El vicepresidente Juan Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez han hecho llave para defender el proyecto de rescate económico y durante sus ya habituales tures de medios han advertido que el ajuste tributario, difícil y doloroso, será obligatorio si el país quiere salir del gigantesco hueco que dicen haber heredado de la administración de Gustavo Petro.
Su trabajo de ambientación política y de pedagogía pasa por explicar cómo operará el régimen del IVA, por responder preguntas de la gente sobre el impacto de los nuevos impuestos sobre los pagos de la salud y sobre lo que le espera a la clase media en medio del apretón que se avecina.
Sin embargo, uno de los temas menos explorados o tratados con especial cautela es el del recorte del Estado que supondrá la reducción a ocho en el número de ministerios, podas burocráticas y un drástico recorte de contratistas de prestación de servicios en la medida en que terminen siendo corbatas.
Según Restrepo y Gómez esa cirugía al Estado no será aplicada de manera inmediata si es aprobado el proyecto de rescate, sino que implicará un proceso detenido de cálculo y precisión que sea aprobado por separado, en una ley de carácter orgánico, que en este caso sería el Plan Nacional de Desarrollo. El vicepresidente Restrepo confirmó que el bisturí en esa cirugía, al menos de la fase de la disección inicial, será manejado por el equipo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), capitaneado por Carlos Andrés Ríos Puerta, hombre de la entraña del presidente Abelardo de La Espriella.
Ríos no es un tecnócrata. Su perfil es el de un abogado antioqueño proveniente del sector privado, aunque tuvo un paso por la organización electoral. No ha tenido trayectoria previa en cargos de alto gobierno, pero el trabajo como gerente de la campaña presidencial, desde la recolección de firmas hasta la elección, le abrió las puertas al mundo de la administración pública.
De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional y los reportes certificados por su hermana Ana María, tesorera de la campaña, Ríos prestó de su bolsillo $767.831.000 para contribuir a la causa proselitista durante primera vuelta.
De la Espriella lo premió su lealtad y buena disposición con el Dapre, que es el cargo más poderoso de la Casa de Nariño porque quien lo maneja controla la agenda, la nómina presidencial y el presupuesto de funcionamiento. En la práctica tiene también un ascendiente sobre ministros y altos funcionarios que deben pasar por su cedazo para aproximarse al jefe del Estado.
Nadie niega que llegó al cargo con discurso de ‘Catón’ o de auditor celoso. En septiembre denunció ante la Comisión Primera que la contratación por prestación de servicios en el Dapre creció 595 por ciento durante el gobierno Petro, con un pico de 228 por ciento solo entre 2025-2026. Expidió la Circular 08 del 15 de octubre de 2026 para congelar nuevas Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) a partir de 2027.
Es también de su cosecha la denuncia ante el Senado en pleno sobre la existencia de 48 mujeres contratadas por OPS en la Presidencia que habrían sido instrumentalizadas en el gobierno anterior con propósitos perversos.
También, como comisionado de Paz encargado, denunció penalmente al caricaturista Matador por un contrato de $257 millones para pedagogía del Acuerdo de Paz.
Las facultades para la cirugía
Si es aprobada la reforma fiscal, el presidente quedará facultado por seis meses para suprimir, fusionar y escindir ministerios y departamentos administrativos, cambiar la naturaleza jurídica de superintendencias, las agencias y los establecimientos públicos.
Esas facultades le permitirían también modificar las estructuras orgánicas y las plantas de personal, incluida supresión de empleos y vacantes. Igualmente, para crear todas aquellas entidades nuevas necesarias para reemplazar a las suprimidas.
El texto del proyecto señala que la ley obligaría a que esas facultades sean ejercidas con estudios técnicos, como lo dispone el artículo 46 de la Ley 909 de 2004. El Departamento Administrativo de la Función Pública haría las veces de secretaría técnica de cerebro la operación.
Eso sí, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público señalaría los límites fiscales del procedimiento y para prevenir posibles duplicidades de funciones sería necesario un concepto favorable del Consejo de Política Fiscal (Confis). Planeación y Hacienda quedarían a cargo de entregar durante el primer semestre de 2027 los estudios técnicos que sirvan como soportes del proyecto de ley orgánica que debe presentarse antes de finalizar 2028 para derogar leyes que ordenan gasto y rentas de destinación específica.
La Central de Inversiones S.A. (Cisa) tendría la misión de vender miles de activos improductivos y previamente recibiría, gratis, todos los inmuebles, muebles, acciones y derechos que las entidades reporten que no necesitan y que deben ser monetizados.
El Congreso metería baza en el asunto a través de dos senadores designados por la Comisión Primera y dos representantes de la misma célula en la Cámara de Representantes.
Dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de los 6 meses de facultades, el Gobierno debe presentar al Congreso informe con lista de entidades suprimidas, fusionadas, escindidas o reestructuradas, empleos suprimidos y ahorro fiscal obtenido.
Aunque se habla de supresiones y fusiones de organismos como los ministerios del Deporte y de Cultura, el gobierno -por decisión de Ríos- los mantendrá en reserva para no crear zozobras innecesarias antes de que la cirugía esté preparada.
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