La intempestiva detención bajo cargos de narcotráfico del excomandante de las Farc Seusis Pausivas Hernández Solarte es un hecho político de suma importancia para el país, por lo tanto deben analizarse sus causas y sus propósitos para entender en sus justas proporciones las motivaciones de esta acción.
En primer lugar, este hecho revela algo que las organizaciones sociales y los sectores de izquierda han denunciado por décadas: Colombia no es soberana, es una colonia Norteamericana, y las familias que poseen el poder económico y político del país se han resignado a ser empleados de los EE.UU. subordinando las instituciones del Estado a los intereses de las elites de Norteamérica. En los últimos años los medios de comunicación y los politiqueros electorales se han esforzado por ridiculizar conceptos como Imperialismo, negando su existencia, pero las declaraciones del fiscal Néstor Humberto Martínez confirman que la captura de Santrich fue una orden de la DEA, por ello se salta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que debía verificar si los hechos se presentaron antes o después de la firma de los acuerdos y respecto a ello remitir el caso a la justicia ordinaria o emprender la investigación de manera autónoma, verificando el paquete de pruebas presentado por la DEA. Esa era la ruta jurídica que se debía seguir respetando la institucionalidad colombiana, garantizando la presunción de inocencia del implicado. En vez de ello el fiscal se apresura a capturar al señalado dando cabal cumplimiento a la orden imperial sin haber realizado una investigación propia, con el agravante de que el presidente Santos también respalda la medida acatando la orden de los Jefes del norte.
También queda en evidencia que los EE.UU. no van a respetar los acuerdos de paz, y aunque desde hacía tiempo ya habían hecho declaraciones que mostraban estas intenciones como, por ejemplo, la negativa de retirar el estatus de terroristas a las Farc y acusarlos de no cumplir con los acuerdos al “no suministrar información sobre las redes del narcotráfico con las que negociaban” de acuerdo al embajador gringo Kevin Whitaker en septiembre de 2017, este es el primer ataque directo del régimen de Trump a estos acuerdos.
Y, ¿por qué los EE.UU. están interesados en acabar con los acuerdos de paz? Quien haya leído los acuerdos sabrá que las reformas consignadas en este documento buscaban en lo fundamental una modernización del campo colombiano con perspectiva de desarrollo para quienes habitan las zonas rurales; una mayor participación de los movimientos sociales y las poblaciones periféricas en la contienda electoral con garantías para acceder a las decisiones de gobierno; la prohibición y eficaz enfrentamiento a los ejércitos privados que al margen de la ley han asesinado a los líderes sociales y a las organizaciones populares por orden de las elites colombianas y los EE.UU., además de saber la verdad de lo que sucedió en el conflicto. En resumen se pretendía emprender un proyecto de corte nacionalista con una serie de reformas liberales que debieron realizarse hace por lo menos cien años pero que no han sido una realidad porque son los instrumentos para mantener a Colombia como una colonia Norteamericana, garantizando las comodidades de sus cómplices en el país.
Por otra parte, la acusación de narcotraficante hecha a Jesús Santrich tiene como propósito continuar deslegitimando el acuerdo de paz, labor que venía realizando el Centro Democrático, el partido conservador, Cambio Radical y algunos miembros del partido liberal y de la U, reforzando el relato que han propagado los sectores de derecha de que el proceso de paz es un acuerdo para la impunidad. También tiene otro propósito, favorecer a las campañas que se oponen a la implementación del actual acuerdo de paz, específicamente las campañas de Duque y Vargas Lleras que están pasando un mal momento ante la propuesta de la Colombia Humana que cada día gana más fuerza y que ante el fraude electoral del pasado 11 de marzo ha dado muestras de querer defender los resultados electorales a través de la veeduría popular, lo que complica sus aspiraciones. Cuando la fiscalía capturó a Santrich intervino directamente para favorecer las políticas autoritarias de Duque y Vargas Lleras; que la gente asista a las urnas “verraca”, manipulada, pidiendo castigar a las Farc, así como lo hicieron en el plebiscito es uno de los objetivos.
¿Por qué Santrich? Una de las razones es su postura crítica frente al gobierno nacional, algo que no ha sido muy frecuente en los otros excomandantes de la Farc diferenciándolo de sus antiguos compañeros de armas. Ha sido incómodo en el poco tiempo que llevan haciendo política sin armas, ha denunciado los incumplimientos de lo pactado por parte del gobierno nacional de manera enfática, de hecho realizó una huelga de hambre como protesta exigiendo la libertad de los excombatientes que se encuentran en las cárceles del país, siendo ello parte de los acuerdos que el gobierno no ha querido cumplir, pues actualmente más de 600 exguerrilleros se encuentran aún en detención.
Otra razón es que Santrich iba a ocupar una de las curules obtenidas en el marco del proceso de paz; un escenario de gran resonancia mediática, lo cual habría generado inconvenientes al gobierno nacional y a las bancadas tradicionales del congreso. Adicionalmente se busca arrebatar la curul al nuevo partido político, pues ya se habla de la aplicación de la silla vacía para este caso, siendo este el primer paso para ir quitando sistemáticamente las nueve curules restantes.
Este episodio también mostró que la comunidad internacional no es de manera alguna garantía de cumplimiento para los acuerdos de paz. Los líderes sociales han caído asesinados por centenas, las zonas de reincorporación están rodeadas por grupos al margen de la ley, excombatientes y familiares de los mismos también han sido asesinados, los proyectos productivos no arrancan, el gobierno le ha hecho conejo a lo pactado en cuanto al tema de la sustitución de cultivos reprimiendo a los campesinos cocaleros, todo ello teniendo a la ONU y sus misiones de verificación metidas en el país, sin que ello haya frenado toda esta barbarie. Además hay indicios de que el dinero donado por la comunidad internacional para la implementación de la paz fue robado por la corrupción de “una de las democracias más antiguas de América” en las narices de la misma ONU.
Lo otro que queda en evidencia es que el objetivo del proceso de paz con las Farc fue desarmarlas, someterlas. Jamás hubo voluntad política para intentar resolver las causas del conflicto y mucho menos de emprender un proyecto de país que dejará atrás la violencia, el estancamiento y la dependencia internacional. Juan Manuel Santos se retira con la tarea cumplida frente a unas Farc que decidieron confiar en la buena voluntad del adversario y hoy no tienen más alternativa que seguir apelando a la buena voluntad pues ya están en un punto en el que no pueden dar marcha atrás.
