La ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, quien cuenta con una amplia experiencia como líder sindical en organizaciones como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) o la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), ha tenido como principal consigna desde que asumió en agosto de 2022 la defensa de los derechos de los trabajadores en Colombia y por ello no le ha temblado la mano a la hora de castigar a las empresas que puedan estar poniendo en riesgo dichos derechos.
Así lo hizo en septiembre del año pasado cuando decidió investigar a empresas importantes como Nutresa, Meals o Pintuco por no reducir adecuadamente la jornada laboral y también más recientemente cuando atendió el llamado de los domiciliarios de Rappi y medió entre ellos y la empresa para que fuera aplicada una tarifa mínima garantizada por pedido.
Ahora, la cartera que dirige encontró otro caso de una empresa que estaría atentando contra sus trabajadores y nuevamente la involucrada es una de las compañías más grandes del país.
Se trata de Alpina, la multinacional de alimentos a base de lácteos que nació en Sopó hace casi 80 años como idea de sus inmigrantes suizos. Según Mintrabajo, la empresa que hoy es comandada por el bogotano Ernesto Fajardo realizó un pacto colectivo con trabajadores no sindicalizados, con lo cual se estaría violando el derecho a la asociación sindical y, por ende, se estarían pasando por encima tanto normas internacionales como el Código Sustantivo del Trabajo.
Uno de los funcionarios que ha liderado este proceso es el actual viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, quien se despedirá para llegar a la Junta Directiva de Ecopetrol. De confirmarse la sanción, la empresa tendría que pagar una multa de hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes.
Hay tres sindicatos con los que tiene que lidiar Alpina principalmente, los cuales son la Unión Sindical de Trabajadores de la Empresa Alpina Productos Alimenticios (Usta), la Unión Nacional de Trabajadores de la Empresa Alpina Productos Alimenticios (UTA) y el Sindicato de la Industria Nacional de Trabajadores de Productos Alimenticios (Sinal).
Alpina respondió asegurando que “Frente al proceso en mención, utilizaremos los recursos legales y la información que tenemos para demostrar que Alpina no ha incurrido en las conductas por las que se dio apertura al proceso sancionatorio”
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