La labor periodística consiste ante todo en poner a prueba a los actores sociales y a los hechos. Esta tarea suele mezclarse, inevitablemente, con la ideología de cada persona; difícil es desapegarse de lo que uno cree que debería ser el mundo, el gobierno, el amor, etc. Pero el proceso de construcción colectiva, comienza precisamente con el reconocimiento del Otro, de sus diferencias y de sus avances que distan de los propios en la forma de conseguirlos, y que —aun sin partir del punto de vista particular con total agrado— generan a diferencia de otros espacios, una participación un poco más integral y un diálogo más efectivo. La obligación de todo presidente es escuchar a sus ciudadanos; no obstante, ante los oídos sordos de los gobiernos, resaltaré una —aunque parcial— de esas poquísimas iniciativas benéficas que ha tenido Santos, y que ha implicado un cierto avance en materia social.
Se trata de la Ley de Víctimas que cobija la Unidad de Restitución de Tierras (URT), adscrita al Ministerio de Agricultura. La ley fue creada el 10 de junio de 2011 y pretende, como su nombre lo indica, “restituir”, o devolver las tierras a los colombianos que hayan sido despojados u obligados a abandonarlas a causa del conflicto armado.
Hasta el 11 de octubre de 2014, la URT, había recibido cerca de 68.000 solicitudes de restitución en todo el país, de las cuales, solo había 691 demandas de los casi 6.000 casos presentados por la Unidad a los jueces, según un informe de León Valencia.
Para que la Unidad comience el proceso de restitución, tiene que hacer primero microfocalizaciones: diagnósticos de seguridad, y actores e intereses en las zonas de donde se les llama para restituir. Muchas veces y por el contexto del conflicto, no se puede llevar a cabo este proceso porque las zonas siguen en conflicto. Por otro lado, los despojos suelen retrasar procesos de entrega porque hay que conseguir —en tiempos de oportunistas— testigos (vecinos, párrocos, etc.) que den cuenta de la presión de seguridad por las que dejaron sus tierras. También sucede a veces que hay personas que no superan el horror del conflicto y por ello, su proceso de duelo psicológico depende del acompañamiento y superación paulatina, si es que desean volver a vivir en el mismo lugar. También se vuelve más compleja la devolución de terrenos, cuando en muchos casos la tenencia de la tierra es de carácter informal, es decir, que no hay escrituras ni otro medio que permitan evidenciar que la tierra era de alguien; esto último tiene responsabilidad en ambas partes: tanto el abandono gubernamental y estatal que conllevó a la marginación histórica de las zonas rurales y se ve ahora en la informalidad de tenencia de la tierra, como en la iniciativa de los propios ocupantes para realizar los trámites correspondientes.
Una vez aprobado la solicitud de restitución, se analiza la extensión y valor del terreno que se tenía, y se dicta la entrega del nuevo terreno que varía en función del coste y extensión actuales de la tierra en la nueva ubicación, a petición del solicitante. Además, se le hace acompañamiento en proyectos productivos de hasta 24 millones de pesos, entrega de vivienda y plan de formalización de vivienda, transporte, un escolta, celular y charlas de autoprotección con la policía.
Los puntos en contra
Se le critica a la Ley, que cobija los casos de restitución solamente desde los años 90, y según Sergio Rodríguez, director de la URT, se pone “arbitrariamente”, porque “se necesita una fecha que permita la acción del plan estratégico y hay estudios que dicen que el despojo mayor se da en los 90”. Al respecto, el vocero guerrillero Carlos Lozada, considera que debe haber un cambio en este sentido, así que propone “como punto histórico de referencia la década de 1930; no es admisible un límite temporal aleatorio, tal como el definido por la conveniencia política y fiscal en la ley 1448 de 2011 llamada de Víctimas y Restitución de Tierras” (ver más).
La comunidad de gitanos en el país también profundizan el problema, porque al ser nómadas, su tránsito por las tierras y su asentamiento, les hace vulnerables en seguridad de todo tipo.
El lunar más grande la Ley, es sin dudas, el que corresponde a su inacción en lo que tiene que ver con distribución de tierras, o recuperación de baldíos robados.
Se ha registrado cierto avance del gobierno en restituir tierras tomadas o abandonadas debido a la presencia de grupos armados ilegales. Pero, y de los legales como empresas y multinacionales que a través de actos ilegales como presión, asesinato, robo, etc., a través de la acción directa de paramilitares, ejecutan y aumentan las cifras de despojo y abandono, ¿qué?
Tal cual, lo dio a conocer Stèphane Compère, uno de los integrantes de la Coordinación Belga por Colombia (CBC), quien expresó que por la fuerza se han “arrebatado a sus propietarios legítimos unos 6,6 millones de hectáreas" en los últimos 20 años en el país. Sin embargo, añade que “Colombia es uno de los países con mayor concentración de tierras a nivel mundial y el 0,4 % de los propietarios acumula el 63 % de la tierra disponible” (ver).
No se puede hablar de una reconstrucción de esta historia dolorosa si nos sentamos a dialogar con las guerrillas sin hacerlo también con los grandes empresarios nacionales e internacionales.
