La ultraderecha patriótica y la derecha católica han reaccionado con fuertes críticas al anuncio de la convocatoria de una Asamblea Popular Constituyente, planteada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, dentro de los términos constitucionales y legales.
Voceros de estos sectores han denunciado supuestos golpes de Estado y maniobras destinadas a afectar el esquema de democracia liberal vigente en Colombia. Según el Gobierno, tales señalamientos carecen de sustento y forman parte de una estrategia política para desacreditar una iniciativa que busca destrabar reformas sociales, económicas y ambientales que —argumenta— han sido bloqueadas por el Congreso.
La propuesta de Asamblea Constituyente cuenta con una hoja de ruta que el propio presidente ha expuesto públicamente en sus plataformas digitales.
A continuación, las precisiones planteadas por el jefe de Estado:
**“La constituyente no se hará en época electoral.
Hasta ahora comienza la recolección de firmas por el Comité Promotor, que durará tres meses (enero, febrero y marzo de 2026).La iniciativa popular legislativa se presentará después del 20 de julio ante el nuevo Congreso de la República, que será elegido el 9 de marzo de 2026. Para esa fecha ya se habrá elegido la nueva Presidencia de la República.
El trámite se surtirá cuando ya no haya elecciones. Si es aprobada por el Congreso y revisada por la Corte Constitucional —que no será modificada—, se fijará la fecha de elección de los constituyentes en el plazo que establezca la Corte y en un término no mayor a tres meses.
Es decir, ni la constituyente ni su elección ni sus deliberaciones coincidirán con procesos electorales.”**
Sobre el alcance de la Asamblea, el presidente explicó que los temas ya están consignados en el proyecto de ley que será presentado para la recolección de firmas ciudadanas:
“Propongo que se reúna durante tres meses, coincidiendo con el receso del nuevo Congreso, para no interferir con su funcionamiento. Se tratarán reformas que los congresos legislativos no han aprobado durante 33 años.”
Entre los temas señalados se encuentran:
- Las reformas sociales bloqueadas, como la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma al código minero, y cambios a los servicios públicos para hacerlos universales, eficientes y con tarifas ligadas a sus costos reales.
- La reforma a la educación, su financiación y contenidos, con énfasis en la sociedad del conocimiento, la soberanía de los datos y la inteligencia artificial.
- Una reforma agraria profunda, con protección a la producción de alimentos y acceso a tierra fértil para el campesinado.
- La adaptación y mitigación frente a la crisis climática, con el agua como eje central y su elevación a derecho fundamental.
- El ordenamiento territorial, mayor autonomía regional con control ciudadano, reconocimiento de territorialidades indígenas y afrodescendientes, y un régimen especial para San Andrés y Providencia.
- El fortalecimiento del municipio como espacio de participación ciudadana y planeación territorial alrededor del agua.
- La reforma a la justicia, manteniendo intacta la Corte Constitucional, con jueces y fiscales más cercanos a los territorios.
- La reforma política, que abarcaría el sistema electoral, la financiación de partidos y campañas, el voto obligatorio, las revocatorias y el control de los sistemas tecnológicos electorales.
- El derecho a la paz, la implementación de los acuerdos firmados y el tratamiento del narcotráfico.
- La seguridad integral y el papel de Colombia en el contexto internacional, incluyendo la cooperación regional y la soberanía sobre el territorio marítimo, el espectro electromagnético y el espacio.
Estas son, según el Gobierno, las bases de una movilización del poder constituyente, que ha generado resistencia en sectores conservadores y un amplio debate nacional sobre su alcance, viabilidad y consecuencias institucionales.
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