilidad compartida.
También deberíamos cambiar la manera de evaluar sus resultados; antes que celebrar presupuestos ejecutados o nuevas estructuras administrativas, habría que preguntarnos cuánto hemos avanzado en recuperar nuestros ríos, disminuir la contaminación, proteger las fuentes de agua y reducir las desigualdades ambientales entre territorios. La verdadera medida de una autoridad no está en los recursos que controla, sino en las condiciones de vida que contribuye a preservar y mejorar.
El Valle del Cauca y el norte del Cauca necesitan instituciones regionales sólidas y una organización metropolitana capaz de comprender y atender las relaciones que hoy configuran su territorio; la salida no consiste en bloquear la integración ni en desfinanciar la protección ambiental, sino en construir acuerdos que permitan superar la fragmentación sin reproducir nuevas formas de centralismo.
Quizás la pregunta que da título a esta reflexión deba ayudarnos a cambiar los términos del debate; el ambiente no pertenece a la CVC ni a la AMSO, tampoco a los gobiernos que transitoriamente los dirigen, no es un patrimonio institucional que pueda repartirse entre autoridades, es el entramado de relaciones que sostiene nuestra existencia y la de las demás formas de vida con las cuales compartimos el territorio; las instituciones fueron creadas para cuidarlo, no para apropiarse de su representación ni convertirlo en objeto de sus disputas.
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