La decisión del gobierno de Gustavo Petro de retirar $600.000 millones de pesos que estaban destinados al proyecto del Canal del Dique para el año 2026 ha generado una situación de alta vulnerabilidad para el país, incrementando el riesgo de enfrentar una nueva demanda billonaria por presunto incumplimiento contractual.
Esta medida resulta especialmente sensible debido a los antecedentes de litigios y arbitrajes que la firma española Sacyr, encargada del proyecto en 2023, ha mantenido con el Estado colombiano por proyectos previos como el Puente Pumarejo, donde se han reclamado sobrecostos y cambios en las condiciones pactadas.
Aunque estos recursos están previstos para la fase de construcción futura, el recorte impacta negativamente la relación de Sacyr con sus financiadores al evidenciar una falta de garantías en el cumplimiento de las vigencias futuras, y compromete la seriedad del gobierno ante los compromisos adquiridos. Sacyr podría alegar un alto riesgo de iliquidez, la posible paralización de obras por inconvenientes en el flujo de caja operativo y un aumento de costos financieros. La Contraloría ya alertó que cambiar las condiciones “amenaza con materializar los riesgos fiscales”.
A pesar de las declaraciones de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, de que “nunca ha habido una decisión unilateral de hacer un ajuste en la programación de vigencias futuras”, la decisión fue unilateral, en ningún momento se acordó con el concesionario y no existe documento alguno donde Sacyr acepte la decisión. A la fecha, los recursos que deben entregarse cada año por compromiso de la Nación no han sido girados.
En principio, el recorte no tiene ningún efecto sobre el proyecto, pues a la fecha esa plata no se requiere, dado que el proyecto arrastra un retraso significativo derivado de la exigencia de un Estudio de Impacto Ambiental por parte de la entonces ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, quien, entre 2022 y 2024, presionó por su ejecución a pesar de ser un proyecto de restauración de ecosistemas degradados y de la resistencia de algunos mandatarios locales que buscaron agilizar la obra.
El estudio ambiental, que además de tiempo le ha generado costos adicionales a la nación por $ 63.767 millones más IVA, está siendo elaborado por Sacyr y se espera sea entregado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en octubre de este año, siendo este el paso previo indispensable para dar inicio definitivo a la fase de construcción.
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