A pesar de que todos tenemos derecho al servicio de salud, tanto los que mensualmente pagan cuotas a las EPS como los subsidiados por el Estado, en la práctica sufrimos limitaciones en la prestación del servicio, paradójicamente, en mayor proporción, los del régimen contributivo, debido a que el sistema perverso, como fue diseñado, pone a las EPS a competir con las IPS, para lograr mayores ganancias.
Las EPS o aseguradoras, por invertir menos en el paciente y las IPS, constituidas por hospitales públicas y clínicas privadas, por cobrar más en la atención; quedando el paciente en medio del sándwich y sujeto a que le nieguen o demoren las consultas, exámenes y drogas prescritas por los médicos y demás personal de salud, que para rematar: son sometidos a extenuantes jornadas de trabajo, sin elementos de protección suficiente, como desnudó el coronavirus; y de repeso, aguantando salarios miserables y sin estabilidad laboral, pues son contratados temporalmente por supuestas cooperativas que buscan eludir el pago de prestaciones sociales.
El Estado colombiano, en promedio destina el 7.4% del PIB, en atención en salud, aproximadamente 40 billones anuales, de los que cerca de $900.000 mensuales asigna a las EPS, por cada afiliado, tanto del régimen privado como del contributivo.
Las EPS no aportan capital propio, sino que viven de lo que aporta el Estado por cada afiliado y su rentabilidad depende de que haya menos enfermos; y sus tratamientos y drogas sean lo más baratos posibles. De ahí el reinado del acetaminofén y el diclofenaco en la mayoría de recetas y la negación o demora a cirugías y drogas caras a las que los pacientes buscan acceder mediante tutelas, que cuando las obligan a prestar la atención requerida, sus sobrecostos son asumidos por el Estado.
La Ley 100, al desmontar la red de salud pública y destinarles la mayor parte del presupuesto a las EPS e IPS, debilitó la prevención de enfermedades, mediante la promoción de jornadas masivas de vacunación y el fomento a campañas de educación sobre hábitos de vida y alimentación saludables, e impulso al saneamiento básico para que las comunidades urbanas rurales cuenten con buenos servicios de agua potable y alcantarillado.
Otro factor que pesa sobre los sobrecostos en la salud es la libertad de precios que debido a políticas neoliberales fueron aplicadas, principalmente, durante los dos gobiernos de Uribe, que les permitió libertad de precios a los grandes laboratorios farmacéuticos, quienes los pusieron por lo alto, en comparación a países vecinos.
En el gobierno anterior, intentaron controlar la voracidad de los industriales farmacéuticos, al obligarlos a rebajar los precios de medicamentos esenciales con base en los promedios de países similares.
Para afrontar la pandemia, el gobierno mantiene intacto el sistema neoliberal de entregar la prestación de los servicios al sector privado, y a las carreras, han intentado tapar las deficiencias en dotación de UCI, respiradores artificiales y de personal de médicos intensivistas que puedan operarlos, mientras con la cuarentena se apuesta a frenar la velocidad del contagio.
Sin duda, después del coronavirus, la estructura del sistema de salud deberá ser reformada para rescatar lo positivo de la red pública y fomentar la prevención y vacunación que funcionaba antes de la Ley 100.
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